La lacra del turismo sexual con menores alcanza a España: «Al sector le cuesta reconocerlo»

En la Playa de Palma, epicentro del turismo alemán en Mallorca y uno de los destinos pioneros en la explotación del sol y playa, el ruido de las terrazas y la música que se escapa de los chiringuitos convive con una realidad que se oculta tras las luces de neón y los cócteles con pajita de colores. En un escenario en el que se mezclan ocio y turismo masivo, los explotadores sexuales de menores operan de forma cada vez más sofisticada, principalmente a través de las tecnologías. Sin embargo, se trata de una lacra que no se reduce a Balears. Tampoco a los países con mayores dificultades socioeconómicas. Ni a los más exóticos. “La explotación sexual en los viajes y el turismo es una problemática global, no solo de países concretos. En España también sucede”, asevera Patricia Raduán, educadora social en la Fundación Rana, impulsada en 2005 con el objetivo actuar y erradicar los abusos sexuales a menores.

La explotación sexual infantil y adolescente (ESIA), principalmente en entornos turísticos, continúa siendo una problemática invisibilizada. “Cuando piensas en la violencia hacia los niños, uno piensa en los centros educativos o de ocio. El turismo no suele asociarse a ello, a pesar de que detrás se esconde una violencia que debe salir a la luz”, incide Raduán en declaraciones a elDiario.es. Apela, principalmente, a sensibilizar a la población y a las empresas que operan en el sector: “La protección es una responsabilidad y un deber de toda la sociedad. Mirar hacia otro lado es ser cómplice”.

El incremento de la movilidad de las personas y los movimientos migratorios, el acceso casi universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expansión de la industria de los viajes y el turismo, cuyas infraestructuras pueden acabar siendo utilizadas por parte de los agresores sexuales, son varios de los factores que aumentan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual. De hecho, en las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación hasta convertirse en uno de los mayores sectores económicos del mundo y de más rápido crecimiento, lo que lo convierte en caldo de cultivo para la explotación sexual infantil, como apunta la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) en uno de sus informes. De acuerdo al mismo documento, se estima que unas 250.000 personas viajan cada año para tener contacto sexual con personas menores de edad, lo que supone la victimización de cientos de niños y niñas.

La expansión de la industria de los viajes y el turismo y el acceso casi universal a las TIC son varios de los factores que aumentan la vulnerabilidad de los niños

La Base de Datos Internacional de imágenes y vídeos sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) desarrollada por Interpol identificó a más de 3.800 víctimas en 2020 (23.656 víctimas desde que se puso en marcha este instrumento de investigación), y más de 10.752 agresores sexuales (más de un 90% de ellos, hombres). En España, según la misma plataforma, los delitos relativos a la ESIA crecen año tras año, victimizando a más de 5.700 niños y niñas sólo en 2019. Mientras tanto, de acuerdo a la información recogida por FAPMI, el 17,8% de los y las jóvenes ha sufrido algún tipo de victimización sexual, siendo la electrónica la más frecuente (12,1% de los casos) y afectando en mayor medida a las chicas (más del 60% de los casos). Asimismo, los datos proporcionados por el Ministerio del Interior revelan que 3.928 menores fueron victimizados en el entorno online en 2023, un 24,28% de ellos a nivel sexual.

En el caso concreto de Balears, destino que apenas supera los 1,2 millones de habitantes, en 2024 recalaron 18,7 millones de turistas, tal como se desprende de los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Las islas reciben el doble de visitantes que hace 25 años. Y, aunque no hay cifras concretas sobre cuántos menores son captados con fines de explotación sexual, varias cadenas hoteleras han firmado a lo largo de los últimos años The Code–ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes), un código de conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en la industria del turismo y los viajes.

Se trata de una iniciativa internacional promovida principalmente por ECPAT Internacional, UNICEF y la Organización Mundial del Turismo para combatir en todo el mundo la explotación sexual comercial de menores. En España, la representación de la Red ECPAT International y de The Code es ejercida desde enero de 2012 por la FAPMI.

