Andalucía amplía el contrato a dedo con clínicas privadas para asistir el verano tras cerrar el 75% de centros públicos de tarde

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha prorrogado tres meses más los contratos negociados sin publicidad (a dedo) con clínicas privadas, en activo desde junio de 2024, para derivar a cientos de pacientes en lista de espera quirúrgica.

Estos contratos, suscritos con hospitales privados en siete de las ocho provincias andaluzas, expiraban a partir de este viernes 18 de julio, dejando la totalidad de las cirugías pendientes de realizar en manos de una sanidad pública a medio gas por las vacaciones estivales de los médicos.

El periodo de vigencia de esta nueva prórroga de contratos con la sanidad privada abarca los meses de julio, agosto y septiembre, en los que la Junta había programado el Plan de Verano 2025 para suplir los descansos del personal sanitario. Este año, el citado plan cuenta con menos presupuesto y menos contrataciones que el año pasado, y ha previsto el cierre del 75% de los centros públicos de salud por las tardes.

El Plan de Verano 2025 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está dotado con 135 millones de euros frente a los 144 millones del año pasado. El número de contratos de sanitarios previstos para estos tres meses estivales es de 36.500, frente a los 37.300 de 2024, según los datos de la Consejería de Salud, que no especifica cuántos de esos contratos durarán menos de un mes.

Ahora, el SAS ha adjudicado a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, otros 12,7 millones de euros a los mismos hospitales privados que vienen cubriendo el exceso de pacientes en lista de espera para operarse y para realizarse pruebas de diagnóstico en la sanidad pública desde 2020, año de la pandemia de Covid-19.

El pasado febrero, el Consejo de Gobierno autorizó las prórrogas de estos contratos a dedo hasta este verano, duplicando el presupuesto total en “asistencia quirúrgica complementaria” con la sanidad privada hasta los 222 millones de euros. Esta vez se trata de una prórroga “extraordinaria” y de menor duración que la anterior (seis meses), que “no supone un incremento del presupuesto total previsto en los contratos iniciales”, según fuentes del SAS.

El plan de choque original contaba con 119,9 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas con la sanidad privada durante seis meses, pero los expedientes de gasto autorizados en siete provincias -todas menos Málaga- recogían “un valor máximo estimado total” de 275,6 millones de euros. Ese incremento incluía una primera prórroga ya autorizada de seis meses, más una partida extra para “modificaciones previstas” [del 20% de la base de licitación] y otra para “opciones eventuales” [de hasta el 10%].

Las últimas prórrogas que acaba de autorizar el SAS, para cubrir el parón asistencial de verano en la sanidad pública, suman otros 12,7 millones en seis provincias -falta por cuantificar Cádiz-, pero la Consejería de Salud asegura que “no habrá incremento de gasto”, porque forma parte de esos 275,6 millones del presupuesto inicial, de los que sólo se han ejecutado hasta mayo 69,6 millones, “incluidas las prórrogas y modificaciones previstas en cada expediente”.

La contratación en abierta, un año y ocho meses varada

Los contratos originales con las clínicas privadas no contemplaban esta prórroga “extraordinaria y urgente”, pero el Gobierno andaluz recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público lo permite cuando sobrevienen “incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles” que no garantizan la respuesta asistencial.

Esas “incidencias”, apuntan desde el SAS, tienen que ver con los continuos tropiezos de los Acuerdos Marco que diseñó el Gobierno andaluz hace un año y ocho meses -en noviembre de 2023- para volver a la contratación pública en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, fijando condiciones homogéneas para todas las empresas del sector (unas 700 clínicas) que quisieran presentar una oferta tras conocer y reunir los requisitos de una licitación pública.

Aquel primer “plan de choque” para aliviar las listas de espera quirúrgicas, dotado con 533 millones, fue diseñado por la anterior gerencia del SAS -ya destituida- y aparcada por la dirección actual en enero de 2024, para reactivar la contratación a dedo con la sanidad privada, sustituyendo la fórmula “de emergencia” [ahora bajo investigación judicial] por el contrato negociado sin publicidad.

La abultada lista de pacientes a la espera de ser atendidos en la sanidad pública -en torno a dos millones de andaluces, según datos de la Consejería de Salud- se había convertido en el principal motivo de conflictividad social y política para el Gobierno de Moreno. Es esta fórmula del contrato negociado sin publicidad (a dedo) la que llega hasta el día de hoy, y que ahora la Junta vuelve a prorrogar hasta “mediados de septiembre”, sin cerrar la puerta a darle continuidad hasta finales de 2025.

