La auditoría del Gobierno de Pradales concluye que no se hicieron adjudicaciones irregulares a la trama de Cerdán

El Gobierno de Imanol Pradales ha terminado el barrido de adjudicaciones con empresas mencionadas por la UCO de la Guardia Civil en su informe sobre la presunta corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García con dos conclusiones. Uno: la miríada de sociedades mercantiles en torno al empresario guipuzcoano afincado en Bizkaia Antxon Alonso, particularmente Servinabar 2000, no ha recibido un solo contrato de la Administración vasca. Y, dos: el resto de empresas, como Acciona o Indra, ha participado en 1.393 procesos de licitación y han resultado adjudicatarias en 739 de ellos aunque “no existe ninguna irregularidad en ninguno de los procesos de contratación analizados”.

Después aparecen los matices. La cifra crece si se suman datos de otras instituciones vascas, como diputaciones o municipios. “Se han identificado 3.664 procesos de contratación en los que alguna de ellas ha concurrido como licitadora y 2.002 procesos en los que ha resultado alguna de ellas adjudicataria de un contrato público de cualesquiera de los poderes adjudicadores de Euskadi que la utilizan, sean de la Administración de la comunidad autónoma o de sus entidades dependientes, de las entidades forales o de las entidades municipales”, se puede leer en el informe. También se habla de otros dos centenares de expedientes del Gobierno vasco que no aparecen en sus perfiles del contratante.

Se trata, por ejemplo, de las denominadas FOAS, las facturas de menos de 5.000 euros. “La información centralizada de la que dispone el Departamento de Hacienda y Finanzas a través de la plataforma de contratación puede que no sea completa ni por el rango temporal al que se contraen las averiguaciones teniendo presente la información conocida a través de los medios de comunicación, ni por no tener la certeza de que incluya la información de los contratos de un importe de adjudicación inferior a 5.000 euros respecto de los que no haya obligación legal de publicarlos en la plataforma y aquellos en los que la licitadora o la adjudicataria sea una UTE, ya que hasta recientemente no ha sido obligatorio hacer constar en la base de datos de la plataforma la identidad de las empresas miembros de la UTE”, acota el Gobierno.

“El análisis realizado se aborda desde una perspectiva de responsabilidad y revisión de los procedimientos desarrollados, no por la existencia de indicio alguno”, ha puntualizado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la presentación de las conclusiones del informe tras la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. De hecho, se recoge expresamente que la aparición de determinados nombres en los listados no presupone su participación en el sumario por corrupción abierto.

El documento, que ha sido coordinado por el equipo del consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, en concreto por el director de la Oficina de Control Económico, David Álvarez, y por el viceconsejero Iñaki Alonso, ha sido remitido al Parlamento Vasco porque el PP, desde la oposición, había pedido explicaciones desde el mismo momento en que se conoció el informe de la Guardia Civil, que actúa como Policía judicial para el Tribunal Supremo. Entre medias, trascendió que solamente en obras ferroviarias Acciona, la principal empresa de entre las implicadas en esta causa, había participado en UTE con otras firmas locales y que había recibido cinco adjudicaciones por valor de 189 millones de euros.

Ahora, aparentemente, se han mirado hasta 1.141 números CIF, además de 19 vinculados con Alonso. “Respecto a las empresas relacionadas con Alonso, ninguna de ellas consta ni como licitadora ni como adjudicataria en ningún procedimiento de contratación que conste en la plataforma de contratación”, se insiste. No se dan las circunstancias que se han detectado en la comunidad foral de Navarra, donde Servinabar 2000 y Alegure, dos de las empresas de Alonso, han participado en obras públicas de túneles, viviendas o colegios.

Al informe de conclusiones le acompañan 16 documentos, uno por cada departamento, con el detalle del trabajo en cada área. Ahí se ve que Acciona, por ejemplo, limpia palacios de justicia o ha trabajado para Educación o la Agencia Vasca del Agua. La consejera Susana García Chueca, de su lado, repite los datos que ya había facilitado hace unas semanas sobre las contrataciones del administrador ferroviario ETS.

Licitaciones y adjudicaciones del Gobierno vasco y sus entes públicos

Otras adjudicaciones fuera del perfil del contratante

En la rueda de prensa, no se han dado cantidades del valor de estas adjudicaciones. Sí hay una referencia a ello en los documentos: “En términos económicos, los contratos mencionados suponen un importe total de licitación de 771,9 millones de euros, respecto a un total global del mismo período en el conjunto de la plataforma de 31.676,6 millones de euros, lo que supone un 2,44% del total”. Dicho de otra manera, estas adjudicaciones representan el 0,33% de las 606.684 acometidas entre 2015 y 2025.

Preguntado por los periodistas, el Gobierno de Imanol Pradales ha asegurado que, por el momento, no realizará una auditoría similar a la luz del caso vinculado a Equipo Económico, consultora relacionada con el exministro del PP Cristóbal Montoro. “No hay absolutamente ningún indicio” de posibles relacionados de esa otra trama con la Administración vasca, según Ubarretxena. Si ha dicho que cualquier noticia sobre corrupción “no ayuda” al objetivo de prestigiar la Administración pública.