Cine en zonas rurales, cultura en las cárceles y entornos sanitarios, entre las medidas del Plan de Derechos Culturales

El Ministerio de Cultura ha presentado este martes su Plan de Derechos Culturales, una línea de medidas en el que lleva trabajando un año, y para el que han contado con la participación de más de 300 expertos en la materia, entidades, asociaciones y más de 1.000 aportaciones individuales. También ha contado con la contribución de las Comunidades Autónomas, aunque han sido únicamente seis las que han formado parte del proceso de forma “activa”: Canarias, Murcia, Asturias, Aragón, Catalunya y País Vasco. El Plan incluye un total de 146 medidas. Entre sus objetivos están garantizar la participación cultural de todas las personas en igualdad de condiciones y consolidar los derechos culturales como marco de acción pública.

“Este es un proyecto de Estado, del Ministerio de Cultura, no de un partido político”, ha defendido Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, en la presentación que ha tenido lugar este martes en el Museo Reina Sofía de Madrid. La responsable ha reivindicado así que, independientemente del contexto de crisis que está viviendo actualmente el Gobierno, desde el Ministerio esperan cumplir los plazos que se han propuesto para llevar a cabo el Plan (2027 y 2030), independientemente de lo que ocurra en la legislatura. “Esta es una cuestión de interés general, de igualdad en el acceso y para que el sector tenga mayor sostenibilidad”, ha añadido, tras insistir en que “aunque el trato ha sido diferente con cada CCAA, han participado de todos los gobiernos”.

La hoja de ruta cuenta con una dotación de 79.300.391 euros hasta 2027, de los cuales más de 46 millones corresponden a nueva inversión pública. El Plan cuenta con cinco ejes, que abordan desde garantizar la participación cultural en igualdad de condiciones, para asegurar que todas las personas puedan acceder, participar y contribuir en la vida cultural.

Para ello van a aplicar una serie de descuentos que tengan en cuenta a las familias monoparentales y personas con un 25% de discapacidad. Aquí se enmarca igualmente un proyecto penitenciario dirigido a mujeres. “Cuando una persona se ve privada de libertad, uno de los derechos que no debe perder es el derecho a la cultura”, ha comentado Jazmín Beirak. Del mismo modo van a desarrollar un estudio sobre desigualdad en el ámbito de la cultura para “poder objetivar” y seguir respondiendo a las necesidades que se detecten.

Otra de las novedades –en la línea del proyecto aún en fase piloto Cine Escuela ideado para acercar a colegios e institutos a las salas– es una plataforma para llevar el cine a zonas rurales, para dotar a aquellos municipios que estén alejados de los circuitos comerciales, un catálogo de exhibición para que puedan organizar cineclubs o cines de verano y, con ello, “fomentar el visionado colectivo y generar procesos de comunidad”. Del mismo modo se va a reconocer el romaní y el caló impulsando su inclusión en la Carta Europea y apoyando a entidades que promueven la cultura y lengua del pueblo gitano.

Además, el Plan añade proyectos educativos y formación artística para el profesorado, acciones con el Comisionado de Salud Mental para potenciar el vínculo entre cultura y salud; y junto al Ministerio de Transición Ecológica para impulsar la equidad cultural en el territorio y combatir la despoblación. Menos presente está la formación de los artistas españoles, en forma de posibles ayudas para que aquellas personas que quieran dedicarse al cine, la música o la literatura puedan aprender sin tener que recurrir a los centros de educación privada de la que depende en líneas generales. Algo que según ha explicado Beirak, depende del Ministerio de Educación, con el que ha colaborado en la elaboración de la Ley de Enseñanzas Artísticas aprobada en 2024.

El documento aglutina algunas de las medidas que el Ministerio de Cultura ya había puesto en marcha, como el trabajo en el Estatuto del Artista –para cuya culminación todavía no hay fecha prevista, y que contemplará el fortalecimiento del tejido asociativo y sindical cultural–, el Plan de Igualdad de género en la cultura, la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Cultural y la labor de memoria histórica. En este último punto entra la devolución de bienes incautados durante el Franquismo, como las obras de Pedro Rico que fueron entregadas a su familia el pasado mes de junio.

Otra de las prioridades del plan es abordar los retos contemporáneos desde la cultura. La directora ha sostenido que desde este ámbito “se puede dar una respuesta colectiva a muchos de los desafíos que tenemos por delante”, pensando en la construcción de futuros más justos y sostenibles. Aquí se enmarca la prometida descolonización de los museos desde que Ernest Urtasun tomó el liderazgo del Ministerio de Cultura, para el que ha avanzado que en otoño presentarán los resultados del trabajo realizado en el Museo de América y el Antropológico, que deberían servir de guía para ampliar este proceso al resto de museos estatales.

La defensa de la libertad artística y el freno a la injerencia y la censura son otros de los aspectos en los que se ha realizado especial hincapié durante la presentación. Para ello, además de seguir trabajando caso a caso, siempre que se den situaciones de conflicto, el Ministerio va a elaborar un Código de Buenas Prácticas. Jazmín Beirak ha reconocido que uno de los grandes retos a los que se enfrentan desde el Ministerio es acercar la Cultura a la ciudadanía, señalando como posible motivo “que las políticas culturales no le ha prestado la atención necesaria ni la ha colocado como sujeto activo. El giro de las políticas culturales hacia las necesidades tiene que ver precisamente con intentar esta reconexión”.

El culmen será el desarrollo de una Ley de Derechos Culturales prevista para 2027, en la que ya están trabajando.