La explicación del SAS es que hay clínicas privadas, disconformes con el reparto de adjudicaciones millonarias para atender a los pacientes derivados de la pública reguladas en los Acuerdos Marco, que han interpuesto recursos ante el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales de la Junta.

Estas denuncias han vuelto a paralizar el plan de la Junta para volver a la contratación en abierto. Hace poco más de un mes, la consejera de Salud, Rocío Hernández, anunció que los Acuerdos Marco, la licitación ordinaria con publicidad y concurrencia competitiva, entraría en vigor este mes de julio, como estaba previsto, pero hoy su departamento admite que ha sido “inviable” y que no se cumplirán los plazos comprometidos.

Cinco años de contratos a dedo en el SAS

En los últimos cinco años, desde la pandemia de Covid-19, el SAS ha encadenado todos los tipos de contratación a dedo con la sanidad privada por cientos de millones de euros: contratos de emergencia, contratos menores y contratos negociados sin publicidad. La Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados -uno en Sevilla y otro en Cádiz- investigan al Gobierno andaluz por posibles delitos de malversación y prevaricación en la contratación del SAS desde 2020 a mediados de 2024.

Hay tres gerentes del SAS -la actual responsable, Valle García, y sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas- imputados en una causa que investiga la adjudicación a dedo de 243 millones de euros para derivar a pacientes a clínicas privadas amparándose en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado.

Y hay un directivo del SAS en Cádiz, responsable de la plataforma de compras, imputado por malversación en otra causa que investiga el “fraccionamiento masivo” de contratos menores encadenados para pagar el mismo servicio a la misma empresa. Esta práctica, denunciada por los interventores del SAS en las ocho provincias, pone bajo sospecha 1.225 millones de euros en contratos menores sólo en 2021.

La última prórroga de los contratos negociados sin publicidad con la sanidad privada, adelantada por El Correo de Andalucía, deja al Gobierno de Moreno un nuevo margen de tres meses para implementar los Acuerdos Marco con la contratación en abierto, pero fuentes de la Consejería de Salud ven “más probable” que se produzca otra nueva prórroga tras el verano.

El SAS ha aprobado las prórrogas en las siete provincias y, al contrario que las anteriores, ninguna de esas prórrogas, de forma individual, ha necesitado la autorización expresa del Consejo de Gobierno, porque no supera la cantidad máxima de ocho millones de euros que estipula la ley. Las cuantías estimadas son Almería (dos millones de euros), Córdoba (1.655.019,60 euros), Granada (2.613.167,1 euros), Huelva (448.077,84 euros), Jaén (832.668,27 euros), Sevilla (5.207.734,85 euros). Falta por calcular Cádiz, cuyo contrato en vigor finalizará más tarde.

Las primeras ampliaciones de gasto se harán con los hospitales privados de Sevilla y Almería (que el pasado enero ya obtuvieron una primera prórroga de 31,5 millones de euros) por ser los primeros contratos que expiraban (este viernes).

Protestas sanitarias en año electoral

En un verano marcado por las protestas del personal sanitario por la falta de recursos, y la cuenta atrás para las elecciones autonómicas (previstas para la primavera de 2026 como muy tarde), el Ejecutivo de Moreno encara con esta decisión una nueva oleada de presión por parte de sus rivales de izquierdas. PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y, en menor medida Vox, llevan meses cuestionando la gestión de la sanidad pública por parte de un gobierno que se jacta de disponer del “mayor presupuesto de sus historia en la Consejería de Salud” y “la mayor plantilla de sanitarios”.

Los socialistas denuncian que el “abuso” de la contratación a dedo con clínicas privadas no está justificado a estas alturas, acusan a la Junta de “perpetuar la excusa de la pandemia para seguir adjudicando millones de euros sin publicidad ni concurrencia hasta finales de 2024”, y de llevar cinco años sin hacer contratos públicos en abierto para “beneficiar a las grandes multinacionales privadas de la sanidad”, que han disparado sus beneficios en Andalucía con casi dos millones de seguros de vida.

El 80% de esos concursos negociados sin publicidad fueron a parar a seis grandes complejos hospitalarios privados de Andalucía: Grupo Quirón; HLA (Asisa); Viamed; Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Son las mismas empresas que ya se beneficiaron del 80,96% de los contratos de emergencia que la Junta adjudicó a dedo entre 2021 y 2023, acogiéndose al marco legal de la pandemia ya derogado, y que están siendo investigados por un juzgado de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción.

Desde el SAS, apelan al artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público que permite, “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles (como son los recursos interpuestos frente ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta) y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario siempre que el anuncio del nuevo contrato (en este caso el propio acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos) se haya publicado con al menos tres meses de antelación, condición que sobradamente se cumple en este caso”.