Un magistrado emérito del Supremo cobra 8.000 euros públicos por un informe para defender a la alcaldesa de Mogán en una causa penal

Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta su jubilación en marzo de 2022, es el autor de un dictamen que ha sido pagado por el Ayuntamiento de Mogán y que ha utilizado en su defensa la alcaldesa de este municipio grancanario, Onalia Bueno (Juntos por Mogán, aliado de Coalición Canaria (CC) en las últimas elecciones), en una causa penal en la que figura como denunciada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El gobierno liderado por Bueno adjudicó en mayo de 2024 un contrato menor de 8.560 euros a Montero Aramburu, el despacho de abogados en el que ejerce el exjuez desde julio de 2022 y del que es consejero, para la elaboración de un informe jurídico.

Fernández Valverde firma como “magistrado emérito” del Supremo un dictamen que defiende la legalidad de los contratos menores de comunicación que el Ayuntamiento adjudicó entre 2018 y 2020 a dos productoras emparentadas, Etiazul y 21 Bombillas, cuyos administradores eran los hermanos Pedro Guerra (fallecido en 2024) y Gregorio Guerra.

El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana investiga desde 2023 esos contratos y los adjudicados por la sociedad municipal Mogán Sociocultural de manera encadenada a las mismas empresas. La causa penal se abrió a instancias de la Fiscalía, que apreció “indicios suficientes de criminalidad” en la actuación de la alcaldesa y de Grimanesa Pérez, presidenta del Consejo de Administración de Mogán Sociocultural. El Ministerio Público había iniciado sus pesquisas tras recibir una denuncia de Podemos.

Durante esos tres años, el Ayuntamiento de Mogán, bien de forma directa o bien a través de la empresa municipal, adjudicó a Etiazul y 21 Bombillas más de una decena de contratos menores por un importe total cercano a los 240.000 euros. La Fiscalía observó una alternancia de adjudicaciones directas a estas productoras, incluso con contrataciones “simultáneas” con el mismo objeto: servicios de comunicación, prensa y publicidad.

En su denuncia, el Ministerio Público sostenía que se había producido un fraccionamiento fraudulento de los contratos para beneficiar a esas dos empresas y sortear la legislación en la materia, que exigía sacar a concurso el servicio por ser una “necesidad estructural”.

Los contratos menores de servicios no pueden superar los 15.000 euros (o los 18.000 antes de la reforma legislativa operada en marzo de 2018) ni el año de duración. La norma impide fraccionar los servicios con el mismo objeto o alterar su contenido para concederlos a dedo y evitar otros procedimientos como el negociado sin publicidad o el concurso público.

El fiscal César Casorrán remarcaba en ese escrito que los importes de esas adjudicaciones se situaban “casualmente” justo por debajo del umbral del límite máximo del contrato menor, lo que, en su opinión, evidenciaba el interés municipal por favorecer a estas productoras.

Durante el interrogatorio al que la sometió el fiscal, la alcaldesa Onalia Bueno alegó que la decisión de recurrir a contratos menores se había adoptado por la falta de personal y el volumen de trabajo en la administración, lo que originaba una “situación de colapso” que “impedía” celebrar un procedimiento abierto de contratación, un concurso público al que pudiera concurrir cualquier empresa interesada en asumir un servicio estructural.

El informe de Fernández Valverde

Para tratar de justificar la legalidad de esos contratos menores, el gobierno de Onalia Bueno recurrió a otro contrato menor. En este caso, de asesoría jurídica. El 24 de mayo de 2024 la alcaldesa firmaba la resolución que autorizaba el gasto de 8.560 euros (8.000 euros más IGIC) a favor del despacho de abogados Montero Aramburu para la emisión de un dictamen que tenía como objeto “el análisis, estudio y asesoramiento jurídico en materia de contratación pública”. La corporación pretendía verificar “la adecuación a derecho de ciertos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán”, sin especificar a cuáles se refería.

“Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar y la inexistencia de medios materiales y personales del Ayuntamiento para la realización de dichos servicios, se considera necesaria la contratación de una empresa para su realización, siendo la actuación que se pretende contratar adecuada al fin perseguida”, recoge esa resolución.

El expediente no precisa que los contratos analizados son los suscritos con Etiazul y 21 Bombillas ni que ese dictamen tuviera como destino último el Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana o que sirviera para la defensa de la alcaldesa en esa causa.

El dictamen firmado por Fernández Valverde está fechado en mayo de 2024, el mismo mes de su adjudicación (la resolución de la alcaldesa es del día 24). Consta de 35 páginas y lleva por título “Informe jurídico sobre la utilización por parte del Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) de contratos menores con medios de comunicación”.

En su primer punto, precisa cuál fue el encargo del gobierno municipal. “Se solicita al despacho la necesidad de emitir un dictamen jurídico que abarque el estudio normativo y jurisprudencial del régimen jurídico de los contratos menores, en el ámbito de la administración local, concretado en los contratos de prestación de servicios suscritos por el Ayuntamiento de Mogán con las entidades 21 Bombillas y Etiazul”.

Una vez concretado “el régimen jurídico aplicable”, el despacho debía determinar “la posibilidad de su utilización en la contratación de los servicios de comunicación del Ayuntamiento” y examinar “la legalidad y adecuación del procedimiento” llevado a cabo.

Tampoco menciona este dictamen en ningún momento que la alcaldesa de Mogán está incursa en una causa penal precisamente por esos contratos o que el encargo esté vinculado con ese procedimiento judicial. El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana citó el pasado 13 de junio a Rafael Fernández Valverde a comparecer en calidad de perito para ratificar un informe en esa causa. Desde Montero Aramburu señalan a este periódico que el encargo de ese informe lo recibieron “del bufete Choclán”, del despacho que defiende a la alcaldesa en ese procedimiento, y no del Ayuntamiento de Mogán.

