Una jueza ordena a Trump poner fin a las detenciones de migrantes con sesgo racial en California
Los demandantes acusaban a los agentes de detener a personas por su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia legal. La orden llega después de que agentes federales irrumpieran en una plantación de cannabis –legal en California–, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes con el resultado de un trabajador muerto y múltiples heridos
Ketanji Brown Jackson, la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump
Redadas con sesgo racial. Una jueza federal ha ordenado este viernes a la Administración Trump poner fin a las detenciones y arrestos indiscriminados de migrantes en siete condados de California, incluido Los Ángeles.
Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron la demanda la semana pasada, acusando al Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar sistemáticamente a personas de piel morena en el sur de California durante su ofensiva contra las personas migrantes.
Los demandantes incluyeron en su denuncia los casos de tres migrantes detenidos y de dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes, informa Associated Press.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito, pedía a la jueza que impidiera al Gobierno el uso de tácticas inconstitucionales en las redadas migratorias: acusaban a los funcionarios de inmigración de detener a personas por su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.
La jueza Maame E. Frimpong también emitió una orden separada que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso a abogados en el centro de detención de migrantes de Los Ángeles.
Frimpong emitió sendas órdenes de emergencia, que son una medida temporal mientras se tramita la demanda, al día siguiente de una vista en la que grupos de defensa de derechos humanos argumentaron que el gobierno estaba violando la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución.
Frimpong escribió en la orden que se había presentado una “montaña de pruebas” que demostraban que el gobierno federal estaba cometiendo las violaciones de las que se les acusaba.
“Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política migratoria; esa autoridad reside en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson, informa AP.: “Las operaciones requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que exceden con creces el ámbito o jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que esta grave extralimitación de la autoridad judicial se corrija en apelación”.
Las comunidades migrantes y latinas del sur de California llevan semanas en vilo por la intensificación de los arrestos en los lavaderos de coches, aparcamientos de las tiendas Home Depot y en diversos comercios. Decenas de miles de personas han participado en manifestaciones contra las redadas y el posterior despliegue unilateral por parte de Trump de la Guardia Nacional y los marines..
La orden de la jueza también se aplica al condado de Ventura, donde autobuses llenos de trabajadores fueron detenidos el jueves después de que agentes federales irrumpieran en una plantación de cannabis –legal en California–, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes con el resultado de un trabajador muerto y múltiples heridos.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), citada por AP, la reciente ola de control migratorio se ha visto impulsada por una “cuota arbitraria de arrestos” y basada en “estereotipos generalizados basados en la raza o la etnia”.
Al detener a los tres jornaleros de la denuncia, los agentes de migración solo sabían que eran latinos y vestían ropa de construcción, según la demanda. A continuación, describe redadas en mercados y tiendas Home Depot donde, según los testigos, los agentes federales detenían a cualquiera que “pareciera hispano”.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, declaró que “cualquier afirmación de que las fuerzas del orden hayan hecho ‘selecciones’ de individuos debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falsa”.
McLaughlin afirmó que “los operativos policiales son altamente selectivos y que los agentes actúan con la debida diligencia” antes de realizar arrestos. Tras el fallo, afirmó que “la jueza de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”.
El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, afirmó que Brian Gavidia, uno de los ciudadanos estadounidenses detenidos, fue “agredido físicamente… sin otra razón que ser latino y trabajar en un depósito de grúas en un barrio predominantemente latinoamericano”.
Tajsar preguntó por qué los agentes de inmigración detuvieron a todos en un lavadero de coche excepto a dos trabajadores blancos, según la declaración de un trabajador del lavadero, si la raza no era un factor determinante.
En representación del gobierno, el abogado Sean Skedzielewski afirmó, según AP, que no había evidencia de que los agentes federales de inmigración consideraran la raza en sus arrestos, y que solo consideraron la apariencia como parte de la “totalidad de las circunstancias”, incluyendo la vigilancia previa y las interacciones con personas en el campo.
Abogados del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes y otros grupos afirman que también se les ha negado el acceso a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el centro de Los Ángeles, conocida como “B-18”, en varias ocasiones desde junio, según documentos judiciales.
