La ley universitaria de Ayuso provocará un agujero económico en los campus públicos de 200 millones de euros al año

La ley de universidades que prepara la Comunidad de Madrid le puede costar 200 millones al año a los seis campus públicos de la región en su día a día. Si el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba el borrador en los términos actuales en lo que respecta a la financiación básica de las universidades, el sistema madrileño pasará de haber ganado 16 millones de euros en las operaciones corrientes en su conjunto en 2023 a perder 180 millones en su primer año de aplicación.

El salto es pasar de tener dos universidades deficitarias y cuatro rentables a que todas presenten números rojos, según un exhaustivo análisis y un ejercicio teórico realizado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España.

Los profesores han estudiado indicadores diversos y los últimos datos disponibles sobre financiación universitaria para analizar la evolución de los últimos años en la universidad española, establecer qué comunidades ponen más medios y cuáles menos, qué dicen los principales indicadores sobre el rendimiento de los centros y proyectar hacia el futuro, en un ejercicio teórico pero basado en cifras reales, cómo afectaría la propuesta de financiación que incluye el borrador de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) a las cuentas públicas de los rectorados.

El análisis detallado de la situación de pasado, presente y futuro probable de los campus arroja tres ideas, explica Hernández Armenteros: Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a sus campus, no tiene ningún motivo objetivo para hacerlo (si por ejemplo quisiera justificar que sus presupuestos sean los más escasos por el bajo rendimiento de los centros) y la situación solo empeorará si aplica el marco de financiación básica que recoge su propuesta de ley.

La ley que ha preparado la Comunidad de Madrid es técnicamente compleja, explica Hernández Armenteros, y está diseñada para que el gasto de las universidades no se dispare. Pero puede resultar contraintuitivo que vaya a pasar de financiar el 57% del gasto de sus universidades al 70% y aun así la financiación del gasto corriente, del día a día, vaya a empeorar, tal y como sostienen los autores del informe. Esto tiene su explicación en un cambio en las transferencias y en el uso posible del dinero que contempla la Lesuc.

Se entiende mejor con números. En 2023, las seis universidades públicas madrileñas gastaron en total 2.035 millones de euros. Pero la Comunidad de Madrid solo transfirió 1.161 millones de euros. De ahí sale ese 57% que aporta el Gobierno regional. Si la nueva norma se limitara a decir que el Ejecutivo autonómico aportará el 70% del gasto universitario en las mismas condiciones, no habría problema alguno. Los rectorados tendrían más dinero a su disposición y los rectores serían más felices.

Pero el borrador incluye varios matices. Con la normativa actual, la transferencia de la Comunidad de Madrid (esos 1.161 millones de euros) se pueden destinar a cualquier partida del gasto corriente (aunque en términos reales el dinero va a nóminas). Con la nueva, el Gobierno regional cambia el modelo. A partir de su entrada en vigor, si no cambia, el Ejecutivo lo que hará será asegurar el pago de las nóminas mediante la sencilla fórmula de restarle al montante total en salarios (que en Madrid fue de 1.269 millones de euros) los ingresos por tasas y precios públicos (345 millones de euros) y cubrir el resto (con estas cifras, 924 millones de euros).

Pero esos 924 millones de euros solo se podrán utilizar para nóminas y ni se acercan al 70% que contempla la ley (faltarían unos 500 millones de euros). La trampa, explican los profesores, es que ese dinero hasta alcanzar el 70% no se podrá utilizar para gasto corriente. Será un capital finalista, según establece la ley, que las universidades tendrán que utilizar para lo que considere el Gobierno regional, que de esa manera se asegura el control sobre la actividad universitaria (por ejemplo, si decide financiar solo líneas de investigación que le resulten de interés al Ejecutivo). El día a día seguirá siendo deficitario.

Más que las nóminas

El problema, explican los autores, es que este modelo no contempla que las universidades tienen más gastos que las nóminas de su personal permanente: servicios de limpieza, suministros de luz o gas o la renovación de equipos son necesidades también, que no se incluyen en la financiación básica que ofrece Ayuso. Pero también tienen más ingresos, como la prestación de servicios universitarios o los ingresos por explotación del patrimonio de la universidad. Sin embargo, estos son más escasos que los gastos.

