Alemania se suma a los países que apuestan por los centros de deportación de migrantes fuera de la UE

La ultraderechista Giorgia Meloni marcó el camino y cada vez más países lo siguen. La creación de centros para la deportación de migrantes fuera de la Unión Europea coge cada vez más fuerza. La Comisión Europea ya hizo suya la propuesta al sentar las bases para ese tipo de campos en la propuesta de directiva sobre los retornos que presentó el pasado mes de marzo y los países se van posicionando a favor. Alemania se ha mostrado favorable a esa iniciativa, que ya contaba con el respaldo firme de unos 15 países europeos, desde Dinamarca -gobernada por los socialdemócratas- hasta Polonia.

El canciller socialista Olaf Scholz se mantuvo hasta cierto punto al margen de los gobernantes más proclives a un endurecimiento de la política migratoria, aunque en la recta final de su mandato hizo un viraje que le llevó incluso a plantear controles dentro del espacio Schengen. No obstante, no participó en los encuentros de los jefes de Gobierno que presionaban a Ursula von der Leyen para impulsar medidas como los centros de deportación fuera de la UE y que la alemana ha acabado proponiendo.

El cambio de Gobierno ha llevado aparejado un cambio en esa posición, o al menos una aclaración. Alemania está firmemente a favor de esa propuesta. El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, aseguró este martes que se trata de un “enfoque innovador absolutamente esencial”. Se da la circunstancia de que Alemania ha dejado de ser el primer país receptor de solicitantes de asilo ante la bajada de las peticiones de ciudadanos de Siria tras al fin del régimen de Bashar al Asad.

En el conjunto de la UE se ha producido una “caída brusca” de los solicitantes sirios. En mayo, el último mes con datos completos disponibles, la Agencia para el Asilo de la UE registró 64.000 solicitudes de asilo en total, es decir casi un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior (pasaron de 16.000 solicitudes en octubre a sólo 3.100 en mayo en el caso de las personas sirias). España ha ocupado ahora el primer puesto fundamentalmente por los peticionarios de Venezuela.

La política migratoria de la UE se ha ido endureciendo en los últimos años y, especialmente, con el auge de la extrema derecha. El Pacto de Migración y Asilo que se acordó en diciembre de 2023 y que se implementará dentro de unos meses puso el foco en la construcción de la ‘Europa fortaleza’ para evitar en la medida de lo posible la llegada de migrantes. En los últimos tiempos también se ha producido una reducción generalizada de las llegadas, a excepción de algunas rutas, como la de Canarias.

Ahora el objetivo de la UE es expulsar a todos los migrantes en situación irregular posibles. Y es ahí donde emerge el eufemismo de las “soluciones innovadoras” que pasan por centros de deportación fuera de las fronteras de la UE. Así como la ampliación de los países denominados seguros para echar a los migrantes sin papeles a otros países distintos a los suyos de origen. Bruselas también ha planteado reducir los requisitos que se exigen para poder expulsar a esas personas. En concreto, pretende eliminar la obligatoriedad de que haya una conexión para poder expulsar a los migrantes sin papeles a terceros países denominados seguros fuera de la UE.

Con esas propuestas legislativas sobre la mesa se han reunido los ministros de Interior de la UE en Copenhague y han constatado que cada vez hay un apoyo mayor a iniciativas como los centros de deportación fuera de la UE. Ya lo dejaron por escrito Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia. Ahora se suma Alemania y tampoco lo ve con malos ojos Francia, aunque reconoce que tiene trabas constitucionales. El ministro Bruno Retailleau se ha mostrado partidario de endurecer la normativa para “invertir la lógica”: “Hoy la lógica es un plazo voluntario de salida. Mañana, debe ser la expulsión forzada. Ese es el primer punto fundamental”. España es de los pocos países que aún mantiene el rechazo a los centros de deportación.

Países Bajos está explorando la posibilidad de impulsar ese tipo de centros en Uganda, como hizo Reino Unido con el denominado ‘modelo Ruanda’. Y en Bruselas no lo ven con malos ojos. “Las soluciones innovadoras son importantes y debemos dar flexibilidad a los Estados miembros para que exploren cuál es la mejor solución”, ha reconocido el comisario de Interior, Magnus Brunner, que se ha limitado a decir que el marco debe cumplir con los derechos humanos y las leyes europeas.

El ministro danés de Migración e Integración, Kaare Dybvad Bek, que es a quien corresponde pilotar las conversaciones por la presidencia rotatoria, tiene la intención de que los 27 avancen con rapidez en ese expediente para tener una posición común antes de abrir la negociación con el Parlamento Europeo.