Culpa ‘in vigilando’

“Respice post te! Hominem te esse memento” (“Recuerda que sólo eres un hombre”), le susurraba el esclavo a Marco Antonio, como hacían siempre los romanos con los generales victoriosos para conjurar la soberbia del poder. La atracción es tan fuerte que, en nuestros días, quienes alcanzan la presidencia del Ejecutivo están constantemente tentados a aislarse y rodearse de un cordón sanitario de personas complacientes. Así es como habitan una realidad paralela que los mantiene en la mayor ignorancia, al tiempo que exportan a sus cargos inferiores el mismo modelo. Pero el precio a pagar por tan lamentable estilo de liderazgo es la culpa in vigilando, en la que han incurrido líderes democráticos ante casos de corrupción. Pedro Sánchez –pendiente aún de la causa judicial de Koldo, Ábalos y Cerdán– es políticamente culpable de haber permitido que el vicesecretario del PSOE machacara literalmente a colaboradoras tan valiosas como Adriana Lastra.

Ninguno de los presidentes de Gobierno que ha habido en democracia han asumido la culpa de los casos que les afectaban cuando a todos les habría correspondido hacerlo, como mínimo, por no vigilar los desmanes de sus colaboradores. Que la Justicia sentencie a quienes son culpables o inocentes no exime a los responsables políticos de reconocer su fracaso personal. El escándalo le obligaría a asumir, cuando menos, su culpa in vigilando aunque no se haya enterado de nada hasta ahora. El daño que ha hecho a las feministas al depositar su confianza en gentes que hablan de las mujeres como de ganado merece una justa reparación.

El efecto político de las conversaciones y los informes policiales ha puesto en alto riesgo a la coalición gubernamental. La dimisión sería la respuesta más inesperada, pero también la más ejemplar para garantizar la continuidad del proyecto de gobierno con otro presidente y que la ciudadanía siga confiando en su partido y en la democracia. Nada indica que eso vaya a suceder, al menos, de momento. Pero tan alto sacrificio sería coherente con el coraje que Sánchez ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Haría historia porque en España no existen precedentes de tan exigente y ético comportamiento aunque, por desgracia, se hayan sucedido tantos casos de corrupción que revelan un fallo sistémico de necesaria corrección.

Sólo José Luis Rodríguez Zapatero pudo completar dos mandatos sin verse salpicado por escándalos o actuaciones ilegales de sus equipos, no obstante el escándalo de los ERE afectó al PSOE de Andalucía. Suárez apenas gobernó por elección democrática durante cuatro años (1977-1981), se vio sacudido por la intoxicación del aceite de colza y otras irregularidades de supuestos regalos del rey Emérito que nunca fueron investigados. Pero no dimitió por corrupción sino como consecuencia del abandono y descomposición de la UCD mientras él se atrincheraba en la cúpula monclovita.

Fue el “síndrome de la Moncloa” lo que acabó con Suárez que supo transitar del franquismo a la democracia pero fue incapaz de sustraerse a las tentaciones y la soledad del poder. En España se acuñó este concepto para definir la progresiva lejanía de la realidad que experimentan los presidentes desde que llegan al palacio de la carretera de A Coruña.

La lejanía y decadencia de Felipe González fue mucho más lenta que la de Suárez porque el PSOE estuvo 14 años en el Gobierno y fue sepultado por una ola de corrupción insoportable con los casos Roldán, Mariano Rubio, los GAL… Alfonso Guerra, que era su hombre de confianza, lo controlaba todo con mano de hierro. Precisamente, el declive socialista dio comienzo en 1990 con el hallazgo del despacho particular de negocios de su hermano Juan en la delegación del Gobierno de Sevilla.

Además del “caso Guerra” –que terminó con el desalojo de Alfonso del poder–, Filesa, Malesa y Time Sport, además del internacional Flick, ambos de financiación ilegal del PSOE. Supuestamente, el presidente del Gobierno nunca supo nada de nada, aislado en un mundo feliz dentro del palacio de la Moncloa pero el hostigamiento de la oposición provocó investigaciones parlamentarias y una comisión de estudio para reformar el sistema de financiación de los partidos que tuvo poco éxito.

La sombra del caso Naseiro de financiación ilegal del PP ensombreció la candidatura de Aznar en 1990 porque salieron a la luz conversaciones inculpatorias del tesorero y un directivo de su equipo. La anulación de pruebas zanjó la causa judicial, Aznar cesó a su colaborador y nunca asumió responsabilidades políticas por ello. Llegó al poder en 1996 con un mensaje de regeneración democrática contra la corrupción del PSOE pero sufrió casos de corrupción como el de Gescartera y, como después se demostraría, no supo extirpar el modelo de financiación ilegal heredado de AP.

La mayoría absoluta de 2000 lo llevó a la autocomplacencia porque “España va bien”. Mientras tanto, en el interior del PP, crecía una red delictiva de mordidas y financiación ilegal que no afloraría hasta años después, como también los procesos que llevaron a la cárcel a Jaume Matas y Rodrigo Rato.

Con la presidencia del PP y su candidatura a las elecciones de 2004, Mariano Rajoy también heredó el tinglado del tesorero Luis Bárcenas con una caja B de las finanzas del partido. “M. Rajoy” figuraba en el listado de pagos ilegales y le salpicaron las muchas implicaciones del Caso Gürtel. Él se mostró impasible e ignorante de todo.

Con la primera sentencia que condenó al PP por financiación ilegal, fue desalojado del poder en su segundo mandato por una moción de censura. El castigo del electorado al en las elecciones de 2019 cuando obtuvo el peor resultado de su historia. Está claro que la corrupción tiene un coste electoral que se cobra más tarde o más temprano.