Los mayoría de los progresistas del Poder Judicial defiende que los jueces no tienen derecho de huelga

La convocatoria de tres días de huelga por parte de jueces y fiscales contra las reformas judiciales del Gobierno ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio respecto al ejercicio de ese derecho entre los dos bloques del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría de los vocales propuestos por la izquierda rechazan que los jueces, como titulares de un poder del Estado, puedan hacer huelga. Los consejeros elegidos a propuesta del Partido Popular defienden, sin embargo, que no hay una prohibición expresa y que ha habido otras convocatorias de paros de jueces por diferentes motivos que no han tenido consecuencias legales, lo que permitiría un escenario similar ahora, de acuerdo a distintas fuentes del órgano consultadas por elDiario.es.

El CGPJ tiene previsto celebrar este jueves un pleno extraordinario al que los grupos conservador y progresista, con diez representantes cada uno, acuden en principio con posturas opuestas. Las negociaciones seguían abiertas a última hora de la tarde de este miércoles. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha defendido en conversaciones internas que no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, aunque también ha mantenido la legitimidad de al menos parte de las reivindicaciones expresadas por los convocantes, explican las fuentes consultadas. Perelló convocó el pleno para analizar la posición del CGPJ tras recibir el preaviso de las asociaciones promotoras del paro, todas menos las progresistas.

Entre tanto, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha remitido un oficio al CGPJ en el que le advierte de que si finalmente determina la existencia del derecho a la huelga de los convocantes, deberá facilitar al Ministerio la información sobre las personas que la secunden para descontarles la parte proporcional del salario. El mismo oficio señala que si, por el contrario, el CGPJ opta por dar por no anunciada la convocatoria de paro, deberá tomar “medidas” para restar el salario a “quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”. Justicia pide al CGPJ una respuesta antes del 1 de julio, cuando está prevista la primera de las tres jornadas de paros consecutivos.

Limbo legal

La huelga está promovida por las cinco asociaciones del centroderecha judicial. Entre ellas se encuentra la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenecen siete de los diez vocales conservadores. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia, a la que están afiliados tres consejeros, no secunda los paros aunque ha mostrado ciertas reticencias al proceso de estabilización de jueces sustitutos que centra parte de las críticas de las asociaciones convocantes.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores, pero solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Y fueron únicamente ciudadanos y abogados los que pagaron las consecuencias de los paros con la suspensión de juicios u otras actuaciones judiciales previstas.

La única vez que el órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado de forma expresa sobre esta cuestión fue en 2009, con una convocatoria auspiciada por la segunda asociación por número de afiliados, Francisco de Vitoria, y por el minoritario Foro Judicial Independiente. El titular de esta cartera era Mariano Fernández Bermejo (PSOE), que dimitió apenas una semana después, asediado por este conflicto y por las críticas por su cacería con Baltasar Garzón, que todavía estaba en activo en la Audiencia Nacional.

Entonces, el CGPJ afirmó por unanimidad que no había “cobertura legal” para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces. Así que dio por no anunciada la convocatoria y tampoco fijó servicios mínimos. Desde entonces, no se ha aprobado ninguna norma que reconozca el derecho a la huelga a los jueces. Tampoco consta que el CGPJ haya revocado ese criterio en las cuatro huelgas celebradas con posterioridad.

Salario y servicios mínimos

Ante este vacío legal, la tesis mayoritaria en el bloque progresista es que el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia no puede interrumpirse en ningún caso y que no es posible reconocer el derecho a la huelga a quien integra un poder del Estado. La posición de gran parte de los miembros de este bloque es que el CGPJ no debería reconocer este derecho a los jueces ni fijar los servicios mínimos que cubran la actividad esencial.

De hecho, hay quien incluso apunta que el órgano debería tomar medidas contra una movilización que consideran irregular, lo que abre la puerta a posibles expedientes disciplinarios. La ley del Poder Judicial establece que la ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado es una falta leve. Este tipo de sanciones pueden acarrear una advertencia o una multa de hasta 500 euros.

La falta de competencia del CGPJ para fijar los servicios mínimos también es defendida de forma mayoritaria en el bloque conservador, donde sostienen que tampoco el Ministerio de Justicia está habilitado para descontar el salario a los jueces huelguistas, según coinciden las fuentes consultadas. Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020, intentó por primera vez descontar el salario a los jueces y fiscales que secundaron la huelga del 19 de noviembre de 2018, apenas cinco meses después de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero uno de los magistrados afectados recurrió a la Audiencia Nacional la resolución del Secretario de Estado de Justicia que había acordado detraer un porcentaje de su nómina tras participar en la huelga. Alegó que el Ministerio de Justicia —que es quien paga las nóminas de jueces y fiscales— no era competente para hacer lo que técnicamente se conoce como deducción de haberes. Y que lo había hecho incumpliendo la legislación sobre protección de datos, al obtener la información sobre quién había hecho huelga sin consentimiento de los jueces y sin tener en cuenta quién había formado parte de los servicios mínimos.

La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2020, no entró al fondo del asunto sobre si los jueces deben o no cobrar su salario cuando hacen huelga. Pero sí consideró “disconforme a derecho” la resolución del secretario de Estado de Justicia que había establecido la “deducción proporcional” en las nóminas de quienes habían secundado el paro. Y obligó a devolver al magistrado 193,03 euros. En aplicación de esa sentencia, las cuantías fueron devueltas a todo el personal que secundó la huelga, según informó el Ministerio de Justicia tras una petición al Portal de Transparencia realizada por elDiario.es.

La resolución determinó que, examinada la normativa, “no se encuentra en ella precepto alguno que otorgue competencia al Secretario de Estado para acordar descuentos retributivos o deducciones de haberes a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial”. Y, por contra, afirmó que son “numerosas” las disposiciones que atribuyen al CGPJ la competencia para determinar devengos, como ocurre con las retribuciones variables por objetivos, trienios, licencias o suspensiones de empleo.

El CGPJ, sin embargo, se limitó a poner en conocimiento de Justicia los datos de quienes participaron en la huelga, extraídos de los que estos habían remitido a los órganos de gobierno, pero no adoptó “acuerdo alguno” en relación con las nóminas. Ahora se espera una actuación similar por parte del órgano de gobierno de los jueces. Consultado por elDiario.es, un portavoz afirmó que “la deducción de haberes, en su caso, correspondería al Ministerio de Justicia”, dado que el CGPJ “no tiene competencia en materia salarial”.