El almacén de gas de Doñana se asienta en una zona con una «peligrosidad sísmica elevada» que multiplica el riesgo

La reactivación del proyecto para almacenar gas a las puertas de Doñana ha arrastrado al parque a un bucle en el que vuelven a repetirse situaciones idénticas a hace una década, cuando estalló una cuestión que desinfló en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al denegar la autorización ambiental a Gas Natural Fenosa. Por entonces ya se esgrimieron informes del Instituto Geológico y Minero de España y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) alertando de los riesgos sísmicos asociados al proyecto, y de nuevo en ello se ha puesto el acento de cara a la nueva licencia solicitada.

El encargado de ello ha sido el geólogo Francisco M. Alonso Chaves, profesor de la Universidad de Huelva (UHU), que presentó un informe al respecto al Consejo de Participación de Doñana en su última reunión. Este órgano, cuya postura no es vinculante, pero sí muy determinante por simbólica –lo normal es no actuar en contra de su criterio–, ha puesto reparos al proyecto empresarial y ha solicitado “complementar o actualizar” su evaluación de riesgos, lo que en la práctica supone una nueva declaración de impacto ambiental al margen de la que se concedió en 2010.

Con este experto ya se entrevistó la delegación del Parlamento Europeo que, en 2018, visitó el parque para conocer los riesgos que sufre. ¿Y cuál es su opinión sobre este resucitado proyecto? “Que mejor que no se haga, porque hay más riesgos haciéndolo que dejando las cosas como están”.

“Peligrosidad sísmica elevada”

Al Consejo de Participación no se lo transmitió de manera tan tajante, “pero a buen entendedor con pocas palabras basta”. La información que puso sobre la mesa es que Doñana se ubica en un punto de “peligrosidad sísmica elevada”, que hay fallas en el entorno del yacimiento y que “inyectar fluidos modifica las condiciones físicas, especialmente cambios en los esfuerzos que soportan las rocas, por lo que habría que controlarlos muy bien para evitar alcanzar condiciones de fracturación y por consiguiente generación de terremotos inducidos por la actividad antrópica”. Así las cosas, y resumiendo, que “el almacén implica correr un riesgo que no merece la pena”.

El complejo en el epicentro de esta polémica (Marismas Occidental, el único que sobrevivió de los cuatro previstos inicialmente) es ahora propiedad de Trinity Energy Storage, que tiene autorización para dos pozos de inyección. Pero uno está inoperativo desde hace años, por lo que ahora ha solicitado realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

Alonso recuerda que Doñana se ubica cerca de la zona de fractura Azores-Gibraltar y en las proximidades del frente orogénico alpino de las Cordilleras Béticas, por lo que en este entorno “las rocas se deforman fracturándose desde hace millones de años”, lo que explica la concentración de la actividad sísmica actual y la que debió existir“. De hecho son abundantes los registros de terremotos de magnitud superior a 4, ”que genera energía equivalente a un ensayo nuclear“, el último y más grave de los cuales tuvo lugar en 1969: tuvo una magnitud de 7,8 grados y epicentro a 400 kilómetros del punto en el que se ubica el sondeo.

Encima, este enclave en el que se pretende levantar el sondeo es especialmente sensible a la intensidad sísmica, ya que en ella se produce una amplificación de las ondas sísmicas al propagarse a través de sedimentos muy blandos, un hecho conocido como “efecto sitio”.

“La peligrosidad sísmica no se puede cambiar”

“Hablamos de una zona sismogénica, con fallas tectónicamente activas muy cercanas al enclave de extracción”. Por ello, insta a “mirar todo el escenario completo”, ya que considera que el estudio ambiental que recibió el aval administrativo “quizás infravaloró la complejidad del escenario tectónico regional, incluida la existencia de fallas bajo el yacimiento y en su entorno”.

Además, y aunque siempre se ha esgrimido que se mejorarán las medidas de seguridad, “la peligrosidad sísmica de la zona no se puede cambiar”. Los avances científicos han impulsado un mejor conocimiento geológico de la región, por lo que ahora “tenemos más capacidad que nunca para evaluar la peligrosidad, la exposición y en definitiva el riesgo sísmico”.

A esto añade que la zona tiene un factor valor de aceleración sísmica “de los más altos de la Península Ibérica, y ese dato por sí solo ilustra sobre el incremento del riesgo sísmico en la zona en términos comparativos con otras regiones”. El referente principal es el gran terremoto de Lisboa de 1755, que impactó en buena parte de Andalucía y que, sin ir más lejos, afectó a la cercana ermita del Rocío y le provocó “daños muy severos”. Tanto, que cinco años después se levantó una nueva.

“El riesgo cero no existe”, apostilla Alonso, que se pone en un escenario que podría ser hasta peor si un hipotético terremoto ocurriese durante la celebración de la romería del Rocío. O en verano, con la urbanización playera de Matalascañas (el núcleo urbano más cercano al parque) abarrotada con hasta 300.000 personas.

Registros de tsunamis graves

Depósitos naturales de gas los ha habido siempre en Doñana, un recurso que se extrajo de unos sedimentos porosos que son ahora los que se utilizan como almacén. Pero el aprovechamiento que se pretende requiere introducir y extraer el gas, con el consiguiente riesgo de incrementar la presión. “Inyectar un fluido modifica las condiciones actuales del yacimiento y hace necesario controlar muy bien el estado de esfuerzos local, porque ”la sombra de El Castor va a estar siempre planeando“, un proyecto en Castellón que se canceló tras registrarse más de 500 terremotos inducidos por el ser humano.

Antes de tomar cualquier decisión, defiende, “haría falta promover un debate científico para la transferencia de conocimiento a quienes tienen la responsabilidad de decidir liderado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica”, departamento desde el que se insiste en que se está siguiendo “escrupulosamente la normativa, como no puede ser de otra manera”. España, se apunta en esta línea, “cuenta con un sistema de protección ambiental sólido y garantista”, por lo que “Doñana nunca se va a poner en peligro”.

Eso sí, los antecedentes no son para tomárselos a la ligera, sentido en el que Alonso recuerda que el terremoto de Lisboa provocó un maremoto con olas de entre 13 y 15 metros de altura. Y no ha sido el único, porque existen evidencias geológicas de que en nuestra era se han registrado al menos cinco grandes temblores de tierra que generaron tsunamis, y hay constancia geológica de al menos otros ocho con anterioridad.

El experto, en definitiva, apela al “sentido común” y a aparcar una iniciativa que “implica un riesgo que no es necesario”. “El ser humano es el principal factor de riesgo”, una ecuación compuesta por tres elementos (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad) que se multiplican entre sí. Por ello, la clave para minimizar lo que pueda ocurrir es, sencilla y llanamente, reflexionar: “el proyecto incrementa el riesgo y las autoridades tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Estamos preparados para garantizar esa seguridad?”.