Mónica pide justicia por la muerte de su hermana mientras era tutelada por el Gobierno canario: “Fue un abandono”

Mónica pidió ayuda en reiteradas ocasiones al Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESCAN), al Gobierno autonómico y a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS). Su hermana, Gemma Mederos, de 50 años, era beneficiaria desde 2019 de una curatela, una medida judicial de apoyo a las personas con discapacidad cuya gestión recayó sobre el Ejecutivo regional. En 2024, sin embargo, Gemma sufrió “una cadena de negligencias, omisiones de atención y abandono institucional y médico” que, a juicio de su hermana, desembocaron en su fallecimiento.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de abandono de personas con discapacidad, pero ha archivado temporalmente la investigación a la espera de que la familia aporte más pruebas. La fundación pública FUCAS, encargada de su cuidado, defiende que su actuación “fue en todo momento la estipulada por las funciones otorgadas”. Una de las residencias donde permaneció también asegura que “siempre estuvo acompañada”.

Informes clínicos a los que ha tenido acceso Canarias Ahora muestran que Gemma pasó los últimos meses de su vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con el alta administrativa a los pocos días de su ingreso. Mientras el complejo exigía su realojo, FUCAS defendía que no podía derivarla al mismo centro de procedencia (primero por “problemas de movilidad”, luego por “motivos psicopatológicos”) y permaneció “pendiente de traslado” durante semanas. A pesar de haber ingresado en el área de Salud Mental, la mujer falleció por ELA dos meses más tarde.

Gemma Mederos

Una incapacitación parcial

La vida de Gemma, nacida en La Palma, cambió drásticamente hace poco más de un lustro. Un juzgado acordó para ella una curatela, una medida judicial para complementar su capacidad en tres ámbitos específicos (administración económica, asistencia y seguimiento social y de ocio, y control médico y psiquiátrico) porque Gemma, determinó el juez, era “parcialmente incapaz para regirse a sí misma” en esas cuestiones.

La sentencia especifica que padecía “un deterioro cognitivo leve (…) consistente en psicosis y trastorno de la personalidad”. Que tenía un estilo de vida “muy fluctuante” entre “momentos en los que se encuentra en brote” y otros más estables. Que vivía “aislada del medio social e incluso de su propia familia”. Y que era plenamente consciente de lo que le pasaba, llegando incluso a gestionarse por sí misma sus ingresos hospitalarios.

El fallo insiste en que la “incapacitación” era “parcial”. Gemma comenzó su tratamiento en salud mental a los 25 años por un trastorno esquizoafectivo de tipo mixto y la mayoría de sus internamientos fueron por “ideas autolíticas”. Pero no existía una “plena y persistente falta de autogobierno”. Por eso se acordó el régimen de curatela, cuya gestión recayó en la antigua Consejería de Política Social e Inmigración del Gobierno de Canarias.

“Mi hermana era una mujer muy independiente. Estudió Historia del Arte y tuvo una vida normal hasta que no pudo más. Ella fue la que decidió ser tutelada para aliviar a mis padres”, explica Mónica.

Gemma vivía con su familia en La Palma hasta que en 2020 se trasladó a Tenerife a un piso supervisado por FUCAS. Al principio mostraba “aplanamiento emocional y pobreza ideativa”, indica un escrito de la Unidad de Salud Mental (USM) del Hospital de La Candelaria. Su estado oscilaba “entre la tristeza y la disforia”. En 2023 presentó “una mejoría en sentido de estabilización anímica” e “incluso viajó sola” a La Palma. Pero a finales de ese mismo año sufrió una caída con fractura de tibia y peroné de la pierna derecha. Y todo comenzó a torcerse de nuevo.

