Manos Limpias denuncia a la jueza de la DANA usando como prueba un recorte de prensa desmentido por la Fiscalía

La ofensiva de Manos Limpias en los tribunales contra la magistrada instructora de la DANA se basa en un recorte de prensa de un medio digital desmentido por el Ministerio Fiscal y por una asociación de jueces. El pseudosindicato acusa a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra de una supuesta prevaricación al haberlo expulsado de la causa por la incompatibilidad con el abogado defensor de uno de los dos investigados, que se definió públicamente como “jefe” de los servicios jurídicos de Manos Limpias.

El escrito incluye una información de un medio digital publicada el pasado 5 de mayo que sostenía, a partir de “varias” fuentes, que había malestar en la Fiscalía con una supuesta “intromisión” del marido de la magistrada en la instrucción de la causa. Sin embargo, el mismo día en que se publicó, el portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia desmintió en un comunicado esa insinuación. “Carece de todo fundamento la referencia a molestia alguna”, indicaba.

Por otro lado, el mismo medio digital aseguró que el marido de la magistrada formaba parte de Jueces y Juezas para la Democracia (JJD). La asociación progresista remitió una rectificación que tumbaba la información que incluye Manos Limpias: el magistrado Jorge Martínez, marido de la instructora y titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València, ni siquiera estaba asociado a JJD. De hecho, está vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y dictó el auto de juicio oral contra el hermano del expresident socialista Ximo Puig.

El mismo medio, citando “fuentes cercanas al caso”, aludía a la supuesta ideología “abiertamente de izquierdas” del marido de la jueza de la DANA, que explicaría la “negativa de la pareja de jueces a ahondar en la investigación de la actuación del Gobierno central”.

El pseudosindicato basa su denuncia en supuestas pruebas de las que tendría “constancia a través de los medios de comunicación”, en referencia a varias informaciones periodísticas, entre ellas la desmentida por la Fiscalía y la asociación de jueces e incluso un editorial de otro medio digital de derechas. El escrito adjunta, “a efectos probatorios”, las “noticias de los distintos medios de prensa que acreditan la veracidad de las irregularidades expuestas”.

El bulo de Miguel Bernad sobre los fallecidos de la DANA

En su polémica comparecencia de este pasado martes (festivo en València), el secretario general de Manos Limpias lanzó el bulo de que el Gobierno central oculta “una veintena” de fallecidos de la DANA. Miguel Bernad, en la misma comparecencia ante los medios de comunicación, reconoció que no cuenta con indicio alguno de tal afirmación y enmarcó el bulo en su “derecho a la intuición”.

Al día siguiente de la intervención de Bernad, la jueza instructora advirtió en un auto sobre los “bulos” de la cifra de fallecidos y lamentó que supone un “auténtico desprecio” hacia las familias de las 228 víctimas, en respuesta a una petición de diligencias de una de las acusaciones, en la misma línea ‘conspiracionista’.

El secretario general del pseudosindicato, por otro lado, criticó el “relato” del Gobierno de Pedro Sánchez “de que las denuncias de Manos Limpias son recortes de prensa, que luego resulta que no son recortes de prensa”.

“No es que yo coja una tijera de una noticia que aparece en un medio de comunicación y la judicialice”, afirmó Bernad, quien apostilló: “No, son noticias crímenes” (en referencia al concepto jurídico de notitia criminis).

Una “denuncia para transformar en querella”

Además, Manos Limpias registró una denuncia, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige una querella para poder enjuiciar una presunta responsabilidad penal contra jueces y magistrados. Bernad dijo que se trataba de una “denuncia para transformar en querella”.

El juzgado de guardia (donde registró la “denuncia” a pesar de estar dirigida a la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) la envió a reparto. El escrito pide que se tome declaración a la magistrada y a su marido, citándolos en las sedes de sus respectivos juzgados.