Navarra amplió en 1,4 millones los contratos con Servinabar y Acciona en vivienda, y le dio ‘a dedo’ 100.000 euros

Nuevos datos sobre la relación de Servinabar 2000, la sociedad compartida por el empresario Antxon Alonso y el ya encarcelado exdirigente del PSOE Santos Cerdán, con el Gobierno de Navarra en los últimos años. Según la documentación de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa a la que ha tenido acceso este periódico, a las adjudicaciones ya conocidas se le suman otras 13 contrataciones directas (sin concurso) por 94.289,01 euros más IVA para el conglomerado de Acciona y Servinabar 2000, tres modificaciones de dos adjudicaciones a esa misma UTE para incrementar el valor inicial de la licitación en 1,44 millones de euros y un convenio para la promoción de vivienda pública que tiene la singularidad de que se exploró exclusivamente con Servinabar 2000, la única operación de todas en la que esta firma operó en solitario.

Servinabar 2000 es una de las piezas centrales de la investigación de corrupción en curso. El administrador de la empresa es Antxon Alonso, residente en Bizkaia aunque guipuzcoano de origen, pero Cerdán controlaba el 45% en virtud de un contrato privado que la Guardia Civil encontró en un trastero de la casa de Alonso en Elorrio. En la misma dirección operaba también Alegure, sin trabajadores, controlada en un 4% por otro empresario vasco, Iñaki Alzaga. Servinabar 2000 ha obtenido seis adjudicaciones del Gobierno de Navarra en UTE con Acciona –y en un caso también con Construcciones Osés, los túneles de Belate– mientras que Alegure tiene un contrato de la mano de Acciona. Son unos 86 millones en total, 104 millones con IVA.

Una de las adjudicaciones a Acciona–Servinabar 2000 fue la construcción de 62 VPO en Erripagaña, un barrio del área metropolitana de Pamplona dividido en cuatro términos municipales. En total, 6,8 millones más IVA gestionados por la entidad Nasuvinsa. Derivado de esa adjudicación publicada en 2020 –pero iniciada en 2018– se han realizado otras once ampliaciones ‘a dedo’ con la UTE en los años sucesivos. En concreto para extensión de líneas de Iberdrola, montaje de herrajes, topes de caucho, otra extensión para Iberdrola, sumideros, separación de balcones, colocación de goterón, cierre de armarios, reparaciones en ascensores, extractores de aire y sustitución de vidrios. Una de ellas, las reparaciones en los balcones, alcanzó los 38.000 euros. Además, ese contrato se modificó en dos ocasiones para incrementar el pago inicial acordado en 910.767,42 euros. En un mismo día, se le abonaron 424.301,14 euros por “causas imprevisibles” y otros 486.466,28 euros por una modificación no superior al 10% de la adjudicación, siempre según información oficial de Nasuvinsa.

Años después, en 2023, Nasuvinsa volvió a contratar a Acciona–Servinabar 2000. Son otros 7,8 millones (más IVA) por otras 46 viviendas y, de nuevo, en Erripagaña. En 2025, este mismo año, se han emitido tres facturas complementarias sobre estos trabajos. Son dos pagos pequeños de creación de un armario y de instalación de vinilos en los garajes (unos 9.000 euros en total) más un suministro más grande de unos 72.000 euros para las cortinas de las casas. Además, a finales de febrero se acordó una actualización al alza del contrato principal por valor de 529.603,35 euros.

La última factura, la de las cortinas, es precisamente del 10 de junio. El Gobierno firmaba un pago con Acciona y Servinabar 2000 con la UCO de la Guardia Civil registrando la casa de Alonso en Elorrio y la oficina de la empresa en el centro de Pamplona. El informe que acompañó a ese pago, al que ha tenido acceso este periódico, venía a subrayar que lo natural era hacer las mejoras en los pisos con la misma empresa que hizo la obra general por cuestiones prácticas. Esa fórmula no precisa de concurso, según la normativa foral.

En el Gobierno de coalición de la socialista María Chivite, en el cargo desde 2019, Nasuvinsa depende desde 2023 de la única consejera de la coalición Contigo/Zurekin, que fue la marca de Podemos, IU, Batzarre y otras formaciones de izquierdas, Begoña Alfaro. Antes, de 2019 a 2023, el consejero era de Geroa Bai (la marca de PNV y Socialverdes), José María Aierdi, que ahora dirige la cartera de Medio Ambiente. Aierdi procedía, precisamente, de la gerencia de Nasuvinsa en la legislatura de 2015 a 2019, con Uxue Barkos como presidenta.

Fue Aierdi quien, a finales de 2019, informó al Parlamento navarro de que quería firmar un convenio para la promoción de viviendas con la mercantil de Alonso y Cerdán. “Se están realizando gestiones para formalizar un convenio con la empresa Servinabar 2000. El formato sería similar al de la fundación bancaria Caja Navarra y se construirían 40 VPO en alquiler sobre una parcela de Nasuvinsa en Ardoi. Actualmente se está realizando el estudio de viabilidad”, explicaba en la Cámara Aierdi. En el caso de Caja Navarra que se toma como referencia, la Administración le cedía suelo y la entidad privada asumía las obras y “al término de los 30 años” de concesión “el suelo y el edificio revertían a Nasuvinsa”.

En aquel momento, Servinabar 2000 tenía como objeto social la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”, nada relacionado con la promoción inmobiliaria. Fuentes de la dirección de Nasuvinsa de aquella época precisan que Alonso era “uno más” de los promotores que colaboraban con el Ejecutivo.

Desde el área actual de Vivienda encaran con “tranquilidad” la situación convencidos de la “legalidad” de todas las actuaciones administrativas. Los primeros datos muestran que, de una quincena de adjudicaciones de vivienda protegida, Acciona y Servinabar 2000 se presentaron a doce y no ganaron más que una cuarta parte de los concursos, uno de ellos con Acciona en solitario. En otro caso, además, accedieron por la renuncia del primer adjudicatario propuesto. Sobre los modificados, inciden es que es una práctica habitual en todas y cada una de las obras públicas. Toda la información será revisada por un triple filtro, según ha ordenado la presidenta Chivite. Estas adjudicaciones de Nasuvinsa, como tales, no están en el informe de la UCO de la Guardia Civil.

Servinabar 2000 es de 2015 y un año después fue firmado un acuerdo entre Alonso y su “amigo” Cerdán por el que el político asumía un 45% del negocio. Nunca fue escriturado pero económicamente tiene el mismo valor entre socios. Aunque Alonso negó el papel de Cerdán en la compañía en un primer momento -a través de un comunicado en el Grupo Noticias, cuyo presidente es su socio Alzaga-, el exdirigente socialista investigado por corrupción ha admitido este lunes que la firma en ese documento incautado por la Guardia Civil es suya. Eso sí, ha matizado que lo hizo en un contexto de malos resultados electorales en el que pensó en dejar la política pero que, tras comentarlo con su esposa, nunca hizo efectiva la operación. El magistrado Leopoldo Puente no ha dado credibilidad a esta explicación que, además, venía como respuesta a una pregunta de su propio abogado.