La pista fortuita de una testigo a la jueza de la dana de la retirada de los bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo

En las investigaciones judiciales, a veces, los testigos que a primera vista parecen más secundarios aportan claves muy relevantes. La jueza de la dana se topó el pasado 17 de junio con una funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias que le puso sobre pista para localizar los datos oficiales sobre la retirada de los efectivos de los Bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo, convertida en una de las principales vías de la instrucción.

Se trata de M. R. M., jefa de servicio de extinción de incendios forestales en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de l’Eliana. El día de la dana no se enteró absolutamente de nada. Su despacho está situado en la planta baja, el último al final del pasillo, mientras que la Sala de Emergencias, el epicentro de la respuesta a la catástrofe, se sitúa en un piso superior, donde también se reunió el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a partir de las 17.00.

Aquella fatídica jornada entró a trabajar a las 8.20 y salió a las 15.05. Se dedicó a los asuntos burocráticos que ocupan su día a día: la gestión de los medios de Emergencias. “Durante su jornada laboral, no tuvo percepción de que estaba pasando algo especial, estaba en su despacho y no se enteró de nada”, según reza el acta de su declaración a la que ha tenido acceso elDiario.es. El testimonio no parecía en un principio aportar nada importante hasta que, sin venir demasiado a cuento, hizo referencia a la retirada de los Bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo, decisión de la que supo “por la prensa”.

Este diario publicó en exclusiva el pasado 29 de noviembre la información sobre la retirada de los efectivos que medían los caudales (y el testimonio de uno de los bomberos el 4 de diciembre). Por su parte, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset (actualmente jubilado), tuvo que dar explicaciones sobre la decisión en el marco de la comisión de estudio de la dana en la Diputación de Valencia. Si bien en un primer momento dijo que fue porque tenían “ganas de comer”, tras ser desmentido por los Bomberos (que enseñaron el ticket de la comida que se habían procurado para seguir con la vigilancia de los caudales), Basset pidió disculpas.

Previsora, la jefa de servicio quiso informarse bien antes de declarar ante la jueza instructora, que la había citado de testigo. “Ella no está en Sala [de Emergencias], por lo que posteriormente cuando se enteró del tema y supo que la iban a llamar [a declarar], quiso informarse”, indica el acta de la testifical.

La testigo pidió a Inmaculada Piles, también jefa de servicio, que sacara la información almacenada en el ‘CoordCom’, la caja negra que registra las decisiones operativas ante las emergencias, sobre la desmovilización de los Bomberos. “Cuando ella pide información sobre el caso [el concepto técnico que alude a la anotación de cualquier incidencia en el ‘CoordCom’], Inmaculada Piles le facilita este informe”, según reza el acta de la declaración como testigo de M. R. M.

Aunque no recordaba “exactamente” qué decía el informe, la mujer describió a grandes rasgos en la sala de la Ciudad de la Justicia la petición al Consorcio Provincial de Bomberos para que se controlara el barranco del Poyo. “Lo sabe porque leyó eso, pero no porque estuviera en el tema, porque realmente la movilización de los bomberos forestales la hace el Consorcio Provincial de Valencia”, afirmó a preguntas de la jueza.

La funcionaria aclaró que lo había “mirado tres o cuatro meses después” del día de autos para documentarse de cara a su declaración en el juzgado. También matizó que se trata de una información que no puede consultar “cualquiera”, aunque desconocía si era de carácter “secreto, íntimo o confidencial” y si “más gente” había tenido acceso.

“Si quisiera saber quién ordenó la retirada de los bomberos forestales, tendría que pedir la información al consorcio [provincial], si ellos fueron quienes los retiraron supone que sí”, explicó la funcionaria. Y agregó en referencia a los datos de Emergencias: “Para obtener ese documento, se debería dirigir al subdirector”, el alto funcionario Jorge Suárez.

Tras su declaración, la acusación popular que ejerce Intersindical solicitó a la jueza que se investigaran las anotaciones en el ‘CoordCom’ sobre el operativo de los Bomberos para vigilar el caudal de la rambla del Poyo. Otro testigo que declaró posteriormente, un jefe de servicio de coordinación, confirmó que en el Centro de Coordinación de Emergencias no se enteraron de la retirada de los Bomberos. La desmovilización del operativo dejó a Emergencias “a ciegas”, según declaró gráficamente.

La orden de regresar a la base

La jueza instructora, en un auto del pasado 18 de junio, acordó que se aportara por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, dirigido en la dana por el inspector jefe José Miguel Basset, la documentación sobre la operación de vigilancia de la rambla del Poyo. Basset fue, junto con Suárez, uno de los técnicos que más peso tuvo en las decisiones que se tomaron en el seno del Cecopi. Ambos están citados a declarar como testigos.

El informe, publicado por este diario, reseña que una unidad formada por un vehículo ligero y una autobomba fue enviada a las 13.05 a controlar la parte alta de la cuenca, en Riba-roja.

Sin embargo, ante el descenso del nivel del agua en la rambla del Poyo, “sobre las 14.43” recibieron la orden de regresar a la base “para quedar en expectativa de servicio”, afirma el informe incorporado a la causa.