Euskadi plantea una filial de Aena con participación vasca para gestionar los aeropuertos de «interés general»

En medio del acuerdo para iniciar la transferencia a Euskadi de la gestión de la Seguridad Social y las quejas políticas contra Sumar por retrasar el trapaso del SEPE, pasó mucho más inadvertido tras la reunión del martes en La Moncloa entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales el acuerdo para lograr en un plazo “improrrogable” de cuatro meses una fórmula para dar al Gobierno vasco capacidad de “gestión” en los tres aeropuertos de su territorio, Loiu, Foronda y Hondarribia. La propuesta vasca pasaría por crear una filial de Aena -que ahora es estatal en un 51% y privatizada en el otro 49%- con participación de las instituciones locales, según las fuentes consultadas, aunque es un planteamiento aún muy incipiente y que tiene que irse definiendo.

La Constitución de 1978 reserva al Estado la competencia “exclusiva” de las infraestructuras de “interés general” y, a la vez, permite que las comunidades autónomas gestionen aeropuertos que no tengan esa categoría. El Estatuto de 1979, de su lado, plantea que Euskadi podría asumir los “puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

Las tres terminales vascas tienen la consideración de “interés general” y abrir la puerta a su cesión implicaría degradarlos, con todo lo que ello comportaría a nivel económico. Dos ejemplos. Loiu, en las proximidades de Bilbao, es una referencia del norte peninsular en vuelos de pasajeros internos y europeos y acaba de estrenar una primera ruta transoceánica a Newark, en las proximidades de Nueva York. Y Foronda, en Vitoria, es el cuarto aeropuerto de toda la red de Aena en volumen de carga solamente por detrás de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez, Barcelona-El Prat-Josep Tarradellas y Zaragoza. Hondarribia, que da servicio a Donostia, tiene una pista corta y complicaciones orográficas por estar pegado al mar y a la frontera con Francia, pero mantiene una cierta actividad de pasajeros y una decena de destinos.

Existe un precedente de transferencia de aeropuertos, el modelo catalán. La Generalitat tiene una entidad llamada Aeroports de Catalunya, pero apenas movió 55.000 pasajeros en 2024. Es la titular al 100% de los aeródromos de Lleida, de La Seu d’Urgell (cerca de Andorra) y de otras instalaciones y helipuertos incluso menores. Sin embargo, Aena sigue gestionando los catalanes de interés general, Reus, Girona (Costa Brava), Sabadell y, sobre todo, el de Barcelona. Solamente El Prat-Josep Tarradellas mueve mil veces más viajeros que toda la red autonómica, 55 millones en 2024.

Al Gobierno vasco no le convence ese modelo, según las fuentes consultadas. Obviamente, el Estado no va a acceder a la transferencia de los aeropuertos de “interés general” y, de hecho, los socialistas vascos habían cuestionado que el PNV incluyera “aeropuertos” como una materia pendiente. Pero el Ejecutivo de Sánchez sí se ha mostrado abierto a una fórmula “negocial” para dar cauce al “interés” de la comunidad autónoma en asumir funciones decisorias. De momento, se ha creado una “subcomisión bilateral de infraestructuras aeroportuarias” que deberá arrojar resultados en noviembre.

El acuerdo alcanzado explica que ese grupo de trabajo “articulará la participación del Gobierno vasco en los aspectos estratégicos, regulatorios y de supervisión de los aeropuertos de interés general del País Vasco”. Incluso detalla ya las “funciones” que tendría la Administración autonómica. Serían “impulsar la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el diseño del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), así como de los borradores de planes directores”, “la evaluación de inversiones estratégicas y necesidades de conectividad territorial, facilitando la participación en la definición de estrategias de conectividad y la capacidad de propuesta de nuevas rutas, incentivos o inversiones”, “la supervisión de la calidad del servicio y sostenibilidad ambiental”, “la propuesta de medidas de coordinación intermodal (tren, autobús, logística)”, “la consulta sobre planes aeroportuarios estratégicos” y “promover la colaboración institucional y la coordinación territorial”.

