Los pagos del empresario Antxon Alonso a familiares de Santos Cerdán refuerzan su vinculación con Servinabar 2000

“Nada tengo que ver con la constitución de Servinabar. Ni participé ni participo. En ningún momento he tenido poder de decisión sobre ella”, declaró Santos Cerdán en el Tribunal Supremo el lunes de finales de junio que terminó ingresando en prisión preventiva. Por el contrario, el magistrado Leopoldo Puente, a pesar de los esfuerzos de su defensa, le atribuye una presunta posición central en una trama de corrupción que golpea al PSOE, el partido del que era influyente secretario de Organización, muñidor de los acuerdos para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez y, además, el gran hombre fuerte en Navarra, el ‘alter ego’ de María Chivite, que es una de los cuatro líderes autonómicas que le quedan a los socialistas junto con Adrián Barbón en Asturias, Salvador Illa en Catalunya y Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, los datos que siguen apareciendo sobre esta empresa, oficialmente Servinabar 2000, parecen empeñados en contradecirle. Después de la tregua de San Fermín en Pamplona, la inquietud de aquellos días de junio ha vuelto a apoderarse del PSN, que en este trance también ha perdido a su ‘número dos’ y el tercero en el triángulo de poder en la comunidad foral, Ramón Alzórriz. Y también por su vinculación con esta sociedad que ya se ha esfumado de sus oficinas en plena Plaza del Castillo de Pamplona, a metros del Gobierno autonómico, del Parlamento y de la sede socialista.

El 100% de las participaciones de esta mercantil nacida en 2015 son de su amigo Antxon Alonso, aunque prefiere escribirlo “Antton”. ¿Quién es? Es un empresario natural de Gipuzkoa, residente en Bizkaia y que se movía como pez en el agua en los círculos de poder de Navarra con números CIF a pares a su nombre en el registro mercantil. De su lado, Cerdán es natural de Milagro, en la ribera navarra. Conoció a Alonso allí mismo cuando, a través de una empresa con las tres primeras letras de su nombre y las dos de su apellido, Antal, buscaba crear una “ciudad de vacaciones” al más puro estilo Marina D’Or pero en el interior. Aquello no fraguó. De hecho, Cerdán se oponía como edil de la oposición a UPN.

Pero sí entablaron un contacto que se estiró en el tiempo. Pocos meses después de la creación de Servinabar 2000, en 2016, Cerdán y Alonso firmaron un documento por el cual el político pasaba a controlar el 45% de la empresa. Ambos le han negado validez alguna al papel –localizada por la Guardia Civil en el trastero del dúplex del empresario en Elorrio– y han alegado, con razón, que nunca fue escriturado. Sin embargo, la normativa civil le da igual trascendencia a esos pactos privados si son aceptados por las partes y la UCO de la Guardia Civil sostuvo desde el principio que la mano de Cerdán estaba detrás de Servinabar 2000 porque, entre otras cosas, hizo gestiones en su nombre.

Santos Cerdán, subiendo a su escaño en el Congreso 24 horas antes de la aparición del informe de la UCO de la Guardia Civil

En los audios de Koldo García, militante del PSN y hombre de los recados de Cerdán primero y después ya del ministro José Luis Ábalos, se escucha que Alonso pudo haber abonado “billetes de 500” a su amigo. La Guardia Civil también localizó en su casa, debajo de la cama, bolsas con unos 16.000 euros en efectivo. ¿Ha cobrado algo Cerdán de esa empresa? De momento, nada de eso consta. Pero sí hay otros detalles.

En Madrid, por ejemplo, el político ha ocupado una casa proporcionada por Servinabar 2000, que la tenía alquilada en la capital de España. “Cuando me traslado yo solo a vivir a Madrid en 2017, necesito un lugar en el que vivir. Allí aparece Antxon, que me cuenta que la empresa Servinabar va a disponer de un piso pequeño en la capital porque él tiene que bajar a menudo. Empieza una situación transitoria de convivencia, compartiendo un piso diminuto e instrumental para los dos, de 40 metros cuadrados en Cardenal Cisneros. Tenía una habitación, el otro dormía en el comedor. Pagábamos 800 euros al mes de alquiler hasta que ya más tarde, al año siguiente, cuando viene a vivir a Madrid mi mujer y mi hija, buscamos un piso más grande y dejamos de compartir piso”, explicó él.

