Un nuevo error del juez Peinado lleva al archivo una causa contra la supuesta criptosecta IM Academy

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa que investigaba a IM Academy, una supuesta secta que recluta mayoritariamente a jóvenes con la promesa de ganar grandes fortunas en el mercado de las criptomonedas. El motivo principal de abandonar la causa no ha sido otro que el vencimiento del periodo de investigaciones: después de un año, este periodo formal caduca y el magistrado no lo amplió cuando debía, a mediados de 2022, y ni siquiera llamó a declarar a los acusados. Todas las pruebas recabadas en los últimos tres años resultan inútiles ya que no se inscriben dentro del periodo oficial. El mismo juez, que investiga a Begoña Gómez, ya se vio obligado a archivar una causa de supuestas irregularidades en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid por saltarse los plazos de instrucción.

Así, la organización que, según el propio Peinado, tenía indicios de delito, usaba “presiones sociales” contra los alumnos a los que utilizaba para conseguir nuevos clientes y hacía “recomendaciones diarias de ideas de inversión y operaciones sobre productos financieros, sin advertir del riesgo que podían conllevar y asegurando la fiabilidad de la inversión” queda totalmente impune a la espera de los recursos que ya han presentado los afectados.

Han sido más de cuatro años de espera para los denunciantes: 14 familiares de las víctimas y la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (REDUNE). Todos ellos hicieron una primera denuncia conjunta en marzo de 2021 con el letrado Carlos Bardavío en la que acusaban a IM Academy de organización criminal, estafa en masa, coacciones psicológicas y amenazas, delito contra los derechos de los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social así como publicidad engañosa.

El primer movimiento de Peinado fue declarar la causa bajo secreto de sumario en octubre de 2021, mateniéndolo así hasta marzo de 2022, casi toda la investigación. Cinco días después venció el plazo de un año que la ley daba al juez para investigar el caso y, para entonces, solo existía la denuncia y el volcado de los móviles de las ocho cabezas visibles de la organización. Peinado optó por seguir investigando y se enzarzó en una larga pelea por el Supremo sobre si el caso debía llevarse en su juzgado o en la Audiencia Nacional, llegando incluso a dictar auto de procesamiento, pero con un problema: nunca pidió formalmente la ampliación del plazo de investigación, por lo que toda la información que recaba a partir de este momento no puede tomarse en cuenta a la hora de juzgar a los acusados.

Fueron los imputados los que pidieron el archivo del caso, obteniendo el apoyo de la Fiscalía. El pasado 17 de junio, el Ministerio Público informó al juez de este error y pidió que se archive la causa. Por la caducidad de buena parte de las pruebas y porque, con las escasas diligencias completadas en plazo, no había material suficiente para encausar a nadie. Tres días después el juez reconoció de facto su error y archivó el caso.

“No consta que se confiriera formalmente la condición de investigados a ninguno de los detenidos, si bien se personaron en la causa, ni que se les llamara a declarar en tal calidad”, dice Peinado sobre sus propias decisiones que llevan al archivo. “Tampoco se acordó la prórroga de la fase de instrucción”, añade. Un plazo límite que vencía el 20 de marzo de 2022 y que “fue sobradamente rebasado”, añade copiando y pegando los argumentos de la Fiscalía. Con las escasas pruebas que consiguió recabar, añade el propio juez, tampoco queda claro que hubiera una ‘criptoestafa’ masiva: “El eventual perjuicio causado individualmente considerado no es elevado”, razona.

El resultado, tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar elDiario.es, es un auto de sobreseimiento provisional que, en la práctica y salvo la aparición de nuevas pruebas, constituye el archivo de la causa, aunque el juez invita a los afectados a reclamar su dinero por la vía civil. Tras conocer esta decisión, todos los denunciantes han presentado un escrito conjunto en el que piden formalmente a la justicia que se anule la decisión de Peinado de archivar en caso argumentando “vulneración de la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías e indefensión material”.

La supuesta academia que tanto el juez como la policía consideraron una “estafa piramidal” y que estaba acusada de usar “prácticas coercitivas”- como las de una secta- vivió un auge a partir de 2021. En julio de aquel año, cientos de chavales, entre ellos algunos menores, se reunían en un evento organizado por IM Academy en el que se respiraba el entusiasmo de un público joven encantado con el futuro que les esperaba según sus ponentes: dinero y éxito rápido sin necesidad de estudiar. La realidad, mientras caminaban hacia esta promesa, era que muchos abandonaban sus estudios y trabajos y se aislaban de sus familiares como consecuencia del “adoctrinamiento” que sufrían, según relataban los testimonios de las familias denunciantes.