De una caída accidental a un ingreso en psiquiatría

Le aplicaron un tratamiento conservador que consistió en la inmovilización de la extremidad afectada mediante un yeso. Dice su hermana que “estuvo meses” así. Mónica, también residente en Tenerife, cree que el cuidado de Gemma “no fue gestionado adecuadamente” durante ese tiempo, y cuenta que tras visitarla y verle la pierna “muy roja” e “inflamada”, pidió que la derivaran al Hospital de La Candelaria, donde le detectaron una afección neurológica “por desuso” de esta. Es decir: al llevar tanto tiempo sin mover la pierna, su cuerpo olvidó cómo desplazarla, provocando pérdida de sensibilidad y debilidad muscular, entre otras cosas.

En La Candelaria permaneció ingresada en torno a 45 días. Los informes reconocen que Gemma presentaba un “trastorno progresivo de varios meses de evolución” y durante su estancia le realizaron diversas pruebas. También se inició un proceso de rehabilitación “con poca colaboración y sin evolución favorable”. Durante estas semanas, Mónica comenzó a desconfiar de la supervisión que hacía FUCAS sobre su hermana por “falta de comunicación y apoyo”. Según el informe, el hospital logró estabilizar y dar de alta a Gemma, que fue remitida al geriátrico Tierra de Oro.

En esa residencia se observó “un alarmante deterioro físico y cognitivo” por su parte, señala Mónica. Allí estuvo “confinada en condiciones de aislamiento, sin atención emocional ni contacto significativo”, de acuerdo con la denuncia presentada en Fiscalía. Tampoco recibió “cuidados o rehabilitación adecuados, y su deterioro físico y anímico” fue en aumento. “Estaba muy triste, no paraba de llorar”, insiste su hermana.

Fuentes del centro Tierra de Oro admiten que Gemma se hallaba en un estado de “depresión de larga duración” y que se hicieron cargo de su recuperación como “lugar de transición” antes de que volviera, presumiblemente, a un piso supervisado. La mujer llevaba todo este tiempo, alrededor de medio año, sin caminar. En su primera semana en el centro mostró “muy buena” motivación, agregan las mismas fuentes. Pero pronto “entró en un plan muy estricto” y sus ganas cayeron en picado.

Desde la residencia creen que esto se debió a un “bloqueo mental”, y por eso, argumentan, la trasladaron al Hospital de La Candelaria. El personal sanitario constató “un deterioro de las habilidades motoras”, incluida la falta de caminar y la incontinencia urinaria. Gemma llevaba mes y medio usando pañales y en ese momento mostraba un “estado depresivo de intensidad moderada-grave”, por lo que se propuso su ingreso en la Unidad de Internamiento Breve (UIB).

“Dadas las circunstancias actuales y la dificultad de adaptación de los lugares de residencia, sin poder asegurar un cuidado del estado físico de la paciente y la fluctuación en la intensidad de las ideas de autolisis, propongo ingreso en UIB y revisión de situación social”, apunta el informe.

Alta administrativa a los pocos días

En una de sus primeras exploraciones, Gemma estaba “consciente, orientada globalmente, abordable”, revela la documentación. Deseaba una recuperación “completa” a base de “fisioterapia con movilización pasiva”, mientras que los sanitarios le señalaban que debía ser “activa”, algo que le hacía enfadar. A los pocos días, una trabajadora social de FUCAS aseguró al hospital que había solicitado “de urgencia” un nuevo recurso alojativo, “puesto que el piso donde residía no está adaptado”.

Mientras esperaba, Gemma fue “menos negativista y demandante de ayuda para actividades básicas”. Se hallaba “atenta y vigil”, con un discurso “fluido y coherente”. El personal médico concluyó que “a nivel psicopatológico” se encontraba estable. Y así se lo trasladó a FUCAS. Desde el 9 de agosto de 2024, más o menos una semana después de su ingreso, recibió el alta administrativa.

La fundación indicó en un principio que desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife le habían informado que, debido al estado de salud mental de Gemma, el recurso alojativo “tendría que ser de la red de Salud Mental”. El Hospital de La Candelaria, no obstante, respondió que las “dificultades” de la paciente tenían que ver con su movilidad. La propia Gemma no quería continuar ingresada.

