Justicia o avaricia: qué elegirán los gobiernos en Sevilla

Quienes tenemos una edad, jugamos alguna vez al Monopoly. Quién no recuerda esos fajos de billetes que compraban y compraban a costa de quienes perdían la partida. Pero, sobre todo, a costa de las familias que vivían en esos barrios que quedaban en manos codiciosas privadas de escuelas u hospitales. “All is fair in Monopoly” decía la publicidad. Todo vale. La avaricia sin límites. Lamentablemente, nuestro sistema financiero internacional no dista mucho de esto.

La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio no es una partida de Monopoly, pero se parece mucho. Los Estados miembros de Naciones Unidas se reúnen en la capital andaluza para revisar las reglas del juego. La última vez que lo hicieron fue en 2015, en Adís Abeba. Allí se acordó una Agenda de Acción para la financiación del desarrollo, en un momento en el que se materializaba también la Agenda 2030 y los flamantes Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una década después, no se han cumplido ninguna de las dos agendas. A menos de cinco años de llegar a la meta de 2030, el cumplimiento de los ODS está estancado y, en algunos casos, incluso en retroceso. La brecha de financiación anual para alcanzar su cumplimiento es de 4 billones de dólares. Mientras tanto, el 1% de la población mundial tiene en su haber más que el 99% restante. Ya se sabe: la banca gana.

Más que brechas, abismos

Esa desigualdad entre quien más tiene y quien menos, lejos de reducirse, aumenta cada año tanto dentro de los países, como entre ellos. Y es especialmente sangrante en el caso de las mujeres que sufren un gran impacto en la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la educación o la participación política.

Asistimos a un escenario de crisis global en el que millones de personas sufren las consecuencias de la emergencia climática; donde la pobreza y el hambre asolan las vidas casi al mismo nivel que las bombas de los conflictos, donde fondos de inversión expolian nuestras casas y territorios. Los gastos militares aumentan exponencialmente, mientras los recursos para políticas públicas como la cooperación se reducen de forma alarmante. La democracia está siendo embestida por los movimientos más reaccionarios para dejar las riendas al mercado. Hay que actuar por el bien de todo el planeta, pero ¿quién paga todo eso?

Más de 60 países destinan más dinero al servicio de la deuda externa que a educación o salud. En África subsahariana, la carga de la deuda ha alcanzado niveles no vistos desde comienzos de los años 2000. Según el Banco Mundial, los pagos de deuda externa por parte de los países de ingresos bajos y medios alcanzaron los 443.500 millones de dólares en 2022, un aumento del 5% respecto al año anterior. Cerca de la mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el pago de la deuda externa que en sanidad o educación. Es escandaloso.

El deber de España y Europa como anfitrionas

Con este contexto, es muy preocupante que se esté negociando a puerta cerrada sin participación significativa de los países del Sur global ni de la sociedad civil. Esto pone en riesgo tanto la legitimidad como la ambición del resultado final. ¿Qué se está acordando para que haya tanta opacidad?

España, como anfitriona, y la Unión Europea, como región que acoge esta cita, tienen la obligación política, ética e histórica de promover una propuesta que sea inclusiva, transparente y transformadora. No se puede legitimar un proceso liderado por instituciones financieras que han sido parte del problema, ni ningunear el papel de Naciones Unidas como foro democrático multilateral.

El reto es importante, aunque alcanzable. Basta con que quienes asistan a esta Conferencia tomen cartas en el asunto y apuesten por los bienes comunes, por los derechos humanos, la paz, la igualdad, la justicia social… Basta con que movilicen los recursos necesarios que permitan avanzar hacia un mundo seguro para toda la humanidad. Seguridad entendida como un contexto global en el que vivir con justicia, paz y dignidad sin asfixiar a un planeta que ya está exhausto.

Es una oportunidad para asegurar que los recursos se movilizan de manera justa. Es decir, que las personas, países o corporaciones que estén ocasionando -o hayan ocasionado históricamente- más impacto ambiental, social o económico contribuyan de forma proporcional al daño causado. Además, debe establecerse la tributación especial para las grandes fortunas y para los beneficios extraordinarios.Tal nivel de desigualdad es obsceno e insostenible.

Justicia y responsabilidad

Es el momento de garantizar realmente que “all is fair”. Quienes asisten a Sevilla tienen la oportunidad de reestructurar y cancelar la asfixiante e ilegítima deuda que impide el desarrollo de los países del Sur global. Tienen la oportunidad de cumplir los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo -esos que nunca han llegado a cumplirse, desde que el 0,7% se acordará en los años 70-. Y también deben establecer leyes de obligado cumplimiento para el sector privado; es urgente cambiar las reglas del juego y acabar con las cartas marcadas que benefician al Norte global.

La urgencia del momento es incuestionable. Millones de personas sufren los embates de crisis sobre crisis y eso, como humanidad, no podemos permitirlo. El sistema financiero global debe cambiar de manera sustancial y pasar de ser un Monopoly en el que unos pocos se frotan las manos, a un modelo cooperativo en el que participan en igualdad todos los actores implicados y a favor de que todo el mundo gane, también el propio planeta.