Feijóo se enfanga en su relación con Vox ante el estallido de violencia racista

Alberto Núñez Feijóo arrancó el mes de julio con el convencimiento de que el XXI Congreso Nacional del PP le permitiría abordar la segunda mitad de la legislatura con algunos debates internos zanjados. Su liderazgo quedó abrumadoramente refrendado, eso lo logró. E intentó también marcar distancia con Vox y desembarazarse de la presión, propia y ajena, sobre su relación con los de Santiago Abascal. Pero no ha podido. Dos semanas después del cónclave, los disturbios racistas de Torre Pacheco han ahogado la estrategia de Feijóo, quien ha dado otro paso en la asimilación del discurso ultra al hablar ya de “deportaciones” de personas migrantes y meter en el mismo saco a legales, ilegales e incluso a los menores nacidos en España.

“Es el momento de ser claros, y lo voy a ser contestando a todas las preguntas que pueden surgir”, dijo Feijóo en el discurso de clausura del congreso. “Son seis preguntas y seis respuestas”, apuntó. La primera: “¿Qué Gobierno habrá después de las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. No hay más. O Sánchez o nosotros. Y yo quiero un Gobierno en solitario”. La segunda: “¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No”. Feijóo precisó: “Es la tercera fuerza política de este país, sus votantes merecen un respeto, y yo no estoy dispuesto a arrinconarles”.

Feijóo no mencionó ni una sola vez más a Vox en su largo discurso, calificado de “histórico” por sus asesores, pero sí abordó los asuntos políticos en los que el partido de Abascal le ha venido marcando la agenda en los últimos años. El líder del PP anunció una suerte de emancipación de la ultraderecha que ya predicó su predecesor en el cargo, Pablo Casado, e intentó establecer las diferencias programáticas con sus, hoy por hoy, únicos potenciales aliados.

El líder del PP intenta algo que, a la vista de las encuestas, le está resultando muy complicado: abrir el partido hacia el centro y votantes del bloque del Gobierno descontentos con Pedro Sánchez mientras impide que el trasvase de votos entre las dos principales fuerzas de las derechas tenga un saldo favorable para Abascal.

Esa relación marcó a Casado, quien sucumbió cuando los suyos comprobaron que sus posibilidades electorales no hacían más que menguar mientras dedicaba sus esfuerzos a pelearse con Isabel Díaz Ayuso. Pero también ha definido los primeros tres años de Feijóo en Madrid. Sin Vox, el PP no habría ganado buena parte del poder territorial que acumula desde 2019, con decenas de ayuntamientos y gobiernos regionales logrados en coalición con los ultras. Pero, a la vez, la ultraderecha es el principal lastre para repetir aquel viaje “al centro” que interpretó José María Aznar en los años 90 del siglo pasado.

De entre todos los asuntos que mediatizan la relación del PP con Vox destaca uno: la inmigración. Es, de hecho, la palanca electoral que ha utilizado en las últimas décadas la derecha en todo occidente, lo que ha culminado con el progresivo auge de los discursos racistas y xenófobos, así como el éxito en las urnas de quienes los propagan.

El PP de Feijóo intentó fijar en su congreso una posición equidistante sobre política migratoria. Atacar al Gobierno y responsabilizar a Sánchez de todos los males provocados por las personas extranjeras, sean reales o no; señalar a quienes llegan de fuera para no perder voto por la derecha y, a la vez, acusar a Vox de incendiar las calles.

El estallido en Torre Pacheco es un ejemplo de esta estrategia y de cómo la presión ultra termina dominando el discurso del PP. El lunes el PP ya señaló a la delincuencia como origen de los disturbios racistas en la localidad murciana. No es una novedad en su argumentario. “La única manera de garantizar seguridad es con políticas migratorias razonables”, dijo el portavoz, Borja Sémper. “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”, remachó.

Pese a la insistencia de los datos oficiales, aunque en España se denuncien menos delitos hoy que en 2005, con el doble de inmigración registrada, el PP establece siempre su política migratoria desde la óptica de la seguridad ciudadana. “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”, dijo ya Feijóo en 2024, que hizo de la relación entre extranjeros e inseguridad una de las líneas discursivas de las elecciones catalanas y europeas de hace un año. En una entrevista que publicó El Mundo en pleno estallido racista en Murcia, Feijóo dijo: “No hay convivencia sin seguridad. Seguridad para caminar tranquilos, tranquilas, por las calles de España”.

Desde Vox el discurso fue mucho más duro al principio del conflicto. Su líder en Murcia, José Ángel Antelo, dijo: “No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”. La ultraderecha sabe que el discurso racista engorda sus cuentas electorales. Preguntado, Abascal rechazó condenar la violencia racista de Torre Pacheco y apuntó: “Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE”.

El martes, Feijóo endureció su discurso. En un videocomunicado exigió “a los inmigrantes residentes en España respeto e integración”. “La mayoría ya lo cumple”, añadió. Pero inmediatamente, zanjó: “Quienes no lo hacen deben saber que no son bienvenidos”.

