Bruselas plantea que la UE pague a países pobres para descontarse toneladas de CO2 mientras sigue contaminando

La agenda verde sigue siendo uno de los caballos de batalla en el seno de la UE y, a la hora de presentar la nueva normativa con la que se pretende alcanzar una reducción de las emisiones contaminantes del 90% para 2040, la Comisión Europea ha seguido la senda de descafeinar el camino. La propuesta incluye los polémicos “créditos internacionales de carbono” con los que los países de la UE podrán pagar a terceros países, generalmente pobres o en vías de desarrollo, para descontarse toneladas de CO2 a cambio de seguir contaminando.

La iniciativa que ha aprobado el gobierno comunitario, y que ahora tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, propone que los gobiernos europeos puedan externalizar en países pobres hasta un 3% de la reducción de emisiones a partir de 2036. En otras palabras, los estados europeos podrán financiar proyectos en terceros países que servirán como ‘crédito’ para poder contaminar en suelo europeo por esa misma cantidad. El cómputo global será la reducción del 90% en 2040, que es un paso intermedio hacia la neutralidad climática a mitad de siglo que se firmó en los Acuerdos de París, pero una parte se externalizará para que el esfuerzo en la UE se suavice.

Fuentes comunitarias justifican que se trata de un intercambio entre las inversiones europeas y el resto del mundo y defienden que se trata de un planteamiento “racional”, pero también lo basan en criterios “económicos”, es decir, dar oxígeno a las empresas e industrias europeas, que se quejan de la carga que supone la agenda verde. La reducción del 55% de las emisiones en 2030 fue uno de los grandes hitos del anterior mandato de Ursula von der Leyen con una normativa procelosa y detallada que permitirá a la UE prácticamente llegar a ese objetivo, según las estimaciones de la Comisión Europea, pero el camino se ha puesto cuesta arriba en esta legislatura con el auge de la derecha y la ultraderecha, que se han rebelado contra el denominado Pacto Verde Europeo, que está amenazado. El desmontaje de las políticas ambientales es una de las principales batallas en el seno de la UE y también dentro del Colegio de Comisarios.

La Comisión Europea también pretende introducir “flexibilidad” a la hora de distribuir la reducción de emisiones entre los sectores económicos. “Tendremos menos requisitos detallados, menos sub-objetivos y se permitirá más flexibilidad entre los sectores y los instrumentos”, apuntan esas fuentes.

“Acordar el objetivo climático del 90% nos proporciona un faro claro para guiar nuestras acciones futuras. Estamos respondiendo a europeos que siguen estando firmemente a favor de la acción por el clima. Por eso hoy hemos decidido seguir adelante con nuestras políticas climáticas, ya que son fundamentales para alcanzar otros objetivos de política social y económica, como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos y empresas. No estamos eligiendo entre la economía y la agenda verde, estamos eligiendo ambas. Europa reafirma su compromiso con una transición verde justa, ambiciosa y competitiva”, afirma la vicepresidenta primera, Teresa Ribera.