De nuevo, traducido al caso real de 2023: las seis universidades públicas tuvieron unos gastos extra (más allá de las nóminas) de 311 millones de euros, mientras que los ingresos fueron de 131 millones. Conclusión: con el sistema que propone el Ejecutivo regional, que obvia toda esta parte en su propuesta financiadora, en 2023 el conjunto de campus públicos habría tenido un déficit de 179 millones de euros que no se puede atender con el dinero recogido en la nueva ley. Con el borrador de ley de Ayuso se puede dar la paradoja de que las universidades no tengan dinero para abrir cada día, pero sí un remanente en caja para proyectos que la Comunidad de Madrid avale.

Los autores hacen también el ejercicio de trasladar estas cuentas al conjunto de las universidades del país: los 309,8 millones de euros de beneficios que obtuvieron las 47 universidades públicas presenciales españolas se convertirían de un día para otro en un déficit de 954 millones de euros, y todos los centros perderían dinero, cuando actualmente solo lo hacen 12.

“Lejos de aliviar la insuficiencia financiera actual, lo que se provocaría sería la asfixia financiera y la inviabilidad funcional de las universidades públicas que están bajo su tutela” [de la Comunidad de Madrid], escriben los economistas.

Además, los otros dos elementos financieros que contempla el proyecto de ley tampoco ayudarán a resolver esta insuficiencia, cuentan los autores del estudio. Ni la financiación por necesidades específicas (por ejemplo, si tienes un campus Patrimonio de la Humanidad, como sucede en Alcalá de Henares) ni la partida ligada a objetivos podrán compensar el agujero, auguran, como tampoco lo hará la posibilidad de crear fondos de inversión que contempla el texto, maniobra que los autores califican de “brindis al tendido”.

La que menos financia

Madrid presenta el dudoso honor de tener la universidad pública peor financiada de toda España: el Ejecutivo regional apenas cubre el 44% de los gastos de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ). Madrid es la única región que destina hoy menos euros por alumno y año de lo que lo hacía en 2008.

“No hay ninguna razón objetiva que justifique la escasa financiación del sistema universitario madrileño, que está yendo a una situación de no viabilidad financiera y tendrá que reducir recursos”, sostiene Hernández Armenteros. Más todavía, en un sistema que actualmente no tiene ni para cubrir las nóminas, según han denunciado los rectores de los seis centros públicos. “En lugar de tener catedráticos, contratará profesores asociados. En lugar de pintar cada cinco años, lo hará cada 20. En vez de reponer equipos cada x tiempo, se dejará de hacer hasta que ya ni funcionen”, cita algunos ejemplos.

El estudio llega tras varios meses de protestas en los campus ante la situación de asfixia financiera de las universidades públicas. Una falta de recursos que se viene arrastrando desde los recortes que empezaron tras la crisis de las hipotecas de 2008, de los que, como demuestra este informe, el sistema madrileño aún no se ha acabado de recuperar. La situación es crítica en los campus, según han denunciado públicamente los rectores de las universidades públicas reiteradas veces en los últimos meses.

El análisis de la información revela también que en los últimos 15 años los ingresos del servicio de universidades públicas de la Comunidad de Madrid han crecido un 10%, lo que supone exactamente la mitad que los del sistema español en su conjunto (subió un 20% entre 2008 y 2023). En ambos casos es menos de lo que ha subido el PIB nominal. En Madrid el PIB ha crecido un 46% en este periodo, lo que significa que su aportación a las universidades ha pasado del 0,90% del PIB al 0,68%.

Cuando Hernández Armenteros dice que “no existe ninguna razón que justifique la escasa financiación” en Madrid que muestra la estadística, el experto se refiere a que la universidad madrileña no ha reducido su rendimiento en los últimos años, un argumento al que podría recurrir el Gobierno regional para argumentar sus recortes. El estudio realizado por los dos profesores señala que tanto los indicadores de docencia (alumnos por grado y/o máster) como de investigación (fondos captados o sexenios acreditados) dejan a la universidad madrileña en guarismos cercanos siempre –a veces ligeramente por exceso y otras por defecto– a las medias nacionales.