“El encargo vino determinado por la complejidad administrativa de la regulación de la contratación menor en el ámbito de las administraciones locales, materia en la que el despacho cuenta con destacados expertos. El informe de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia versó exclusivamente sobre la normativa administrativa de la contratación local. El informe fue remitido al bufete Choclán y posteriormente ratificado a requerimiento judicial”, añaden.

Un examen “precipitado”

En síntesis y en oposición a lo mantenido por la Fiscalía, el informe entregado por Fernández Valverde al Ayuntamiento de Mogán defiende la legalidad de los contratos menores que fueron adjudicados de manera continua y encadenada a Etiazul y 21 Bombillas y niega el fraccionamiento fraudulento. “Pudiera deducirse, de un examen precipitado, que en su tramitación y aprobación se podría estar vulnerando el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Sin embargo, “la existencia de sucesivos contratos no supone, en modo alguno, una irregularidad determinante de la nulidad (…) Para ello, resulta preciso acreditar que las prestaciones de los contratos constituyan una unidad y que su fragmentación resulte injustificada”, señala su autor.

A juicio del magistrado emérito del Supremo, no existe esa “unidad operativa funcional” entre los contratos menores. Así trata de explicarlo: “Obvio es que todos ellos tienen una relación con la comunicación municipal, pero sus respectivos, diversos y particulares contenidos ponen de manifiesto la ausencia de una cierta y constante continuidad lineal y permanente y, por ello, excluyen toda idea de fraccionamiento fraudulento”.

Es decir, los contratos no versan sobre los mismos servicios y no son continuados en el tiempo, a juicio de Fernández Valverde. “Los diversos y particulares contenidos” a los que hace alusión en el dictamen son los siguientes: “servicios informativos y cobertura audiovisual”, “gabinete de comunicación de Radio Televisión de Mogán”, “servicios informativos de Radio Televisión de Mogán”, “servicios de apoyo a la realización, producción y supervisión de programas y medios de comunicación”, “servicios de tareas de prensa y cobertura de noticias de Radio Televisión de Mogán”, “publicidad y promoción turística” o “servicio de apoyo al gabinete de comunicación del Ayuntamiento”.

Onalia Bueno, junto a su abogado, en los afueras de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en una foto de archivo.

El dictamen solo abarca el examen de los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán y obvia los firmados por Mogán Sociocultural. Según los datos que recoge la denuncia de la Fiscalía, a través de esta empresa pública, que tiene la encomienda de gestión de la radio y de la televisión municipal, se adjudicaron a ambas productoras seis contratos, cinco de ellos menores, por un importe de 120.000 euros.

De hecho, el escrito del fiscal incide en el solapamiento de los contratos. Mogán Sociocultural adjudicó servicios a las mismas empresas y con el mismo objeto que los concedidos por el Ayuntamiento: “servicio informativo y cobertura audiovisual”, “gabinete de comunicación de Radio Televisión de Mogán”, “servicios informativos”, “servicios de apoyo a la realización, producción y supervisión de programas y medios de comunicación” o “servicios de tareas de prensa y cobertura de noticias”.

Concurso público

Habría que esperar hasta septiembre de 2019 para que el Ayuntamiento de Mogán sacara a concurso el “servicio integral de prensa y medios de comunicación” por un importe de 846.106,3 euros y un periodo de dos años. Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anuló los pliegos porque la corporación no había acreditado la insuficiencia de medios propios suficientes para poder asumirlo de forma directa.

Un año después, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Mogán volvió a sacar a concurso el contrato, por un importe de 1,07 millones de euros, y se lo adjudicó a Etiazul.

El informe de Fernández Valverde defiende la “actuación municipal evolutiva”. Según el magistrado emérito del Supremo, el Ayuntamiento “utiliza primero los contratos menores en el convencimiento de tratarse de una actuación ajustada a ordenamiento jurídico” y su derivación hacia “una contratación ordinaria” (concurso público) pone de manifiesto, en su opinión, que se trató de “una persistente y continuada actuación informativa y promocional, realizada a plena satisfacción, sin sospecha alguna de que la misma no fuera dirigida a la consecución de los intereses municipales”.

El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado un informe pericial sobre esos contratos a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), un órgano colegiado independiente de la Administración General del Estado responsable de velar “por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” en la contratación pública.

Queja al interventor municipal

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias-Bloque Camarista (NC-Bc) en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, ha presentado una queja ante Función Pública contra el interventor municipal al entender que “no está cumpliendo con sus obligaciones legales de control financiero”, en particular con la fiscalización de los contratos menores.

“Hemos comunicado al interventor por escrito los contratos menores que entendíamos que debía revisar, pero a día de hoy no hemos tenido respuesta”, señala el edil, que considera que “el control y la fiscalización de gastos del Ayuntamiento tiene una debilidad estrructural”.

Gabella no entiende que el Ayuntamiento de Mogán recurra a un despacho de abogados externo para que dirima si los contratos menores con Etiazul y 21 Bombillas se ajustan o no a la legalidad, cuando la corporación “tiene una persona que es responsable de eso, que es el interventor”. “La Ley de Haciendas Locales le atribuye esa función”, remarca.

Rafael Fernández Valverde

Rafael Fernández Valverde forma parte del despacho Montero Aramburu desde julio de 2022. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1972, accedió a la carrera judicial en 1976, con Guía (Gran Canaria) como primer destino. Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por la Audiencia Nacional hasta llegar en 2003 a la Sala Tercera del Supremo, donde permaneció hasta su jubilación. En 2013 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. También estuvo en este cargo hasta jubilarse.