FUCAS aseveró que desde el IASS habían rechazado ofrecerle un recurso a Gemma “por su diagnóstico psiquiátrico”. La fundación refirió que seguía “buscando otras opciones”, al tiempo que el personal del UIB comenzaba a perder la paciencia. “FUCAS, que tutela a la paciente, no la readmite en el centro de procedencia debido a sus problemas de movilidad (silla de ruedas, necesita de ayuda de terceros) y no ofrece de momento alternativas”, consta en una de sus múltiples notas.

Los días transcurrieron y Gemma pasó entonces a engordar la lista de personas que viven en los hospitales canarios con el alta médica, estimadas en unas 600. Asistió a terapias de grupo. Continuó “estable”. Se mostró “más receptiva”. Y no hubo cambios en su tratamiento.

A finales de agosto, según los informes del Hospital de La Candelaria, una trabajadora social de FUCAS se identificó “falsamente” como empleada del Servicio Canario de Salud (SCS) para “acceder a la unidad a visitar a la paciente”. En esa misma visita, continúa el documento, Gemma es grabada en vídeo, una actuación que “está prohibida”. Desde el hospital le recordaron a esa trabajadora que “es FUCAS quien debe buscar un recurso alojativo privado” para Gemma y que “en caso de no realizarlo, se notificará la situación a la Fiscalía”.

Este periódico preguntó al citado recurso sanitario si presentó posteriormente una denuncia, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. La abogada Beatriz Palmés, que acompañó a Mónica durante este proceso, afirma que sí contactó con el servicio jurídico del hospital, que le confirmó que no había interpuesto denuncia.

Ya en septiembre, La Candelaria advirtió de que no tenía “noticias” de FUCAS, que la misma había dejado de responder “a las diversas llamadas de teléfono hechas por distintos profesionales”. Solo en una toma, firmada el 17 de septiembre, figura que “parece que hoy [Gemma] será valorada por FUCAS”. Pero nada más. La paciente, por su parte, permanecía “estable”, acudiendo a sesiones de terapia ocupacional y siendo visitada por su hermana.

“Insuficiencia respiratoria” y ELA

Su estado, sin embargo, empeoró. Primero un episodio de “taquipnea y mal estado general”. Y luego una “insuficiencia respiratoria” que motivó su traslado a la planta de Neumología. Eso ocurrió durante una visita de Mónica, su hermana. Gemma fue encamada, con oxígeno, y empezó a mostrar un “abordaje complicado”. Los médicos comenzaron a emplear ventilación mecánica no invasiva para salvar su vida.

Los primeros estudios apuntaban a una Neuropatía Axonal y Neuronal (AMAN), una variante del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que ataca los nervios periféricos causando parálisis y pérdida de reflejos. Luego mostró “sintomatología bulbar asociada”, una grave condición neurológica que afecta al bulbo raquídeo, una región del tronco cerebral encargado de controlar el habla o la respiración.

Gemma falleció el 9 de octubre de 2024. En su diagnóstico principal también puede leerse la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Su hermana considera que, en todo este proceso, desde su caída a finales de 2023 hasta su muerte, sufrió una “grave vulneración” de sus derechos fundamentales.

Fuentes de FUCAS, por otro lado, responden a preguntas de este periódico que, durante su estancia en el hospital, “se visitó a Gemma mínimo una vez a la semana e incluso se coordinó con el servicio TIS [para] que también acudiera a visitarla”. Defienden que “desde la planta insistían en que la paciente estaba desestabilizada para permanecer ingresada (…) y se encontraba compensada, cuando su estado evidenciaba lo contrario”.

También aseguran que “la señora siempre estuvo en un recurso alojativo” y que “cuando no estaba en el hospital, residía en un piso tutelado de atención especializada y además se cursó plaza al IASS del Cabildo de Tenerife”. Esas mismas fuentes niegan que una trabajadora de FUCAS utilizara una falsa identificación para acceder al hospital. Sobre si tienen constancia de la denuncia en Fiscalía, presentada por el colectivo Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, contestan que no, pero que su actuación “fue en todo momento la estipulada por las funciones otorgadas”.