La Guardia Civil obligó a reabrir el caso de contratos irregulares en Espartinas tras archivar la jueza una denuncia anónima

La jueza que investiga al Ayuntamiento de Espartinas (PSOE) por posibles contratos irregulares -con 13 imputados, entre ellos concejales y altos funcionarios- archivó primero la denuncia anónima que da origen al caso, pero cuatro meses después reabrió la investigación a instancias de la Fiscalía y del primer atestado de la Guardia Civil.

El Consistorio del municipio sevillano ha sido objeto de 30 denuncias anónimas por supuestas irregularidades desde las elecciones de 2023, cuando la alcaldesa socialista Cristina Los Arcos Llánez revalidó mandato con mayoría absoluta. Todas fueron archivadas por los juzgados, según fuentes municipales, incluida esta última.

Sin embargo, donde la jueza no halló indicios delictivos, la Fiscalía sí vio pertinente investigar y autorizó a la Guardia Civil a personarse en el Ayuntamiento de Espartinas para reclamar decenas de contratos bajo sospecha con empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación, suscritos entre 2021 y 2024.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor archivó la denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en la contratación el 13 de enero de 2024 pero, cuatro meses después, el pasado 1 de abril, reabrió diligencias previas tras recibir la denuncia de la Fiscalía y un primer atestado de la Guardia Civil. Poco después, ya bajo instrucción judicial, la Guardia Civil amplió el contenido de la investigación con un segundo atestado tras reclamar nuevos contratos al Ayuntamiento.

El anónimo señaló en su denuncia a 16 personas vinculadas con el Consistorio de Espartinas, incluida la alcaldesa. Sin embargo, ni ella ni su teniente de alcalde ni la concejal de Cultura están siendo investigados. El juez ha imputado a 13 personas, entre ellas tres concejales de la actual corporación, varios de la corporación anterior y varios funcionarios del municipio. En las citaciones judiciales que entregó la Guardia Civil la semana pasada aparece, en todos los casos, “delito sin especificar”.

Todos los investigados formaron parte de mesas de contratación de los presuntos contratos irregulares que ahora están bajo investigación.Y todos ellos han sido citados en sede judicial entre los días 14 al 17 de octubre para prestar declaración en calidad de investigados.

Fuentes municipales identifican a los 13 imputados entre los siguientes nombres o cargos: el secretario general del Ayuntamiento espartinero, José Rodríguez Sánchez; el concejal de Medio Ambiente, Pablo Márquez; el de Obras, Filomeno Carmona Martínez; y el de Urbanismo y Hacienda, Juan Luis Núñez de Fez, el único que ha repetido en el cargo desde la pasada legislatura.

También están investigados dos funcionarios del área de Contratación y dos altos funcionarios del Estado destinados en el Consistorio: la ex vicesecretaria general y la ex viceinterventora municipal. De la corporación anterior están imputados el exdelegado de Medio Ambiente, el socialista Manolo García Baena, y el exconcejal de Educación y Deporte, Fernando Iturralde, de IU.

De las empresas señaladas por el denunciante anónimo, el juez ha decidido investigar sólo a tres: Jardinería del Sur S.L.; Hábitat y Construcciones y Excavaciones Filo S.L., esta última propiedad del concejal de Obras, que asegura que la “cerró y dejó sin actividad” cuando entró en política, en 2023.

Filomeno Carmona desconoce si está imputado en calidad de concejal o de empresario, pero mucho más “desconcierto” le ha causado la imputación de su hermano, Feliciano Carmona, un albañil sin ningún vínculo contractual con el Ayuntamiento, aunque también trabajó en el pasado para la empresa familiar que está siendo investigada.

Espartinas es un municipio de 16.500 habitantes en el área metropolitana de Sevilla. Los socialistas gobiernan aquí con mayoría absoluta (con nueve de 17 concejales), pero este pueblo fue un bastión histórico del PP hasta 2015. Hasta entonces, el regidor había sido el popular Domingo Salado, que tuvo el bastón de mando durante 12 años (2003-2015), heredado de su propia madre, María Regla Jiménez, ya fallecida. En la pasada legislatura, el PSOE cogobernó junto a IU, y ahora lo hace en solitario.

Fuentes próximas a la alcaldesa creen que el exregidor popular, Domingo Salado, es quien está detrás de la cascada de denuncias anónimas contra el Ayuntamiento, tanto las que se han archivado como ésta que finalmente ha cristalizado en una apertura de diligencias.

El PSOE local se queja de que la gestión de todas esas denuncias, que les ha obligado a facilitar contratos y documentación a la Guardia Civil, ha ralentizado la acción de gobierno en el municipio, y acusan a Salado de orquestar precisamente esta operación con este objetivo. La alcaldesa no se plantea por ahora ni ceses ni dimisiones de los concejales imputados hasta conocer más detalles de la investigación y si, tras declarar ante el juez, prospera la imputación.