El PP de Moreno ultima un pacto con Vox para renovar al Defensor del Pueblo Andaluz y la Oficina Antifraude

El PP ha registrado este lunes en el Parlamento una propuesta para renovar al Defensor del Pueblo Andaluz, un puesto que ocupa de forma interina Jesús Maeztu desde que caducó su segundo mandato en septiembre del año pasado. Los populares han lanzado el nombre de una mujer, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero, hoy por hoy, no cuenta con el respaldo de ninguna de las otras fuerzas de la Cámara, consultadas por este periódico.

El partido de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, es el único que ha registrado su propuesta en el Parlamento dentro del plazo de cinco días que dio a los grupos el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, para renovar tanto la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz como la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, dos órganos de extracción parlamentaria. El resto de fuerzas ha protestado por “reducir los plazos” y “no facilitar el consenso que siempre ha rodeado estos nombramientos”.

Aguirre ha pisado el acelerador a las puertas del verano -a falta de dos Plenos para las vacaciones- y este miércoles ha convocado la Comisión Consultiva de Nombramientos, donde deberán comparecer los únicos candidatos propuestos por el PP, para someterse a un juicio de idoneidad para el cargo que -cuando está previamente pactado por los grupos- suele ser un acto protocolario.

El nombre para dirigir la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) es el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez, que dejó el puesto de forma precipitada hace justo un año.

Previsiblemente, la votación para la renovación de ambos órganos será en el Pleno de la próxima semana. Los populares cuentan con el respaldo de Vox, pero los de Santiago Abascal niegan que exista un “preacuerdo” y aseguran que se “han enterado” de la propuesta de los populares por la prensa. El grupo parlamentario que dirige Manuel Gavira, que lleva meses de forcejeo preelectoral con Moreno, no ha querido desvelar si apoyará a los candidatos impulsado por el PP.

Del Parlamento andaluz han salido tres Defensores del Pueblo -los tres hombres- siempre con un alto grado de consenso: Manuel Conde Pumpuido fue elegido en 1984 y 1990 con 85 votos la primera vez y 70 la segunda. Jesús Chamizo fue designado en 1996 con 99 votos a favor, en 2001 renovó con 96 votos y en 2007 volvió a repetir en el cargo con 89 votos. Maeztu fue elegido en 2013 con 104 votos y en 2019 con 75. Un eventual acuerdo PP-Vox para designar a Rosario García Palacios sumaría 72 votos, el segundo más bajo de la historia parlamentaria.

Protesta por los plazos

Ni Vox ni los tres grupos de izquierdas han registrado sus propuestas para renovar la Oficina del Defensor del Pueblo en el Parlamento. El PSOE y Por Andalucía sí han presentado escritos de “estupor”, “malestar”, y “protesta” contra el procedimiento “impuesto” por el presidente de la Cámara, al que afean que haya agilizado y acortado los plazos para elegir “una alta institución del autogobierno de Andalucía, regulada en el artículo 128 del Estatuto, y con potestad para ”supervisar la actividad de las administraciones públicas andaluzas y dar cuenta al Parlamento“.

Las izquierdas se dan por orilladas del proceso de negociación y acusan a Moreno de haber pactado con la ultraderecha la renovación de la Oficina del Defensor. El PP replica que “el PSOE no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo real” y recuerda que Maeztu llevaba casi un año en funciones y él mismo había exigido a los grupos de la Cámara que alcanzaran un acuerdo para sustituirle.

Maeztu fue elegido Defensor del Pueblo Andaluz por unanimidad en 2013 -bajo un gobierno socialista- y ratificado en 2019, ya con Moreno en el poder, tras fracasar las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para designar a una mujer como sustituta. La Defensoría del Pueblo no requiere unanimidad, pero sí un alto grado de consenso: tres quintas partes del Parlamento autonómico (66 de 109 diputados).

