Enterrar los residuos tóxicos de Huelva no es la solución: Toxicología asegura que se filtran a las marismas

Los trabajos que la empresa Fertiberia está realizando para tapar las balsas de fosfoyesos de Huelva (1.200 hectáreas de residuos tóxicos resultantes de más de 40 años de vertidos de su actividad química) no son eficaces para evitar que las sustancias contaminantes se filtren a las marismas en las que se encuentran.

Así se refleja en un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, avanzado esta semana por la cadena SER, que asegura que enterrar bajo capas de tierra los residuos y no llevárselos de las marismas “es ”insuficiente e ineficaz para la protección ambiental exigible“, según el documento del organismo adscrito al Ministerio de Justicia, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que analiza 23 informes técnicos y científicos.

Entre los documentos que se han analizado están las autorizaciones ambientales otorgadas a la empresa, y es claro a la hora de constatar que las medidas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobadas el 23 de septiembre de 2020 resultan claramente insuficientes.

Tal es su resultado que la Fiscalía, tras este informe, ha pedido la modificación de esa DIA y ha planteado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un incidente de ejecución de sentencia, incluyendo medidas como la retirada parcial de residuos en la zona 2 para reducir el peso acumulado, de modo que se eliminen problemas a la hora de enterrar restos químicos que luego se puedan filtrar a la marisma.

Imagen difundida por Fertiberia que mostraría los trabajos de enterramiento de las balsas.

Se trata de la primera vez que un informe tan concluyente avala las conclusiones emitidas en su día por el comité de expertos de la Universidad de Huelva, que fue la primera entidad en advertir de que se podía producir el colapso de algunos depósitos de fosfoyesos, que en algunas zonas tienen hasta 20 metros de altura.

La Universidad de Murcia, la de Sevilla y consultoras que han trabajado para Fertiberia, como Eptisa, avalan también esta tesis. Pero el informe de Toxicología va más allá, y avisa de múltiples impactos ambientales en las marismas de Mendaña, donde se localizan los vertidos.

Ahí ha localizado 60 puntos de fuga de residuos en el perímetro de las balsas, vertidos desde canales mareales y el canal perimetral, así como filtraciones detectadas en puntos aún abiertos, que afectan a la calidad de las aguas superficiales del Estero del Rincón y del río Tinto.

La contaminación llega incluso a la masa de agua subterránea denominada ‘Niebla’, que abastece a varias localidades del Condado y está conectada con el acuífero de Doñana.

Concentraciones de contaminantes

En concreto, se han detectado importantes concentraciones de metales y contaminantes: hasta 23.200 µg/L de arsénico, 8.900 µg/L de cadmio, 5.890 µg/L de cobre o 21.600 mg/L de ortofosfatos, entre otros, en unas concentraciones que superan entre 100 y 1.000 veces los límites establecidos en normativas europeas y españolas a la hora de proteger las aguas subterráneas y superficiales.

Se unen a esto los altos niveles detectados de radioactividad beta, así como concentraciones de antimonio y arsénico en aguas del Estero del Rincón, en un informe que cuenta con 126 páginas.

Parte del informe, en el que se refleja la contaminación que sufre la zona de marismas a 500 metros de las viviendas de Huelva.

Todo lo analizado se une al daño a flora y fauna del entorno, al acumularse metales pesados en organismos vivos que se incorporan a la cadena trófica.

La conclusión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es que Fertiberia no va a descontaminar la zona donde se acumulan las balsas de fosfoyesos, ni garantiza que no se dañe el entorno natural ni cumple con los estándares mínimos exigidos para proteger el espacio natural de las marismas onubenses.

Fertiberia se agarra a los permisos sin analizar el informe

Desde la empresa Fertiberia no se entra al fondo del asunto, sino que se explica a elDiario.es Andalucia que “toda la documentación en la que se basa el informe ya ha sido analizada por los organismos que autorizaron la ejecución del Proyecto” y considera que no se ha producido ninguna variación en las circunstancias existentes en el momento en que se inició la ejecución del Proyecto Restore 20/30, hace ya más de un año.

En este contexto, “el proyecto continúa desarrollándose con pleno respeto a las resoluciones administrativas y judiciales que, tras un exhaustivo proceso de análisis y supervisión durante más de 15 años, autorizaron su puesta en marcha”, afirma la empresa, que sostiene que “la solidez técnica del proyecto fue determinante para la desestimación del incidente de ejecución de sentencia promovido por la Mesa de la Ría, en el que ya se solicitaba, entre otras cuestiones, la modificación de la Declaración Ambiental Integrada”.

“El proyecto está sometido a rigurosas medidas de vigilancia y control, así como a una supervisión constante por parte de las autoridades competentes. En este marco, y con todas las garantías técnicas, Fertiberia continúa ejecutando el proyecto con total normalidad y en estricto cumplimiento del marco legal y ambiental vigente, conforme a la planificación establecida”, concluye Fertiberia.

Marismas maltratadas desde 1965

La historia de estas balsas de residuos químicos se inicia en 1965, cuando se instalaba en el Polo Químico de Huelva la empresa Fosfórico Español (FESA), dedicada a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico. Unión de Explosivos Riotinto (ERT Abonos) y Ercros fueron algunos de sus propietarios, hasta que la compró Fertiberia, que se dedicó a la fabricación de ácido fosfórico. Su trabajo conllevaba la producción de un subproducto, el fosfoyeso, que procede de la fabricación de fertilizantes con contenidos variables de fosfato de hierro y otros puntuales de fosfatos de cobre.

En los años 1967 y 1968, el Gobierno de Franco le otorgó dos concesiones administrativas para ocupar una parcela en el margen derecho del río Tinto para colocar depósitos de decantación para el vertido de estos residuos químicos. En 1995, se inicia un proceso judicial tras la presentación por parte de Fertiberia del proyecto de reordenación de vertido de yesos, y después de poner en marcha la Junta de Andalucía el Plan Corrector de Vertidos Industriales de la entonces Consejería de Medio Ambiente.

Hicieron falta 12 años para que la Audiencia Nacional condenase a Fertiberia a dejar de verter, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y hasta 2010 la empresa no dejó de verter residuos y fue por imperativo legal; es decir, porque un juzgado les obligó. Aquello fue el final de los vertidos, pero no de las balsas.