El Defensor del Pueblo inicia una macroactuación para pedir cuentas a las administraciones sobre sus políticas de vivienda

El Defensor del Pueblo inicia una macroactuación para pedir cuentas a las administraciones sobre sus políticas de vivienda

La institución pide al Ministerio, las comunidades autónomas y las diez ciudades más pobladas información sobre las medidas que están aplicando, el número total de viviendas protegidas en sus territorios y las personas en lista de espera para recibir ayuda

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Al Ministerio de Vivienda, a las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla y a los diez ayuntamientos más poblados del país. El Defensor del Pueblo ha puesto en marcha una macroactuación de oficio para solicitar a estas administraciones información sobre las políticas públicas que hayan puesto en marcha “para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada”, ante lo que Ángel Gabilondo considera “un problema grave, debido a los altos precios” y los “retrasos considerables en la gestión de las ayudas” destinadas a paliarlo, que “ahondan en la desigualdad entre los ciudadanos y condicionan su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos”.

En total, desde la institución se han iniciado un total de 30 actuaciones. Además de solicitar a estas administraciones información relativa a las medidas que estén o que planeen llevar a cabo “para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada”, el Defensor les pide conocer a cada una de ellas “información concreta” sobre el número total de viviendas protegidas y asequibles que existen en su territorio, el número de personas en lista de espera para la adjudicación de una de estas casas de protección pública y las medidas dirigidas a incrementar el parque público.

El Defensor del Pueblo defiende que “se necesitan más viviendas protegidas”, puesto que “España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que solo representa el 3,3%”, frente a países como Francia, con el 17%, o Países Bajos, con el 30%. O de la misma media europea, que se sitúa en el 10%, tres veces más.

Esta macro actuación de oficio señala a todas las administraciones porque “la situación de dificultad de acceso a al vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes”, aunque “es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados y a las personas y unidades familiares con ingresos medios”, advierte la institución.

Además de al Ministerio y a las comunidades y ciudades autónomas, Gabilondo ha requerido información a las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, por criterios de población, que deberán responder —también las comunidades— si en sus territorios hay zonas tensionadas. Por el momento, de los municipios citados, solo Barcelona ha aplicado esta herramienta que permite la Ley Estatal de Vivienda, para controlar las subidas de precios, además de algunos territorios de Euskadi, Navarra, Asturias y en A Coruña.

El Defensor del Pueblo recuerda que “el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que los poderes públicos deben hacer realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo”. Aunque por el momento no esté ocurriendo: el precio del alquiler ha subido casi un 40% en una década y 1,5 millones de hogares dedican más del 30% de sus ingresos, la línea roja que marcan organizaciones nacionales e internacionales, a pagar la renta.

En su último informe anual, el Defensor ya había hecho hincapié en “la existencia de un problema grave de acceso que lleva tiempo preocupando”, como había venido plasmando en otros anuarios. En el de 2024, recordaba que “los poderes públicos han de actuar con la mayor determinación en la promoción de las condiciones necesarias y en la adopción de las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En ese sentido, señalaba que “los ciudadanos se dirigen a esta institución expresando las dificultades que encuentran para acceder a una vivienda a precio de mercado” y para denunciar “las demoras que se producen en la recepción de las ayudas existentes”.

Al margen de las políticas destinadas a paliar la crisis residencial, el Defensor ha pedido información al Ministerio de Vivienda sobre el nuevo Plan Estatal. La ministra Isabel Rodríguez lleva meses manteniendo reuniones en este sentido. En concreto, según fuentes de este departamento, se han mantenido contactos con Euskadi, Catalunya, Navarra, Asturias, Canarias y con Galicia, la única comunidad con mayoría del PP en aceptar, por el momento, los tres requisitos que puso el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes: triplicar la inversión en políticas de vivienda y aumentar la cofinanciación para que estas asuman el 40%, frente al 60% del Estado; que las viviendas financiadas con fondos públicos formen parte del parque público a perpetuidad; y que se ofrezcan datos oficiales de forma transparente.

“Si todas las comunidades autónomas asumen esos compromisos, la ministra Isabel Rodríguez convocará una conferencia sectorial para abordar de forma conjunta el nuevo plan. De lo contrario, las negociaciones se llevarán a cabo de forma bilateral”, dicen fuentes ministeriales, que recuerdan que “el Estado tiene potestad para dirigir y condicionar las políticas de vivienda que se llevan a cabo con sus fondos”. Es decir, el Gobierno cerrará el grifo de la financiación a quien no asuma sus condiciones, que consideran “de mínimos y de sentido común”.