“Que nadie cuente con el PP para agitar las calles. No somos eso, no somos esa España”, añadió Feijóo, quien lanzó una idea que está lejos de ser nueva entre los suyos: “Quien cometa un delito lo pagará. Si es inmigrante irregular, será repatriado inmediatamente”.

La expulsión de los extranjeros que delinquen es un clásico en el ideario de la derecha que no suele cumplir cuando llega al poder. En la ponencia política aprobada este mes de julio por el PP se recoge, además, su intención de que las personas migrantes no puedan acceder a ayudas no contributivas si no tienen permiso de residencia o de trabajo, además de limitar el reagrupamiento familiar para los legales. El documento concluye con una idea: “Repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito”.

Pero Vox ya pasó esa pantalla hace tiempo y, como otros miembros de la ultraderecha internacional, plantea una “deportación masiva” de personas extranjeras. No solo de las que puedan estar en situación irregular o que cometan delitos, sino de todas. También los niños nacidos en España de padres extranjeros. Rocío de Meer, dirigente ultra y sobrina del hombre que maneja Vox en la sombra, Kiko Méndez Monasterio, puso cifra: casi ocho millones de personas.

Una palabra, “deportación”, que Feijóo incorporó este miércoles a su vocabulario en otro ejemplo de la metamorfosis que ha protagonizado desde su aterrizaje en Madrid.

Feijóo habló el miércoles en un acto informativo organizado por la universidad privada CEU San Pablo (propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas) y dijo: “Un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata, inmediata”. Luego habló de “jóvenes que ni estudian ni trabajan” y recurrió a afirmaciones falsas, como que “España es donde más inmigración irregular ha entrado en 2023, 2024 y veremos 2025”. La realidad es que el primer país de Europa por entrada de personas migrantes es la Italia que dirige la ultra Giorgia Meloni.

El enfrentamiento abierto en las derechas a cuenta de la inmigración no es nuevo. Hace justo un año, Vox anunció la ruptura de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP a cuenta de la acogida de menores migrantes. Aunque los de Feijóo creyeron librarse de sus socios ultras la realidad es que los de Abascal no han dejado de incidir en la política del PP sobre los “menas”.

Esta misma semana el PP ha plantado al Gobierno y a la comunidad de Canarias en una reunión que debía abordar de nuevo el sistema para organizar el traslado a la Península de los chavales que llegan solos a las costas del archipiélago. El propio Ejecutivo autonómico ha tachado de “indecente” y un “desprecio” el plante. El líder del PP canario, Miguel Domínguez, es el vicepresidente.

PP y Vox han protagonizado un enfrentamiento en sus redes sociales. “Feijóo obligó a sus barones a firmar un documento diciendo que se harían cargo de todo lo que les mandaran”, escribieron los de Abascal en referencia a los menores. “Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio”, añade el tuit.

La respuesta del PP fue inmediata: “Le echaron un órdago a Alberto Núñez Feijóo y lo perdieron. Nosotros no funcionamos con chantajes, sino con principios”.

Feijóo y Abascal se reunieron en solitario hace apenas unas semanas, y tanto él como sus principales portavoces se esmeran en no provocar a sus aliados. Vox es el partido que, según dijo el nuevo ‘número dos’ de Feijóo, Miguel Tellado, en ABC, tiene “más sentido de Estado que en cualquiera de los socios de investidura de Sánchez”. Más que “Sumar, que Podemos, que el conjunto de partidos que acompañan a Pedro Sánchez y que el propio PSOE”.

Unos principios que son maleables. En la ponencia del reciente congreso antes mencionada, se añadió a última hora una idea: “Recibir prestaciones asistenciales no puede generar por sí mismo el derecho a residir legalmente en España”. En dicho cónclave tuvo protagonismo el primer ministro portugués, Luis Montenegro, quien alcanzó el poder tras unas elecciones mediatizadas por un caso de corrupción contra el anterior jefe de Gobierno, el socialista António Costa, que luego se desinfló y quedó en nada.

Montenegro acaba de firmar un acuerdo con la extrema derecha portuguesa aliada de Vox, Chega, para restringir los requisitos y plazos para conceder permisos de residencia y crear una unidad especial para perseguir a inmigrantes sin papeles.

La semana la cerró la flamante vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, uno de los valores al alza en la dirección de Feijóo, quien señaló directamente al Gobierno como “el eslabón principal de una cadena de profunda desprotección y muerte” que “empieza con cientos de personas que cada día se echan al mar manipuladas por mafias, sí, pero atraídas por una política irresponsable que les lleva a perder la vida en las aguas de nuestro mar y que termina en millones de españoles que ya no se sienten seguros ni en su casa”.

El PP ha pasado así en apenas dos semanas de querer emanciparse de Vox a suscribir que por culpa de las personas migrantes los españoles no están seguros “ni en su casa”. Solo en dos semanas.