Sánchez prepara para el nuevo curso medidas sociales y anticorrupción que obliguen al PP a retratarse

Sánchez resiste y Feijóo se desespera. Gobierno y oposición echan el cierre hasta final de agosto para volver, seguramente, igual que se fueron. Uno, dispuesto a seguir pese a su debilitada mayoría y con planes para avanzar. El otro, con la vista puesta en unas elecciones que anhela, pero no llegan y con el propósito de demoler el sanchismo. Septiembre augura, en todo caso, el mismo ruido y la misma estrategia de oposición sin cuartel contra un presidente que deja pendiente la negociación de los presupuestos generales para 2026 y los posibles cambios en su gabinete para afrontar la segunda mitad del mandato.

En la Moncloa preparan para el arranque del nuevo curso propuestas de carácter social y en materia anticorrupción que obliguen al PP a retratarse ante un electorado que “si algo reconoce en todos los cualitativos es que los grandes avances sociales siempre vinieron de los gobiernos de izquierdas”, asegura un ministro socialista. El Gobierno intenta así pasar el trago de la crisis abierta tras el encarcelamiento del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y la investigación judicial sobre la trama corrupta que operaba en el Ministerio de Transportes durante los años de José Luis Ábalos como ministro. Y el objetivo, aseguran fuentes del gabinete presidencial, es aprovechar septiembre para retomar la agenda social e impulsar un paquete de medidas sociales que sirvan para cohesionar a los socios parlamentarios.

Aprobados ya en julio, como exigía Yolanda Díaz, la ampliación en tres semanas de los permisos retribuidos por paternidad y cuidados, los socialistas se proponen avanzar en su histórica propuesta para la abolición de la prostitución como gesto de autoafirmación tras los deplorables audios que revelaron cómo Ábalos, y su asesor Koldo García contrataban servicios de prostitución con referencias despectivas hacia las mujeres. Un asunto que la derecha ha utilizado para poner en cuestión el compromiso de los socialistas con el feminismo, como hizo el propio Feijóo el pasado jueves en su balance de fin de curso, donde llegó a afirmar que la prostitución “le vino bien [a Sánchez] en el ámbito personal y patrimonial” durante “una época de su vida”. El líder de la oposición dio así un paso más, después de haber acusado al presidente de “haber participado a título lucrativo” de la prostitución, en alusión a un supuesto negocio de saunas de su ya fallecido suegro.

Lo cierto es que la de la abolición de la prostitución es una propuesta con la que Sumar, socio de gobierno del PSOE, siempre ha tenido reservas. De hecho, la última vez que los socialistas llevaron un texto al Congreso para abolir la prostitución fue hace poco más de un año fue tumbado con los votos del PP y de los de Yolanda Díaz. Sin embargo, en su último Congreso Federal de diciembre de 2024, los socialistas volvieron a ratificar su compromiso con el abolicionismo y su intención es volver a llevarlo al Parlamento a partir de septiembre en un claro guiño al feminismo y el voto de la mujer.

Asimismo, el Gobierno aprobará también la reforma de la Ley del Tabaco, que incluirá la ampliación de los espacios libres de humo como las terrazas de la hostelería, los campus universitarios, los centros docentes, las instalaciones deportivas y las zonas exteriores de ocio. El texto, que estaba previsto llevar al último Consejo de Ministros de julio, establece una nueva regulación para los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y otros productos a base de hierbas calentadas, que serán equiparados normativamente al tabaco convencional en cuanto a restricciones de uso en espacios públicos. Y es que el Ministerio de Mónica García se ha propuesto “garantizar entornos seguros y saludables” desde el convencimiento de que “cada espacio ganado al humo del tabaco es un espacio ganado a la salud y a la vida”.

Además de la ampliación de los espacios sin humo, la reforma se abordará en el marco de una estrategia nacional más amplia de lucha contra el tabaquismo, que incluirá la financiación de tratamientos para dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud, la regulación y control de nuevos dispositivos de consumo, y el incremento de la fiscalidad sobre productos relacionados con el tabaco.

Sánchez se propone también dar forma legal en el último trimestre del año a las medidas que diseñó conjuntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE para luchar contra la corrupción y que ya anunció en julio en el Congreso durante su comparecencia, tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. Se trata de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción centrado en la prevención de delitos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción y que incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Un organismo que asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.

El Gobierno quiere también exigir sistemas de control de cumplimiento en materia anticorrupción a las empresas que contratan con las distintas Administraciones y reforzar, por otra parte, los controles sobre los partidos políticos “para garantizar que quienes gestionan recursos públicos lo hagan con los más altos estándares de transparencia e integridad”, según detalló el propio presidente del Gobierno. El objetivo es imponer además la obligación de realizar auditorías externas e independientes para los partidos y sus fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción.

El GRECO y la regulación de los lobbies

La corrupción, como consecuencia de los casos Ábalos/Koldo/Cerdán y Montoro ha escalado en los últimos meses hasta el segundo puesto en la lista de preocupaciones de los españoles, según el CIS. Y el Gobierno trata de dar respuesta a ello cuanto antes. Mucho más después de que esta última semana de julio, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa haya avisado a España de que no ha dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni tampoco sobre la reforma de la figura del aforamiento. En el mismo informe, que el PP volvió a usar para pedir elecciones anticipadas, lamenta que la regulación a los grupos de interés o lobbies todavía no se haya materializado.

Aunque el GRECO admite que el Gobierno ha dado algunos pasos en materia anticorrupción con el llamado Plan de Acción para la Democracia, también indica que España debería “intensificar sus esfuerzos” para implementar reformas que permitan reforzar los mecanismos anticorrupción en las altas instancias del Gobierno y en las fuerzas de seguridad. En este sentido, señala que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha ganado mayor independencia aunque todavía está pendiente de aprobación legislativa su plena capacidad sancionadora. Asimismo, considera que las restricciones al empleo para las personas que han desempeñado un cargo político, las llamadas ‘puertas giratorias’ y los requisitos de declaración financiera, necesitan ser reforzados. En concreto, en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. Y añade que la Oficina de Conflictos de Interés sigue careciendo de una verdadera independencia y presupuesto propio.

“España -dice el documento que se conoció el pasado viernes- no ha aplicado satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda”, que se publicó en 2019. De todas las recomendaciones, el grupo de trabajo cree que 16 se han ejecutado, pero solo “parcialmente” mientras que otras tres siguen sin aplicarse, por lo que el informe concluye que no se cumplen suficientemente las recomendaciones e insta a las autoridades españolas a presentarle un informe sobre los avances antes del 30 de junio de 2026.