Sanidad avanza un nuevo sistema para detectar y medir en las consultas el sufrimiento ocasionado por el trabajo

En 2024 se registraron 643.000 bajas laborales por cuestiones relacionadas con la salud mental, un 72% más que en 2020, según los datos ofrecidos por la ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles. Sin embargo, no es posible conocer, porque los trastornos psicológicos no son considerados una enfermedad profesional, cuántas de ellas estaban ocasionadas por un sufrimiento en el trabajo.

El Ministerio de Sanidad quiere revertir este agujero de información con un nuevo sistema que permita detectar, comunicar y medir, a través de las historias clínicas, el malestar psicológico vinculado al entorno laboral. El departamento ha presentado este miércoles, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, las bases para implicar al sistema sanitario en la “erradicación del daño que el trabajo puede causar en la salud mental”.

Se estima que el 26% de los trastornos mentales comunes en la población ocupada en España pueden atribuirse a condiciones laborales adversas, “como falta de control sobre el trabajo, exigencias excesivas, inseguridad, o ausencia de apoyo”, según el informe PRESME, elaborado por el Ministerio de Trabajo.

Las medidas que incluye este primer documento técnico son de dos tipos: clínicas y epidemiológicas. Entre las primeras, las que se pueden aterrizar en las consultas, está la evaluación “sistemática” de cuáles son las condiciones laborales de los pacientes, como una pregunta rutinaria en las entrevistas, y la incorporación y la codificación dentro de la historia clínica de las sospechas de malestares vinculados con el trabajo, siempre que haya consentimiento.

Esta circunstancia tendrá una categoría determinada dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) que usan los profesionales de la salud para registrar factores que influyen en el estado de una persona. “Hay que diagnosticar bien el origen de los problemas, no podemos ignorar lo que no encaja en una categoría diagnóstica clásica, no podemos cometer el error de devolver al entorno que está haciendo sufrir”, ha subrayado la ministra Mónica García.

Sanidad también quiere crear un sistema de vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales de posible origen laboral poniendo a trabajar en común a los servicios de salud pública, de salud laboral y de atención primaria para recoger y analizar los datos para medir el impacto real de estas situaciones. Otra pieza clave, ha dicho la ministra Mónica García, es formar a los profesionales.

“Este vacío de conocimiento tiene consecuencias. impide prevenir, invisibiliza y perpetúa un sufrimiento evitable su pudiéramos transformar las condiciones. Muchas trabajadoras llegan con sintomas de agotamiento, ansiedad, insomnio, desesperanza, depresión, irritabilidad y están ligados al contexto laboral pero a menudo la ressusta se limita a un diagnostico y a un tratmaiento psicofarmacólogico”, ha asegurado la Comisionada de Salud Mental, Belén González. A partir de este documento se desarrollarán “contenidos formativos y propuesta normativas”.

La reducción de la jornada, “una cuestión de salud pública”

Para la ministra de Sanidad, se ha desvelado “un espejo incómodo que nos señala que el trabajo, cuando no hay condiciones dignas, se convierte en un generador de sufrimiento”. Según el informe PRESME, “170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado en el año 2022 si no existieran formas de precariedad laboral como la inseguridad contractual, los bajos ingresos o la falta de control sobre el trabajo”.

En plena batalla por conseguir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que “hemos normalizado el sufrimiento” en el entorno laboral. “Hemos culpabilizado a las personas en el mundo del trabajo cuando hay gente que va a trabajar enferma y eso no se puede consentir”, ha apuntado mientras la patronal y algunas grandes empresas llevan meses cuestionando el “absentismo” ante el crecimiento de las bajas laborales.

“El agotamiento no se cura solo con terapias sino que se previene con derechos”, ha apostillado García en un guiño a la reducción de jornada y a las mejoras en los datos de empleo. Esta medida, ha añadido después, “se plantea como una cuestión económica o de productividad pero es de salud pública”.