Las dudas sobre la transparencia en el pueblo madrileño de Chapinería causan un cisma en la corporación municipal

El antiguo concejal de Transparencia y Participación Ciudadana de Chapinería, un pueblo de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid de apenas 2.600 habitantes, fue apartado hace semanas por la alcaldesa de la localidad del Gobierno de coalición que formaron tras las últimas elecciones municipales.

En las últimas elecciones, el partido de Xabier Pedroso, Mejorar Chapinería (MeCha), tenía la llave del Gobierno. Para evitar que llegara al poder la derecha del PP y la extrema derecha de Vox, finalmente apoyaron un tripartito formado por cuatro concejales de Independientes por Chapinería (IC) y un concejal del PSOE. “Desde el principio teníamos claro que queríamos la Concejalía de Transparencia y Participación Ciudadana. Nuestra idea era escuchar al pueblo para poder hacer una mejor política”, introduce el también profesor de instituto.

Sin embargo, no les fue posible firmar un pacto programático con sus socios de Gobierno. “Lo intentamos, pero nunca llegamos a ello”, dice Pedroso. La actual alcaldesa, Lucía Moya, de IC, añade que “el primer año y algunos meses más” funcionaron “muy bien, pero la cosa cambió”. Entre tanto, conjuntamente aprobaron por primera vez en la historia de Chapinería que la regidora percibiera un salario por sus funciones. “Entendíamos, y lo seguimos haciendo, que una persona con dedicación exclusiva debe cobrar. Es una forma de evitar que solo puedan ser alcaldes gentes con dinero”, apuntilla Pedroso. A día de hoy, Moya percibe una asignación mensual de más de 2.500 euros, es decir, unos 30.146 euros brutos al año, según aparece en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

“La idea de tener esta Concejalía era poseer acceso a información económica de todas las demás, algo muy transversal, porque aquí nunca se han rendido cuentas a la ciudadanía”, expresa el mismo Pedroso. Otro de los objetivos era potenciar la participación, sobre todo de la gente más joven de la localidad. Durante un tiempo lo hicieron a través de laboratorios ciudadanos.

Sin debate en las decisiones

Sin embargo, MeCha se chocó contra varios muros a la hora de materializar sus pretensiones. El primero llegó cuando publicaron los gastos de las fiestas del pueblo, en 2023. “El presupuesto eran unos 120.000 euros y 70.000 eran solo para toros. Que la gente pudiera ver por primera vez en gráficos a dónde se destinaba su dinero causó malestar, no entre los taurinos, sino en IC”, relata. Su intención era ir mucho más allá. Pedroso admite que deseaba “publicar todos los años los números generales del Ayuntamiento, en donde más de la mitad del presupuesto se va en los salarios de los trabajadores municipales”.

Otro muro con el que chocaron fueron los órdenes del día de las juntas de gobierno. “No había debate alguno. Lo que mandaba la alcaldesa, eso era lo que se tenía que hacer. Nosotros pedíamos informes, documentación, apertura de expedientes para consultarlos con calma, pero nada. No entendían que éramos un tripartito”, expresa el antiguo concejal.

Su versión choca frontalmente con la de Moya, quien afirma que se celebraban reuniones regulares, pero la actitud de MeCha cambió tras una confrontación por un parque infantil de la localidad. “Empezaron una dinámica de no decir nada en las reuniones, de no opinar, solo que lo tenían que comentar con su grupo”, dice.

Arrastran problemas de transparencia

Una de las mayores luchas emprendidas por Pedroso y MeCha ha sido la actualización del Portal de Transparencia del Ayuntamiento. “El portal no está actualizado actualmente conforme marca la ley, faltan contratos mayores, información de subvenciones e información económica, además de no ser fácilmente accesible a través de la web”, comenta el profesor de un instituto en Alcorcón. Moya, por su parte, señala que intentaron actualizarlo “con los medios” de los que disponen.

