
Otro capítulo del ‘kioscogate’ en Zaragoza: ‘privatizado’ con terrazas uno de los principales miradores del Parque Grande
El Cabezo de Buenavista se llena de veladores instalados por uno de los nuevos establecimientos impulsados por el Gobierno del PP en esta zona verde. «Es ya la gota que colma el vaso», dicen los vecinos
“Esa terraza era mi vida. Aún no soy capaz de pasar por ahí”
El mirador del Cabezo de Buenavista, uno de los principales puntos del Parque Grande desde el que contemplar Zaragoza, ya no está abierto al público. Al menos, no al 100%. El motivo es que uno de los kioscos impulsados por el entonces alcalde Jorge Azcón y por su sucesora Natalia Chueca ha llenado de terrazas este espacio, en una privatización que ha recibido quejas vecinales y críticas de los partidos.
En concreto, se trata del restaurante Pura Brasa, abierto hace quince meses y que sustituyó al antiguo Merendero Cabeza Buenavista, que había sido un negocio familiar desde casi un siglo atrás. Se trata de una de los establecimientos cuya concesión decidieron renovar los populares al poco de llegar Azcón al Gobierno municipal, lo que provocó una gran controversia. En el caso del Parque Grande, cinco de los seis kioscos acabaron en manos de firmas de Juan Forcén, un empresario muy próximo al ahora presidente autonómico.
Cuestionado acerca de las terrazas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha informado a este periódico de que las terrazas están “en regla” y “no incumplen la normativa”.
Los pliegos del concurso, de hecho, ya recogían la posibilidad de “incorporar dentro de la actividad” del kiosco el mirador. En realidad iban más allá: abrían la puerta a acristalar el espacio situado “entre los pilares”, aunque dejando espacio con el muro exterior “para que se continúe leyendo la estructura original de la pérgola”. La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico mostró en un dictamen su oposición al cerramiento con el objetivo de que recinto “no pierda su funcionalidad como mirador”. El Area de Servicios Públicos lo desechó con el argumento de que esta cuestión no es de su competencia, ya que la instalación “no menoscaba su conservación”.
En la solicitud de licencia por parte de la adjudicataria, Ribs Puerto Venecia SL –única que ofertó y propiedad de Forcén– se incluía el “cerramiento acristalado” con una superficie de casi 90 metros cuadrados. Por ahora, no se ha llevado a cabo.
Otra perspectiva de las terrazas situadas en el mirador del Parque Grande.
Los vecinos han mostrado su oposición a la ocupación con terrazas del mirador.
“Es ya la gota que colma el vaso, se suma a la privatización de otros espacios en los Pinares de Venecia como la ampliación del parque de Atracciones y que pone en riesgo más de 3.000 pinos allí existentes”, apuntan desde la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia. Esta organización considera “urgente” detener iniciativas como esta: “Las inversiones deben destinarse a mejorar la vida en la ciudad, por lo que desde los colectivos sociales no vamos a cejar en nuestro empeño para que la privatización se revierta y este mirador pase a ser de nuevo patrimonio de la ciudad, como ha sido durante más de un siglo”.
La Plataforma lamenta que “los bares que existían en el Parque Grande y la gestión familiar que ofrecía precios asequibles para el conjunto de la población” ha pasado “a las manos de la empresa de Juan Forcén, que los ha convertido en restaurantes de lujo”.
Otro colectivo que critica la ocupación del mirador es la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). Su presidenta, la historiadora Belén Boloqui, cree que el Parque Grande “debería de ser bien de interés cultural en la categoría de Jardín Histórico” tanto por su “antigüedad” como por sus “características”. Que no lo sea constituye, desde su punto de vista, “una ausencia lamentable, dentro de esos errores garrafales que se manifiestan en el actual catálogo de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y también del Ayuntamiento de Zaragoza, en la categoría correspondiente”.
Boloqui cree además “un atropello” lo propuesto en su día por el área del Servicios Públicos frente al dictamen de la Comisión de Patrimonio en contra del acristalamiento. “Está haciendo consideraciones sobre un paisaje que, en su globalidad, no deja de ser un jardín histórico, aunque no esté catalogado estrictamente como tal”, explica, lo que en su opinión otorga a Patrimonio “potestad para manifestarse sobre elementos históricos” como el mirador. “Me parece una irregularidad en toda regla”, incide.
Un espacio “emblemático”
Desde el PSOE de Zaragoza muestran su rechazo a “la privatización del espacio público, que debe ser de todos”. Los socialistas consideran que el mirador del Cabezo de Buenavista “es emblemático”. “Es un lugar antes abierto al encuentro y al disfrute colectivo, convertido hoy en una terraza privada donde sólo se accede al ocio y al paisaje si se paga”, apuntan fuentes del grupo municipal. “No queremos una ciudad donde el espacio común se convierta en negocio, como ha pasado ya en otras ocasiones”, aseguran, y ponen como ejemplo “la celebración del espectáculo Luzir también en el Parque Grande”.
Para Zaragoza en Común, la “ocupación” de este espacio “es el máximo ejemplo de cómo Natalia Chueca pone en venta hasta los atardeceres de la ciudad para que sus amigos hagan caja”. La formación pone el acento en “todas las irregularidades detectadas en las concesiones de las licencias de estos kioscos y que Vox frenara la comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor”. A esto se suma el “retraso” en el comienzo de las obras de kiosco del parque Pignatelli, adjudicado en 2022 y que obligaba a habilitar una zona recreativa que “aún va con más retraso”.
El grupo municipal explica que pidió en febrero al Gobierno del PP en Zaragoza el informe sobre “el cumplimiento de las actividades culturales” exigidas en el pliego de condiciones a los kioscos del Parque Grande adjudicados a Forcén. “La contestación fue que aún no tenían la información ya que debían presentar la memoria en marzo, y a fecha de hoy el gobierno no nos ha remitido dicha información”, indica.
La programación cultural era, según ZEC, “uno de los apartados que se valoraban en la adjudicación, y en algunos casos fue determinante frente a otras ofertas”. Su incumplimiento apunta la formación, “debería conllevar sanciones”.
Desde Zaragoza en Común apuntan, con “todos estos indicios”, a “un posible trato de favor” e insisten en pedir “una comisión de investigación sobre estas licitaciones”.