¿Cuestionar la protección de la infancia no acompañada en Canarias?

Un adolescente maliense llegado a Canarias en octubre de 2023 no sabe qué hacer por las noches para despojarse del recuerdo del amigo que perdió en el cayuco tras diez días a la deriva. Suele caminar entre las 185 literas de la gran sala donde duerme. Intenta agotarse para poder dormir. Las mañanas no son muy diferentes, porque tiene acceso a muy pocas actividades. Toca esperar y aguantar. Está rodeado de profesionales que viven con frustración por no poder dedicarle el tiempo y la atención que necesita. Así días tras día. Diecinueve meses. Esta historia podría ser la de cientos de adolescentes acogidos por el gobierno de Canarias en estos momentos.

Si los decisores políticos presenciaran esta situación en directo solo una vez, cambiaría la perspectiva desde la que están valorando el asunto de los traslados de los niños y niñas no acompañados que están en Canarias y Ceuta. Traslados que son absolutamente imprescindibles para garantizar sus derechos, su protección y su dignidad.

La Constitución Española abrió la puerta a la asunción de competencias en “asistencia social”- incluida la protección de infancia – por parte de las comunidades autónomas. Pero también estableció el carácter prevalente de los tratados internacionales frente a las normas nacionales. El tratado internacional de infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, se debe aplicar sin que pueda argumentarse que España vive en una confusión de competencias entre administraciones españolas sobre quién debe proteger a más de 6.000 niños y niñas recibidos por Canarias y Ceuta.

La responsabilidad de cumplir con este tratado, claramente vulnerado hoy en las personas de estos niños y niñas, es del Estado en su conjunto. El gobierno central es Estado y (todas) las Comunidades Autónomas son Estado. No solo las que tienen sus costas mirando al sur. Uno y otras son garantes de los derechos de estos niños, en el sentido que recoge la Convención.

Llevamos más de un año perdidos en un debate mal enfocado. La cuestión de los traslados de estos niños y niñas a otros sistemas de protección autonómicos no se puede resolver desde el prisma del debate competencial. Y no solo por la responsabilidad internacional que tiene España con la protección de estos niños en virtud de este tratado. El prisma adecuado que nos saca de esta conversación enquistada es recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses. Este derecho se puede hacer valer frente a tribunales y sienta a examen a todos los garantes de los derechos de estos niños y niñas.

Los altos tribunales han empezado a dibujar el camino correcto.

El auto del Tribunal Supremo del mes de marzo que pedía una medida cautelar al gobierno de España para implicarse en diez días en la acogida de los niños y niñas no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias y el nuevo auto de junio, apelaron a la urgencia de la situación, al interés superior de esos niños, y a la situación material de necesidad y desamparo.

También el Tribunal Constitucional, en la sentencia de este año que declara la inconstitucionalidad de un protocolo canario sobre niños no acompañados, mencionó el principio constitucional de solidaridad entre todos los territorios del Estado (inherente a un modelo descentralizado de organización territorial), el deber general de colaboración y los principios de cooperación y coordinación. “No puede cerrar los ojos”, dice el Tribunal, a que el fenómeno migratorio es de “naturaleza supraautonómica” y “sobrepasa notoriamente la capacidad de gestión autónoma”.

Aplicar estos principios constitucionales es clave para salir de este bloqueo. Cooperar entre administraciones. Colaborar: un deber que corresponde a todas las administraciones y que solo se puede exceptuar por motivos tasados. Coordinar: el principio que reviste a la Administración General del Estado del poder para establecer criterios comunes y orquestar una respuesta urgente.

Nos hemos bloqueado como país y tenemos que salir de ahí para dar una respuesta rápida a estos niños y niñas varados y poner por encima de todo su interés superior y sus derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente y asumidos por España.

Estos niños y niñas siguen pasando los días con la mirada perdida y sin oportunidades de desarrollo, sin futuro, ante la impotencia de las autoridades y profesionales que les han tendido la primera mano.