Pradales y Sánchez, este martes en La Moncloa

Lo acordado entre los Gobiernos central y vasco no menciona el instrumento por el que se articulará la participación del Ejecutivo autonómico -por lo tanto, tampoco la posible filial de Aena- pero sí que se “estudiará la viabilidad y las distintas fórmulas negociales de cara a implementar el interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio”. Aena, en todo caso, ya tiene otras filiales. Un ejemplo: se creó una para gestionar el aeropuerto nuevo de Murcia, que es propiedad de la comunidad autónoma por diversas vicisitudes y desmanes económicos y hay otras para infraestructuras en el Reino Unido o en América. Se puede consultar aquí el organigrama.

El Gobierno vasco ya pone dinero

Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco y las instituciones locales ya asumen ciertas funciones con los aeropuertos. Los tres tienen sociedades de promoción, Bilbao Air en el caso de Loiu, VIA en el de Foronda y Ortzibia en Hondarribia. En el caso del de Vitoria, hace solamente unos días trascendió un contrato para incorporar vuelos de la compañía Volotea con fondos del Ejecutivo vasco, de la Diputación de Álava, del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio pero no de Aena. Estas mismas instituciones financian también las operaciones de bajo coste de Ryanair.

En el decreto de estructura que firmó el lehendakari Pradales al acceder a Ajuria Enea asigna expresamente a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, también la gestión de aeropuertos. Fuentes de ese departamento indican que se destinan actualmente 1.669.000 euros a las tres sociedades de promoción. VIA se lleva 950.000 euros, Ortzibia 599.000 y la Cámara de Comercio vizcaína 120.000 euros para la realización de estudios relacionados con Bilbao Air. Existe también, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un “comité de coordinación aeroportuaria del País Vasco” que sienta a Aena, al Gobierno vasco y a otros organismos locales.

En Euskadi existe también el modelo de los puertos marítimos. En ese caso sí se ha hecho ya una transferencia. El Estado retiene los dos de “interés general”, el de Bilbao (aunque está emplazado en otros municipios como Santurtzi) y el de Pasaia.. El resto, son gestionados por la comunidad autónoma. Es más, el Gobierno vasco tiene capacidad de decisión en las direcciones de las infraestructuras estatales y, de hecho, el PNV ha hecho uso de esa prerrogativa para colocar personas del partido en esas funciones en los últimos años.

Competencia para el PSE-EE

Si se confirmara el acuerdo para dar capacidad de “gestión” a Euskadi en materia aeroportuaria, la competencia volvería a recaer en la parte del PSE-EE del bipartito vasco y no en el PNV. Ya ocurrió con Cercanías y con los permisos de trabajo para personas extranjeras y es lo que se prevé con la Seguridad Social y con las prestaciones y subsidios del SEPE. En el caso de la Seguridad Social el proceso ya ha arrancado con cuatro prestaciones no contributivas (100 millones) y las simbólicas pensiones del seguro escolar, las primeras que implicarán que una comunidad autónoma asuma funciones de la Tesorería General. Se espera “para otoño” más avances y, en particular, que se encauce lo relativo al SEPE, que depende de la parte de Sumar del Gobierno central.

Como ya adelantó este periódico, Sumar estaba poniendo más dificultades que los socialistas para llegar a acuerdos. Pradales, en Madrid, pidió “orden” a Sánchez y alertó de visiones “centralistas” en el Ejecutivo, en clara referencia a Yolanda Díaz. El vicelehendakari Mikel Torres, cabeza del PSE-EE en el Gobierno vasco, ha confirmado también esa sensación de que es Sumar quien más reparos pone con la Seguridad Social, unas funciones que lideraría él en su calidad de consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Las fuentes consultadas señalan que, al margen de la escenificación de las diferencias, sí hay voluntad de lograr un acuerdo con el SEPE a la vuelta de las vacaciones.