El informe de la Hacienda foral navarra

Esta semana se ha incorporado al sumario un documento de 635 páginas con datos de la Hacienda foral de Navarra sobre Cerdán, Alonso y Servinabar 2000. En el encabezado ya se avisa de que es “parcial” porque Alonso reside en Elorrio, por lo que debería ser la Hacienda foral de Bizkaia la que aporte también información. Sin embargo, ya se ha podido comprobar que en la empresa cobraron cantidades relevantes la hermana del político, Belén Cerdán, y el hermano de su esposa, Antonio Muñoz. 22.000 y 62.000 euros, respectivamente. En el primer caso, además, luego pasó a facturar a través de otra mercantil, Erkolan, con sede en Donostia. Otros 258.000 euros.

Belén Cerdán, aparentemente, era la encargada de la llevanza de la contabilidad en Servinabar 2000. Primero a título individual y luego con el paraguas de Erkolan. ¿Qué es Erkolan? Es una cooperativa ubicada en la misma sede que otra llamada Noran Coop y que compartieron Alonso y García. Ella es edil en Milagro. Era teniente de alcalde, de hecho. Lanzó en 2023 el chupinazo de las fiestas de septiembre junto con su hermano. Cerdán y Cerdán encendieron mano a mano la mecha del cohete. Sin embargo, como el resto de la familia, se dio de baja en el PSN el día del encarcelamiento al entender que, tras su aportación al proyecto durante años, no les estaban apoyando lo suficiente. Sin embargo, todavía hoy sigue aferrándose a su acta como no adscrita. Ella ha explicado en ‘Diario de Navarra’ que ha trabajado con normalidad para Alonso, un amigo de la familia de toda la vida. Ni el PSN ni Ferraz han conseguido que dimita.

Sobre Muñoz, andaluz, se ha indicado desde el entorno de Cerdán que trabajó como “albañil”. Porque Servinabar 2000 es una empresa constructora. Aunque nació para otra cosa, como organización de eventos. De hecho, sus primeras adjudicaciones públicas de obras las obtuvo siendo eso y no en lo que se ha convertido. De Servinabar 2000 también salen flujos de dinero a Noran Coop. Y han estado contratadas, igualmente, otras personas del entorno del PSN.

Es el caso de la pareja de Alzórriz, con labores de prevención de riesgos laborales para las que no tenía experiencia. Cuando dimitió por haber ocultado a Chivite esta información indicó a los medios de comunicación que el puesto se lo consiguió Alonso y no Cerdán. No aclaró de qué conocía al empresario. Desde 2015 aparece en la plantilla el hijo del que fuera secretario general de UGT en Navarra hasta hace escasas fechas, Jesús Santos. Y Vicente Fernández Guerrero ha estado dado de alta. Andaluz, expresidente de la SEPI y procesado en el caso Aznalcóllar, ejerció de “director comercial” de la firma de Pamplona, un dato que no revela en su currículum de LinkedIn.

Vicente Fernández Guerrero

Los pagos externos han llevado la patata caliente de Servinabar 2000 a otros dos partidos políticos. Emerge, por un lado, la figura de Óscar Arizcuren. Exalcalde y exsecretario general de UPN, el principal ariete en Navarra contra este caso, ha facturado unos 69.000 euros vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. A Arizcuren también le une un vínculo de amistad con Cerdán, según las fuentes consultadas. “No pertenezco a una trama de nada”, ha dicho en los últimos días al trascender estos movimientos económicos.

Y luego está Geroa Bai, la coalición del PNV con los Socialverdes. Cerdán contó que Alonso era nacionalista. Aunque lo que ha tenido más repercusión es que es nacido en Elgoibar, como Arnaldo Otegi, y que le ayudó a tender puentes entre el PSOE y EH Bildu, el ahora reo declaró en el Supremo igualmente que su amigo era “simpatizante del PNV”. “Hablamos mucho de política porque él es un enamorado de la política y yo también y manteníamos debates constantemente. Desde posiciones distintas, porque él pertenece al mundo del PNV, al nacionalismo vasco, y yo es evidente que no. Pero nos une la pasión de intentar construir políticamente alternativas a los Gobiernos conservadores de Navarra”, señaló.

Alonso, en efecto, tiene mucha cercanía con Geroa Bai en Navarra, aunque no especialmente con la parte del PNV. La otra pata de la coalición está articulada ahora como Socialverdes y es el sector que lidera la expresidenta Uxue Barkos y del que forman parte consejeros actuales como José María Aierdi, por ejemplo. En este contexto ha aparecido un pago de 4.840 euros en 2018 desde Servinabar 2000 a la mercantil Prestomedia, a cuyo frente está el marido de Barkos.

