El PP y la normalización de las políticas ultras

La medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de limitar el uso del polideportivo municipal a “usos exclusivamente deportivos” no es una simple cuestión de gestión de espacios públicos. Tiene una trascendencia profunda en términos de convivencia democrática y derechos fundamentales. La decisión impedirá que unas 1.500 personas del municipio -vecinas y vecinos musulmanes- puedan celebrar dos de sus festividades religiosas más importantes: el rezo colectivo al final del Ramadán (Aid el-Fitr) y la Fiesta del Cordero (Aid al-Adha). Pero lo que nos debería alarmar no es la restricción en sí, sino el mensaje ideológico y político que conlleva: la exclusión simbólica y material de una parte de la ciudadanía bajo la lógica de que no pertenece realmente al “nosotros”. La medida no solo se trata de una cuestión administrativa o de gobernabilidad.

La alcaldesa del Partido Popular está dando cobertura institucional a la motivación abiertamente racista que inspiraba una moción presentada por el único concejal de Vox en el consistorio que, si bien no fue aprobada, tenía un propósito claro: prohibir el uso de espacios municipales para “actos ajenos a la identidad del pueblo y manifestaciones religiosas no tradicionales en España”. A cambio de aceptar ese marco ideológico de exclusión, el Partido Popular -que gobierna con mayoría simple (10 concejales)- ha logrado aprobar sus presupuestos. De esta forma, la supremacía racial y religiosa que defiende el único concejal de la extrema derecha condiciona la política local en un aspecto esencial como es la libertad religiosa y de culto y el derecho a la no discriminación.

Lo que está en juego no es la cesión de un pabellón, sino la normalización de un discurso supremacista que asocia lo nacional con lo blanco, lo cristiano y lo homogéneo. Ideas que la extrema derecha logra introducir en las instituciones con la complicidad activa del Partido Popular. Vox vuelve a marcar la agenda del partido de Núñez Feojóo, aunque no forme parte formal de los gobiernos. El Partido Popular -en municipios, comunidades autónomas o desde la dirección nacional- ha aceptado pagar el precio: criminalizar a las personas migrantes, blanquear el franquismo, atacar los derechos de las mujeres e ir desmantelando los derechos del colectivo LGTBI. Una agenda muy Trump.

No se trata de una suma de cesiones del PP a Vox, sino de una hoja de ruta compartida entre quienes quieren gobernar y quienes quieren destruir los consensos democráticos que hacen posible la convivencia. Cada medida, cada recorte, cada exclusión no es anecdótica: es un peldaño más en el vaciado democrático que amenaza con consolidarse si el Partido Popular llegara a gobernar en España. Mientras el PP lo blanquea con argumentos técnicos, presupuestarios o de oposición al sanchismo, la factura no la pagan ellos. La paga la ciudadanía, especialmente aquella más expuesta al impacto legal y social de estas decisiones y la ideología, pero también esa otra que asiste, muchas veces sin plena conciencia, a la difusión sistemática de discursos que promueven el odio, el rechazo y la exclusión hacia las personas migrantes y no blancas, y que contribuyen a su deshumanización en el imaginario colectivo.

Lo que está en juego con decisiones como la del ayuntamiento de Jumilla no es solo una legislatura sino el contrato democrático mismo. Un contrato donde la libertad religiosa ocupa un lugar central. Creer o no creer, y en caso de ser creyente es la libertad de en qué creer. Estas decisiones locales no son espontáneas ni desconectadas entre sí. Forman parte de una estrategia de fondo que utiliza los gobiernos autonómicos y municipales como campo de pruebas ideológico, donde se normalizan restricciones y exclusiones que después pueden escalarse. Lo que antes se decía en foros negacionistas o en círculos nostálgicos del franquismo, ahora se transforma en acuerdos de gobernabilidad y en decisiones institucionales que erosionan el pluralismo desde dentro.

No se puede comprender la gravedad de la decisión de Jumilla si se analiza como un hecho aislado. Para entender su alcance real, es necesario conectarla con el proyecto ideológico más amplio que la extrema derecha está impulsando en España, tal como documenta Marta Borraz en elDiario.es en un reciente reportaje sobre los vínculos doctrinales entre nazis, franquistas y falangistas. Lo que está detrás de estas políticas no es solo conservadurismo ni populismo, sino una lógica de “reconquista” que parte de la idea de que existe un “núcleo nacional” racial y culturalmente superior, que debe ser protegido, purificado e incluso recuperado frente a una supuesta amenaza migratoria o multicultural.

Es esa ideología supremacista —basada en el odio, la exclusión y la jerarquización de la ciudadanía— la que se va abriendo camino desde las instituciones donde gobierna el Partido Popular. Una ideología que no solo vulnera el espíritu democrático, sino que choca frontalmente con los límites constitucionales. Decisiones como la de Jumilla no solo son injustas, sino que resultan incompatibles con el Estado de derecho, al vulnerar principios como la libertad religiosa, la igualdad ante la ley y la neutralidad institucional.

El aval del PP nacional a esta medida profundamente discriminatoria confirma que su proyecto político no es resistirse a la extrema derecha, sino hacerle el trabajo sucio a Vox e ir normalizando progresivamente sus políticas. Porque aquí no se trata solo de xenofobia -el rechazo a quienes vienen de fuera-, sino de racismo estructural, que niega derechos y legitimidad democrática a quienes ya forman parte de la sociedad, pero no encajan en un ideal de nación blanca, homogénea y cristiana. Es fascismo en estado puro.