Con el incremento del uso de las TIC, las posibilidades por parte de los agresores sexuales de captar y explotar sexualmente a niños y niñas también se han visto aumentadas

Los hoteleros: “Hay que involucrar a toda la cadena de valor”

Consciente de las dimensiones de esta lacra, una de las cadenas adheridas a The Code es la mallorquina RIU. Lo hizo en 2012 y, desde entonces, sus directivos comenzaron a establecer protocolos específicos y a centrarse en la formación periódica de sus empleados para detectar conductas inadecuadas.

“Cualquier empresa firmante de la Alianza tiene que cumplir cinco compromisos: disponer de una política de protección a la infancia; debe tener formado a su personal; tiene que contar con protocolos propios de prevención y actuación en caso de que se produzca un caso de explotación; debe ir más allá de su propio establecimiento e involucrar a los proveedores y, finalmente, involucrar también al cliente”, explica a elDiario.es la directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU, Catalina Alemany, quien insiste en la importancia de hacer extensivo este compromiso “a toda la cadena de valor”, principalmente ante el hecho de que “las redes de captación están sofisticándose a través de la tecnología y las redes sociales”.

La directiva señala que llevan más de una década de trabajo “transformando esa mentalidad y esa sensibilidad”. Alemany hace hincapié, además, en el factor local: “Lo que estamos haciendo en México no es lo mismo que estamos haciendo en España. No hay que trabajar la problemática como si en todos los sitios fuese igual, porque las redes no funcionan igual y te tienes que adaptar a cada destino”. En este sentido, subraya que “todos los destinos turísticos tienen prostitución y todos los destinos turísticos que tienen prostitución tienen prostitución infantil. Y esto incluye las grandes ciudades y los países desarrollados, incluso la propia zona en la que trabajamos. Al sector le cuesta reconocer eso”, afirma.

Normalización de la prostitución en los viajes

Alude, de hecho, a la Playa de Palma, donde RIU posee su sede corporativa: la normalización del consumo de prostitución como un ocio más se percibe en grupos de jóvenes que llegan a Mallorca con paquetes de vacaciones en los que priorizan el alcohol, las discotecas y el sexo de pago como parte de su experiencia. “Vemos que hay grupos de jóvenes alemanes, de quienes presuponemos que han nacido y crecido en igualdad y han recibido una formación y una educación muy parecida a la que pueden haber recibido otros turistas europeos, que acaban metiendo dentro de su paquete turístico la prostitución como si fuera una parte más de sus vacaciones. Y eso pasa también en despedidas de soltero. La gente ahora no hace las fiestas de despedida de soltero en su territorio, sino que viaja y las incluye dentro del paquete como una escapada de fin de semana”, explica. “Si lo analizamos bien, es un retroceso en derechos humanos de libro, pero lo hemos normalizado”.

Ocio en la Playa de Palma, donde la normalización del consumo de prostitución como un ocio más se percibe en grupos de jóvenes que llegan a Mallorca

Alemany lamenta al respecto la existencia de una “tolerancia social a la prostitución ligada a la diversión o al ocio”. “Lo vemos en los grandes eventos deportivos, las grandes ferias, incluso la turística: estos ámbitos atraen la prostitución como una parte más del ocio”, abunda, aseverando que hay una parte de la industria turística que cree que hablar de ello “repercute en una mala reputación”: “Nosotros creemos que es justo lo contrario. Hablar de ello refuerza al sector. Reconocer el problema es el primer paso para empezar a dar soluciones. Hay que hablar con claridad y con transparencia de este problema. Y, cuanto mejor lo hagamos, más barreras les estamos poniendo a todas aquellas personas que están dispuestas a explotar a un menor”.

En esta línea, precisa que las redes de captación se están sofisticando a través de la tecnología y, sobre todo, a través de las redes sociales. “Desde las aplicaciones de contactos puede presentarse ese falso novio o esa falsa novia que acaban siendo un explotador. Tenemos explotadores de ambos sexos y se está complicando muchísimo”.