Rápidamente, la ahora senadora ha emitido un comunicado para resaltar su “honorabilidad” y también la de su familia. El contexto de la factura es un evento que organizó el Gobierno vasco y el Grupo Noticias en Bilbao en julio de hace ahora siete años. Ese evento estaba organizado por Prestomedia, que ingresó, asimismo, un contrato de 14.999 euros más IVA de la Administración vasca (el máximo permitido para no hacer concurso), Estaba patrocinado por, entre otras entidades privadas, Acciona. Sin embargo, es Servinabar 2000 la que abonó a Prestomedia la parte de Acciona, según Barkos. “Todo ello conforme a la ley”, insistió la expresidenta, que insiste en el “trabajo intachable” de su Gobierno en la legislatura de 2015 a 2019 y en que ella “de ninguna manera” participaba en adjudicaciones.

Barkos es ahora senadora. Pero no en el grupo del PNV, sino en el de Sumar. Es miembro de la comisión de investigación abierta sobre este asunto. El día en que compareció Alonso, que no respondió a ninguna pregunta e incluso se permitió el lujo de pedir que se suspendiera la sesión, la expresidenta no estuvo presente.

En cifras

Servinabar 2000 ha recibido adjudicaciones públicas en Navarra. Sin excepción, comparte en todas ellas UTE con Acciona. Y, en la más onerosa y controvertida, los túneles de Belate, lo hace con Construcciones Osés. La participación de Alonso en estas contratas no era del 10%, como erróneamente informó este periódico en junio. Datos oficiales de la propia mercantil muestran que tenía el 25% en la UTE para la reforma del Archivo de Navarra (2,01 millones), el 20% de los trabajos de reforma del Navarra Arena (3,78 millones) y el 15% en Belate (84,6 millones con la reciente ampliación de crédito). Hay también dos adjudicaciones de vivienda protegida de la sociedad pública Nasuvinsa (unos 14,6 millones). Alonso ha declarado poseer solamente el “0,01%” de esa UTE, aunque antes, en solitario, estuvo a punto de cerrar un acuerdo de promoción de viviendas sin Acciona.

Además, en la misma sede de Servinabar 2000 aparece Alegure. Está conformada en un 96% por la mercantil de Alonso y en un 4% por otra, Uribene, detrás de la que está otro empresario vasco, Iñaki Alzaga, del Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás. El PNV ha negado que sea militante ante los intentos del PP de vincularle por esta vía a la trama de corrupción. Si se ha cuestionado la débil estructura de Servinabar 2000 para el tipo de negocios que hacía, Alegure directamente no tenía ninguna. Sin embargo, en UTE con Acciona logró la construcción de un colegio en Arbizu tras una adjudicación en la etapa de Barkos.

Servinabar 2000 ha declarado en Hacienda un importe neto de la cifra de negocios de 13.450 euros en 2015, de 138.072,20 en 2016, de 702.090,77 en 2018 (este periódico no tiene los datos de 2017), de 295.117,57 en 2019, de 825.770,50 en 2020, de 1.009.441,36 en 2021, de 1.547.438,58 en 2022 y de 1.090.204,07 en 2023. Asimismo, también es titular del 44% de otra UTE, Sangüesa Zangoza Services, vinculada al proyecto Mina Muga, el origen de la colaboración entre Alonso y Acciona y que aún sigue coleando en Navarra.

Edificio de las oficinas de Servinabar, sin el cartel de la compañía.

Este martes, en pleno mes de agosto, el Parlamento navarro iniciará los trabajos de la comisión de investigación creada ‘ad hoc’ sobre las derivadas navarras de este caso. Todos los partidos han presentado ya sus propuestas de comparecencias y solicitudes de documentación. UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Vox desean que comparezca Cerdán. Alonso también ha sido propuesto por UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin. Uno de los puntos críticos será la determinación de qué ocurrió con los túneles de Belate, la mayor obra de la década en Navarra. “Existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”, manifestó ya un alto funcionario que participó en la mesa de contratación en su comparecencia ante el Senado.

En la causa judicial, recién iniciada, quedan muchos flecos y preguntas por responder. A Alonso en Elorrio, por ejemplo, le clonaron sus dispositivos electrónicos y le decomisaron más documentación escrita. ¿Qué se ha podido aclarar ahí con relación a Servinabar 2000? Dos letrados han recordado a este periódico que agosto suele ser inhábil para estas cosas. Llegarán más respuestas en septiembre.