La última vez que los partidos negociaron una sustituta para Maeztu, hace seis años, la Cámara estaba muy fragmentada y requería de la confluencia de varias fuerzas de distinto signo político. El PP de Moreno, entonces en minoría, negoció la nueva Defensoría en dos mesas paralelas: por un lado con el PSOE y por otro lado con Adelante Andalucía (en 2019 aún era la coalición IU-Podemos), que propuso a la activista y defensora de los derechos de los inmigrantes, Helena Maleno. De aquel acuerdo quedó descolgado Vox, que entonces sustentaba el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, pero nunca llegó a cristalizar el pacto y Maeztu renovó por un segundo mandato.

Ahora, sin embargo, el PP puede servirse de su mayoría absoluta (58 escaños) para nombrar a su candidata pactándola únicamente con Vox, que cuenta con 14 diputados. El portavoz del grupo popular en la Cámara, Toni Martín, ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que respalden a su candidata, pero este asunto sobreviene en un momento de máxima tensión política entre el PSOE y las derechas.

La trama Koldo-Ábalos-Cerdán, que investiga supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, ha violentado el debate público andaluz, con PP y Vox atizando fuerte a los socialistas, cuando falta menos de un año para que Moreno disuelva el Parlamento y convoque elecciones en Andalucía.

Este mismo lunes, el juez del Supremo ha decretado prisión provisional contra el que hasta hace diez días era secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. En este contexto es difícil atisbar un acuerdo político por unanimidad, que rompa los tradicionales bloques de izquierdas y derechas.

La posibilidad de un pacto entre Moreno y Vox, allanado a las puertas del Congreso Nacional del PP que se celebrará el próximo fin de semana, tiene otro tipo de lecturas. Los populares han dejado la puerta abierta a las alianzas con la extrema derecha en la ponencia política de ese cónclave -“ningún cordón sanitario”-. El PP andaluz confía en revalidar su mayoría absoluta en las autonómicas, como auguran todas las encuestas, pero en el Palacio de San Telmo contemplan todos los riesgos:

Por ejemplo, la hipótesis de una coincidencia de elecciones generales y andaluzas que podría disparar la participación, concurrir a un escenario muy polarizado, con la izquierda más movilizada que en los comicios de 2022, que hiciera perder la mayoría absoluta a Moreno, necesitando el apoyo de Vox para una tercera investidura. Es un escenario poco plausible, pero probable, dicen fuentes del Gobierno andaluz.

Más pactos con Espadas que con Montero

A priori, el nombre que ha propuesto el PP como futura Defensora del Pueblo de Andalucía no despierta “grandes recelos” entre los partidos de izquierdas. Rosario García Palacios (1966) es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud, y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada. Es presidenta de Cruz Roja Andalucía desde el 28 de abril de 2023.

García Palacios ha sido enfermera asistencial durante 17 años, es profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (7 años); docente de la Consejería de Salud (14 años) y docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (4 años). “Una mujer de un perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, una profesional de la salud en Andalucía, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa, y a la protección de las personas más vulnerables”, ha dicho Martín.

Los de Moreno sostienen que el PP andaluz y el PSOE de Juan Espadas habían avanzado en negociaciones para renovar la Oficina del Defensor del Pueblo, pero que la llegada de María Jesús Montero a la secretaría general del partido en Andalucía dinamitó todos los puentes, y mandó tensionar la relación con el Gobierno andaluz y el partido que lo sostiene.

En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios. Los populares necesitan siete votos para alcanzar el mínimo que exige la ley para que el Parlamento ratifique a la nueva Defensora del Pueblo Andaluz.

El diputado y portavoz adjunto del PSOE-A, Rafael Recio, ha acusado a Moreno de “usar el rodillo parlamentario”, sostiene que el presidente de la Junta “no busca un Defensor del Pueblo, sino un defensor de su gobierno”, y quiere en la Oficina Antifraude “alguien que le proteja” de los “escándalos” en la contratación pública del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investigan dos juzgados.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano (Carcabuey, Córdoba, 1957), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979), es el magistrado propuesto por el PP para dirigir la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Es presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba desde noviembre de 2014. Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.