El juez sitúa a Acciona en el centro del caso Cerdán y le atribuye el pago de las mordidas

El juez Leopoldo Puente, en su esfuerzo por argumentar la decisión de enviar a prisión provisional a Santos Cerdán, dictó el lunes un prolijo auto que resume el estado de la investigación. El caso del amaño de adjudicaciones del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas tiene, entre sus hilos conductores, a Acciona, la constructora del Ibex a la que el magistrado atribuye en la trama el papel de corruptor.

El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez. El magistrado dice que la obtención de contratos por la constructora de la familia Entrecanales, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama. Completa este hilo conductor el hecho de que en los casos bajo investigación, Acciona y la otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribe el juez del Tribunal Supremo.

Las adjudicaciones bajo sospecha superan los 600 millones de euros y proceden principalmente de dos entes dependientes del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió hasta 2021: el gestor ferroviario Adif y la Dirección General de Carreteras. La mayoría de ese importe, 537 millones (más del 80% del total), corresponde a cinco adjudicaciones para Acciona. Y van desde enormes infraestructuras, como el soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, a otras de menor envergadura.

El cruce de las fechas de las licitaciones bajo sospecha y las conversaciones y mensajes incautados a Koldo García ha permitido aflorar sólidos indicios de que Acciona habría pagado 550.000 euros en mordidas a Ábalos y su asesor a cambio del amaño de estos contratos. Además, según el juez, habría “otros 450.000 euros igualmente comprometidos”, lo que elevaría la cantidad a “un millón en total, en términos aproximados”. La compañía ha abierto una investigación interna y el pasado 16 de junio anunció su primer despido. Su presidente, José Manuel Entrecanales, dijo en la última junta de accionistas que se sentía dolido por el “impacto reputacional” que pudieran tener estas revelaciones.

El “método” iniciado en Navarra

El informe de la Guardia Civil puso de manifiesto, no obstante, que la vinculación de Cerdán y Koldo García con Acciona se habría iniciado mucho antes, en Navarra, a través de Fernando Merino, entonces responsable de la constructora en la comunidad foral y en La Rioja. Merino fue despedido en abril de 2021. El magistrado alude al “método” que habrían inaugurado entonces y que luego exportaron a Madrid cuando Cerdán fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, en 2017. En este “método” quien paga es Acciona. Así lo explica el juez: “Se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura”.

De la etapa de Navarra deriva la relación con Servinabar 2000, una pequeña mercantil administrada por Antxon Alonso, un íntimo amigo de Cerdán, y con la que Acciona se asoció a partir de 2015. El juez considera “inequívoca” la “vinculación” de Cerdán con Servinabar 2000 y destaca que accedió a ciertas adjudicaciones de obras en compañía de Acciona a pesar de “sus mínimas dimensiones y nula experiencia”.

Los agentes encontraron en casa de Antxon Alonso un documento fechado en 2016 que otorga a Cerdán un 45% de la propiedad. Según el contrato privado de compraventa, firmado por ambos, el ex ‘número tres’ del PSOE pagó 6.000 euros por 1.350 participaciones de Servinabar 2000. Ante el juez, Cerdán afirmó que nunca llegó a adquirir esas participaciones, aunque había pensado hacerlo porque el PSOE estaba en sus horas más bajas y consideró abandonar la política. Explicó que, tras una conversación con su mujer, rompió el contrato y decidió no seguir adelante.

Las grabaciones secretas que Koldo García realizó durante más de cuatro años también evidencian los movimientos de los implicados para premiar a Acciona. En una de ellas, fechada en abril de 2019, ministro y asesor aparecen hablando del reparto de obras públicas para diferentes empresas, entre ellas Acciona. Koldo García le comunica a Ábalos que ha hablado con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que de los contratos pendientes de licitar dos fueran para la empresa señalada por él.

Koldo García: “Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?”

Ábalos: “Habla con SANTOS, eh”.

Según la UCO, esos mensajes revelan que aunque Koldo García pasó a depender orgánicamente de Ábalos en el Ministerio, Cerdán mantuvo ascendencia sobre él. Tanto es así que, sin tener ningún cargo en Transportes ni en el Ejecutivo, seguía recibiendo novedades del asesor sobre contrataciones públicas de Acciona y “le trasladaba ciertas indicaciones a este para la consecución de las mismas”. Los investigadores consideran que la figura de Koldo “habría permitido [a Santos Cerdán] poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos en el Ministerio de Transportes”.

La reforma del Código Penal de 2010 permitió la imputación de las personas jurídicas. Hasta ahora, la compañía ha intentado descargar la responsabilidad para su responsable en Navarra y La Rioja cuando se produjeron los hechos, Fernando Merino, que está fuera de la empresa desde 2021. No obstante, cinco años después, el PP aprobó en solitario una reforma que limitaba los efectos de la ley al eximir de esa responsabilidad a las empresas que pudieran demostrar que tenían planes de control antes de la comisión de un delito.

En una junta de accionistas celebrada la pasada semana, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, dijo que “los hechos se relacionan directamente con la conducta de un exempleado de una filial del grupo [Acciona Construcción] que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares”.

Fernando Merino, el ex directivo de la compañía imputado, prestará declaración el próximo lunes, día en el que también está citado el administrador único de Servinabar, Antxon Alonso. Fuentes jurídicas consideran que una eventual imputación de Acciona como persona jurídica se produciría siempre después de la declaración de Merino.