El freno de los ultracatólicos a eutanasias ya concedidas cumple un año sin que los jueces lo desmonten

Son solo dos casos en toda España dentro de una aplicación general de la ley, pero han generado preocupación en las asociaciones en favor del derecho a morir dignamente. Una mujer y un hombre de Barcelona llevan más de un año sin poder ver materializada su eutanasia debido a la impugnación judicial que realizaron familiares suyos, uno de ellos representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. Pese a tratarse de procedimientos preferentes, los jueces todavía no han resuelto una batalla legal que está lejos de concluir.

“Cuantitativamente estos dos casos no son un problema sistémico, porque el resto de eutanasias se van aprobando, pero suponen una actitud muy poco ética: por defender una posición ideológica, pasan por encima de la voluntad de los solicitantes de eutanasia”, expone Cristina Vallès, presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament.

La jurista especialista en bioética Núria Terribas, vocal de la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia en Catalunya (el órgano administrativo formado por juristas y médicos que se encarga de valorar las solicitudes), remarca las consecuencias para los pacientes de la suspensión de su derecho a morir: “Se está alargando el sufrimiento de dos personas de forma injustificada”.

Como otros juristas, Terribas incide en que la ley no contempla que un familiar pueda recurrir la eutanasia de un pariente, sino que la tutela judicial está pensada para el caso contrario, esto es, cuando el paciente que quiere morir impugna ante el juez la negativa de la comisión a su solicitud. Terribas solo tiene constancia de esos dos recursos a la eutanasia. Durante este año, se han seguido aprobando y denegando solicitudes con normalidad pese al intento de presión de Abogados Cristianos a los profesionales médicos y legales encargados de evaluarlas.

La comisión de garantías aprobó la eutanasia de N., una joven catalana, el 15 de julio. Su padre, de la mano de los ultras Abogados Cristianos, la recurrió y desde principios de agosto permanece paralizada. Durante todo este tiempo, miembros de una comunidad católica vinculada a una parroquia de Sabadell (Barcelona) han irrumpido en la habitación de hospital donde vive N. y la han presionado a través de mensajes a su teléfono, tal y como ha desvelado elDiario.es.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. “Me robaron mi día”, fue la clarificadora frase que N. pronunció en la vista al lamentar el sufrimiento que arrastraba por ver en suspenso su derecho a morir. La magistrada debía decidir no solo sobre si tenía derecho a recibir la eutanasia, sino sobre si su padre estaba legitimado para recurrir.

La respuesta fue un varapalo contundente al padre y a Abogados Cristianos. La jueza dio la razón por completo a la Generalitat, que defiende a la comisión de garantías y rechazó que el padre pudiera impugnar su eutanasia. El caso ahora está a la espera, desde el pasado mes de mayo, de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronuncie sobre el recurso de los ultracatólicos.

En ningún momento del procedimiento Abogados Cristianos ha aportado informe pericial alguno para rebatir a los 19 juristas y especialistas médicos de la Generalitat que avalaron la eutanasia de N. De querer proseguir la batalla legal, Abogados Cristianos puede llegar al Supremo o incluso al Constitucional. Además, los ultracatólicos han alegado, sin ninguna prueba, deudas económicas de la joven para impedir su eutanasia.

También en julio del año pasado la Comisión de Garantías concedió su eutanasia al hombre de 53 años cuya familia recurrió. Su caso ha seguido un camino algo distinto al de N.: la magistrada que vio el recurso resolvió directamente, sin celebrar un juicio, que la familia no podía impugnar su eutanasia. Pero el TSJC revocó su decisión y consideró que el padre sí estaba legitimado para recurrir el derecho a morir de su hijo. La Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJC. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado.

Terribas destaca que, pese a lo inesperado de los recursos, los médicos y juristas han seguido evaluando los casos de eutanasia con normalidad. “Los profesionales que intervienen en cada paciente están tranquilos, todo el mundo trabaja con rigor. Lo que me preocupa es que a las personas solicitantes con la eutanasia que han visto su petición paralizada se las ha dejado en una situación de indefensión total”, asevera.

“En teoría son procedimientos que tendrían que ser prioritarios en el juzgado, pero llevamos meses sin que se haya movido nada”, agrega la jurista. Tanto Terribas como Vallès abogarían por una reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa (donde se resuelven los recursos judiciales contra eutanasias ya concedidas) para que este tipo de impugnaciones tengan prioridad absoluta sobre el resto de asuntos, para evitar así la espera de los solicitantes catalanes.

La presidenta de Dret a Morir Dignament señala que Abogados Cristianos “está haciendo un mal uso de la ley y alarga el sufrimiento de una joven”. “Hay dos personas con sus derechos restringidos”, agrega Vallès, para quien las impugnaciones judiciales solo buscan, además de ir contra el solicitante de eutanasia, “poner en entredicho a la Comisión de Garantías de Catalunya, que es de la que mejor funciona en España”.

“El fondo del recurso saben que no lo pueden ganar, eso es lo más perverso, no les importan las personas”, apostilla Vallès, que también quiere destacar el resto de casos que sí se pueden llevar a cabo: “Salvo estas dos excepciones, las eutanasias se llevan a cabo con tranquilidad, con los solicitantes al lado de su familia y bien acogidos. Es un momento de final, pero tierno”.