La Playa de Palma cuenta con unas 40.000 plazas hoteleras que albergan cada año a más de 1,6 millones de visitantes

Sobre ello, la Memoria de la Fiscalía de 2023 –la de 2024 aún no ha sido presentada– apunta a tasas “realmente preocupantes” en torno a las conductas de claro riesgo en redes sociales. De acuerdo al informe, el 10,4% de los menores consultados reconoce haber enviado fotos o vídeos de carácter sexual (sexting activo) y más del triple –el 31,2%– admite haberlos recibido (sexting pasivo). Aunque el sexting es practicado tanto por chicas como por chicos, el Ministerio Público señala que existe un claro sesgo de género: el 22,2% de las jóvenes se ha sentido presionada o chantajeada para enviar contenidos sexuales, frente al 7,7 % de los varones. En cuanto al conocido como grooming, los datos son, según la Fiscalía, igualmente “alarmantes”: el 58,4 % de los jóvenes ha aceptado alguna vez a un desconocido en redes sociales, y el 22,7 % llegó a quedar en persona con gente que conoció exclusivamente a través de internet.

Además, las chicas son objeto de proposiciones sexuales por parte de adultos mucho más frecuentemente que los chicos, mientras que el consumo de pornografía online se dispara entre los varones.

Alertas e indicadores de posibles casos de abuso

Desde la Fundación RANA, encargada de impartir talleres, charlas informativas, campañas de sensibilización y atención terapéutica a personas adultas que fueron víctimas de abuso a su infancia, Patricia Raduán incide en la “invisibilización” de la explotación sexual infantil en el turismo. “Recuerdo cuando íbamos a algunos hoteles para hacer una formación y, cuando llegábamos, al principio nos respondían: ‘¿Pero esto qué tiene que ver con nosotros?’ No lo preguntaban con maldad, era desconocimiento”.

En 2020, el Govern de Francina Armengol aprobó un decreto pionero en Europa que prohibía el llamado turismo de borrachera, así como la publicidad relativa al consumo de alcohol y las barras libres en las zonas de la Playa de Palma, Magaluf y el West End de Sant Antoni, en Eivissa

En este sentido, subraya que el primer paso para prevenir este tipo de casos es acudir a los propios canales de la industria turística, a los hoteles, las aerolíneas y los turoperadores para formar a todo el personal, sean directivos, camareras de piso o trabajadores de mantenimiento, para que, a través de situaciones prácticas, conozcan los indicadores que pueden llevarles a actuar. “Pueden ser alertas como el hecho de que alguien que está solo de repente pida una cama de matrimonio, que por las noches veas en el bar a adultos que siempre están con menores y no sabes si son de ese grupo”. “Quizás sea una falsa alarma, pero hay que estar atentos. Y, sobre todo, que la respuesta que dé el trabajador esté amparada por la empresa”, añade.

La educadora social subraya que si el personal no conoce el protocolo a seguir “es imposible que actúe”, teniendo en cuenta, además, que “muchas empresas tienen miedo de que esto les dañe la imagen”. “Hay que hacer mucho hincapié para que haya ese cambio de mirada, y eso es lo más difícil”, comenta. Raduán recalca la necesidad de implicar en ello a las administraciones públicas, además de colaborar con los agentes de seguridad, los taxistas, los bares próximos al hotel y los supermercados para que no se promueva ningún tipo de ocio vinculado a la explotación sexual.

Protocolos

En Balears, el Govern de Francina Armengol (PSOE) adoptó en agosto de 2018 un protocolo de actuación en casos de abuso y explotación sexual infantil que complementaba el Protocolo marco de actuaciones de maltrato infantil que se venía desarrollando desde 2007. Con este nuevo instrumento, en constante modificación, el Ejecutivo autonómico reforzaba las medidas contempladas contra esta problemática en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Fiscalía y otros numerosos organismos sociales, educativos y sanitarios. Consultado por elDiario.es, el actual Govern de Marga Prohens (PP) no ha podido precisar de qué forma se aplica el protocolo en la actualidad, alegando que la Conselleria de Asuntos Sociales, competente en la materia, se encuentra en fase de reestructuración.

