Joseba Grajales, el empresario vasco en el punto de mira del presidente Petro por sus negocios sanitarios en Colombia

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, manifestó esta semana que hablará personalmente con el jefe del Estado de España, el rey Felipe VI, para denunciar las actuaciones en su país del empresario alavés Joseba Grajales, al que llamó “criminal” y pidió que se fuera de allí para siempre. “Éste es el mayor robo al pueblo colombiano desde el oro de los españoles y el trabajo esclavo”, ha solemnizado. Grajales es el dueño grupo Keralty (o Sanitas Internacional), uno de los prestatarios del servicio sanitario colombiano, y ha respondido que denunciará al mandatario colombiano por “injurias, calumnias y actos de discriminación”.

Las palabras de Petro [aquí se puede ver un resumen amplio] han levantado una gran polvareda en Colombia, donde ya se llevan años discutiendo sobre el papel de Keralty. La figura de Grajales ha ocupado tertulias, espacios informativos y páginas de prensa en los últimos días. Pero, ¿quién es? Grajales es un empresario cercano al PNV que, hasta 2021, aparecía como uno de los cien más ricos de España en la lista Forbes. Se le atribuía entonces una fortuna de 250 millones de euros.

Gamesa o Guascor -que llegó a ser patrocinador del Deportivo Alavés en sus mejores momentos de comienzos del siglo XXI- fueron algunos de sus grandes proyectos empresariales, en los que Grajales estuvo acompañado de Juan Luis Arregui. La multinacional Siemens puso millones para quedárselos. Tiene también proyectos de hidrocarburos y ‘fracking’ en Estados Unidos.

Pero su gran bandera ahora mismo es el grupo Keralty o Sanitas Internacional. Su sede societaria está en una casa en carretera que une Vitoria con la academia de la Ertzaintza en Arkaute y también tiene actividad en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de la capital vasca. Sin embargo, es una empresa prácticamente desconocida en Euskadi. La gran actividad de Keralty se da en el extranjero, tanto en Asia como en América. En 2024 ha iniciado ya su expansión también en Oriente Medio y África. Según sus propios datos, tiene 9.692 médicos y 28.486 empleados en total, presencia en 722 ciudades, con trece hospitales propios, y 10,6 millones de asegurados.

Grajales ha fichado para esta gran empresa a dos exconsejeros vascos de Salud, ambos del PNV. Quien lleva más tiempo con él -también en otros negocios- es Jon Azua, de 72 años. Ocupó el cargo entre 1985 y 1987 y luego de 1991 a 1995 fue vicelehendakari y consejero de Industria también. Más recientemente, en 2019, fichó a Jon Darpón luego de que tuviera que dimitir por las denuncias por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018. La Comisión de Ética llegó a intervenir para analizar si este salto de la Sanidad pública a la privada implicaba un conflicto de intereses, pero se estimó que no. Darpón empezó como responsable para Eurasia de Keralty y ahora mismo es director de operaciones mundial para infraestructuras clínicas, según la web de la compañía. Dos de sus colaboradoras en la etapa en el Gobierno vasco, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, ocupan también puestos de responsabilidad en Keralty.

Vista exterior de la sede central de Keralty en Vitoria

En Colombia, la atención sanitaria se presta a través de entidades llamadas EPS, generalmente privadas. Keralty es una de ellas. Según Petro, su actuación allí está siendo “una barbaridad”, con deudas a hospitales y clínicas, entre otras incidencias. Asegura que Grajales es un “criminal” porque su aseguradora “mata colombianos y niños en masa”. Comete “un crimen de lesa humanidad”, agregó el presidente del país, muy contundente. Agregó, igualmente, que Keralty financia partidos políticos para lograr sus objetivos legislativos. Remarcó que “está prohibido” que entidades extranjeras apoyen “campañas” de organizaciones políticas.

Financiación de la oposición

En concreto, en el contexto de las elecciones de 2022, Keralty hizo “aportes” por valor de 145 millones de pesos. Es el equivalente a unos 35.000 euros. Estuvieron “repartidos en siete partidos o movimientos” de la oposición, en su mayoría centristas o derechistas. A saber, Cambio Radical (40 millones), Centro Democrático (40), Los Verdes (25), la U (15), el Partido Liberal (10), ASI (10) y Colombia Justa y Libre (5). Los datos los facilitó en Radio Caracol -del grupo Prisa- el abogado de Keralty, Juan David Riveros. Mientras Petro sostiene que “ponen el dinero debajo de los políticos” para asegurar su negocio, ya que el Congreso tumbó la reforma sanitaria del Gobierno, la empresa replica que las donaciones las hace una filial creada en Colombia a comienzos de la década de 1991, con nombre Colsanitas, y no la matriz extranjera.

“No es como el presidente lo está queriendo mostrar. Las donaciones se han hecho en el marco de la ley. Es lo que permite la ley. Están registradas en la contabilidad de la compañía y en la de los partidos. Nada se ha hecho de manera oculta. Nada se ha hecho por debajo de la mesa. Nada se ha hecho buscando ningún favorecimiento. Son donaciones prácticamente simbólicas, para contribuir con el proceso democrático. No tienen finalidad de comprar conciencias ni buscar votos en un sentido”, agregó Riveros.

En el origen de esta controversia está la intervención del Estado colombiano sobre la EPS Keralty por supuestas irregularidades. La empresa insiste en que ha operado con “cuatro” Gobiernos diferentes y que ha superado todo tipo de investigaciones y controles sin mácula. “Hemos estado sometidos a escrutinio”, recalca el abogado. También esgrimen que la Corte Constitucional ha levantado ya la intervención y que Keralty vuelve a tener pleno control sobre la empresa.

Si Petro sostiene que Grajales “roba la plata”, su representante legal apunta que “la plata se va en la prestación de servicios” porque “de cada 100 pesos que recibe la EPS tiene que destinar 114 a gastos médicos”. Denuncia también que en el tiempo de la intervención estatal se han demorado pagos y compromisos y se ha empeorado el servicio. En 2022, según ‘El País’ de Colombia, Keralty acreditó 58 millones de dólares estadounidenses de beneficios en el país, unos 50 de euros al cambio actual. Un grupo de profesionales, en un comunicado publicado este mes de julio, ha asegurado también que la intervención ha acarreado consecuencias más negativas, como un 25% de incremento de la mortalidad entre pacientes crónicos.

Joseba Grajales

“Llevamos en Colombia más o menos 40 años colaborando en la consolidación del sistema de salud. Es lamentable la actitud hostil del presidente de la república. Para el grupo, para los directivos, para los propietarios, por encima de eso está el compromiso con la gente que ha confiado su salud en nosotros. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando el conocimiento, experiencia y los servicios de calidad”, abunda el abogado.

Grajales también se ha pronunciado en primera persona. Lo ha hecho con un comunicado. “Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona -y de una organización- no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, escribió.

Y ha agregado sobre Petro: “Sigamos en pie. Nuestra mejor defensa está en los millones de personas que confían en nosotros, en cada comunidad que cuidamos, en cada innovación que nace desde nuestro compromiso con la salud y el bienestar. El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo. La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador. Con la fuerza de la verdad y el alma de nuestro propósito”.