De todas formas, este no es el único problema de transparencia al que se enfrentan desde Chapinería. El secretario-interventor del municipio, José Ignacio Díaz, ejerce la fiscalización financiera de Chapinería desde 1992 y percibe un salario por ello de más de 4.800 euros al mes entre sueldo y pluses. En su informe anual sobre el control interno del Consistorio rubricado por Moya en abril de 2025 dedica varias páginas a algunas de las “deficiencias más significativas”, tal y como las presenta. Por ejemplo, resalta que “existe un elevado gasto corriente que se contrata mediante contratación menor cuyo elevado número y reiteración facilita que se incurra en fraccionamientos de contrato e impida la libre concurrencia a los mismos”.

A eso se añade que “existen contratos que se repiten año tras año, que deben licitarse”, al igual que se ha dado “algún caso de gasto corriente efectuado sin expediente de contratación”. En cuanto a las deficiencias formales, el secretario-interventor incide en que “existe alguna deficiencia técnica en la comprobación y conformación de facturas, que identifique la debida prestación” y que “no existe una práctica o rutina de justificación documental de las subvenciones concedidas”. Además, “se han detectado deficiencias derivadas de la propia estructura de la organización municipal, que limita el alcance de la fiscalización en el procedimiento de gestión de ingresos”.

Moya se defiende de todo ello. “No estamos fuera de la legalidad”, subraya. Además, exclama que desde el Ayuntamiento siempre envían a la Comunidad la justificación de todas las subvenciones concedidas. “Si no, no te las dan”, apuntilla.

Sin dinero para otras irregularidades

La aplicación de la Ley de Memoria Democrática es otra de las cuestiones que MeCha demanda en el municipio. La alcaldesa responde: “Tenemos que tapar unas flechas del escudo de la Falange grabadas en piedra. La idea es poner el escudo de Chapinería encima, pero no tenemos dinero”. Pedroso también enfatiza que no hay aprobada una relación de puestos de trabajo en el Consistorio, mientras Moya aduce que ya se ha empezado a elaborar. “No se ha hecho antes porque no había llegado el momento”, concreta.

Tampoco existe un plan municipal de gestión de residuos ni una ordenanza reguladora de Control Financiero, algo que la regidora considera recomendable pero no obligatorio. “Intentamos sobrevivir así para no gravar la economía de la gente porque todo es cuestión de dinero”, apunta la alcaldesa.

Asimismo, desde MeCha sostienen que “se llevan años haciendo reparos contables por falta de tramitación”. La regidora, en este sentido, se escuda en que todos proceden de un vaivén con la licitación de la recogida de residuos y de algunos conflictos menores. Además, Pedroso detalla que no existen criterios objetivos ni medibles a la hora de otorgar las pagas de productividad. Este extremo incluso es afirmado por Moya al decir que es la concejala de Personal, Carmen Freire, quien “se guía por el esfuerzo extra que en algunos momentos realiza la plantilla en cada departamento”.

Amparo al Defensor del Pueblo

Así las cosas, desde MeCha empezaron a votar en contra de todas aquellas mociones presentadas por IC que no veían con buenos ojos. “Nosotros no firmamos ningún cheque en blanco, estábamos ahí para negociar”, reitera Pedroso. Moya le echó de su Gobierno el 27 de mayo de este año.

Ahora, el antiguo concejal de Transparencia ha acudido al Defensor del Pueblo, donde ha denunciado las irregularidades que han visto en todo este tiempo y que, según el relato de Pedroso, la alcaldesa se ha negado a cambiar. “Denunciaremos otras cosas ante la Justicia por si se estuviera incurriendo en alguna acción que pudiera ser penalizada”, añade.

Moya, por su parte, enfrenta la mitad de la legislatura en minoría, como ya hiciera durante su anterior mandato. “Esto es una democracia parlamentaria y cada uno puede tomar la decisión que le parezca. Nosotros seguiremos trabajando por el pueblo”, se despide la regidora.