Una de las medidas puestas en marcha por el anterior Govern fue una campaña publicitaria pionera a nivel nacional y dirigida a las adolescentes de las islas para informarles de los riesgos que corren y, al mismo tiempo, instarles a que denuncien y digan “no”. Tal como señalaron entonces fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales a este medio, el objetivo de esta iniciativa pasaba por contribuir a romper con la falsa idea de que el explotador sexual se muestra de forma explícita y, por tanto, la víctima puede identificar muy claramente sus intenciones y puede poner límites.

Imagen de archivo de un grupo de jóvenes en la calle Punta Ballena, en Magaluf (Mallorca), una de las mecas del turismo de excesos y el ‘balconing’

El pasado mes de junio, el Parlamento europeo votó a favor de incrementar las penas contempladas para los delitos de abuso sexual y explotación de menores, suprimir los plazos de prescripción, adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y garantizar que el abuso y el embaucamiento puedan ser perseguidos independientemente de que se produzcan online o en la realidad. La Eurocámara también aboga por mejorar la capacidad de los países de la UE para combatir eficazmente el abuso sexual infantil.

Ausencia de herramientas de prevención y formación

Por su parte, la coordinadora general de FAPMI, Selma Fernández, recuerda a elDiario.es que el Código para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en la industria del turismo y los viajes va dirigido a las empresas del sector con el objetivo de que implementen una serie de actuaciones que ayuden a proteger a la infancia y la adolescencia, desde la formación hasta la inclusión en políticas de responsabilidad social corporativa y sensibilización a clientes.

Fernández lamenta que uno de los hándicaps con los que se topan a la hora de abordar esta lacra es la falta de datos objetivos, que infieren, entre otras vías, de las noticias que aparecen en medios de comunicación. En Barcelona, junto al Ayuntamiento y Aethnic, han puesto en marcha el proyecto ‘Turismo y derechos de la infancia’, con el objetivo de lograr cifras sobre el alcance de la violencia sexual contra menores con el objetivo de trabajar de forma más directa en esta problemática y promover los derechos de la infancia y la adolescencia en el contexto del turismo. “Es un diagnóstico muy local, centrado en la ciudad de Barcelona, pero la explotación sexual infantil en este sector sucede en cualquier ciudad en la que haya movimientos de personas en general, no solo por parte de turistas”, comenta.

Bares y locales de ocio en Palma.

“Hablamos de cualquier tipo de desplazamiento; todo este movimiento lo que provoca es el aumento del riesgo de los niños y niñas a verse expuestos a este tipo de situaciones”, precisa la especialista, quien señala que, a través del diagnóstico, desde FAPMI han detectado que “falta muchísima formación a nivel de todos los sectores”. Se refiere, en concreto, a la administración pública, a los profesionales de turismo e incluso al propio sistema de protección. “Y también faltan herramientas orientadas a la prevención. Cuando preguntamos a empresas de viajes y turismo, aparte de que les cuesta reconocer este problema vinculado con su actividad de negocio, no saben cómo intervenir ante un posible caso con el que se puedan enfrentar, lo que dificulta la detección de este tipo de situaciones y poder después reportarlas”, lamenta.

Las Comunidades Autónomas, de hecho, no cuentan con un plan integral específico que aborde la explotación sexual de menores en el ámbito turístico, más allá de los protocolos generales de detección de víctimas de trata en aeropuertos y puertos, o de las investigaciones que realiza la Policía Nacional o las campañas de sensibilización para alertar de la trata en entornos de prostitución. Las investigaciones impulsadas al respecto apuntan a que los explotadores aprovechan la falta de controles, el anonimato que ofrece el turismo masivo y las vulnerabilidades de los menores para captarlos y explotarlos.

“Generalmente, este tipo de situaciones se asocian a países del sur global con más dificultades socioeconómicas, lo cual genera un estigma que nos lleva a pensar que esto no ocurre en nuestra realidad cotidiana, cuando realmente sí sucede”, afirma Fernández. Y sentencia: “No hace falta que tengamos la certeza como ciudadanos de que se está produciendo esa situación. Pero si no damos esa primera voz de alarma, el caso no llegará a donde tiene que llegar”.