La eólica en Galicia, tras el aval europeo a la tramitación de la Xunta: un parón sin resolver en un sector con otros litigios

El sector eólico en Galicia está sumido en una parálisis en los últimos años. El goteo de pronunciamientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) frenando proyectos ha sido constante y son decenas los aprovechamientos previstos que siguen a la espera. Las cautelas no son por un único motivo: en los litigios se habla del potencial daño ambiental, de posibles fragmentaciones ilegales y de los plazos para la presentación de alegaciones. Sobre este último aspecto acaba de arrojar luz el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la tramitación que ha estado haciendo la Xunta. Pero este paso no se va a traducir en un desbloqueo, según expertos y los propios empresarios promotores.

En varios de los razonamientos del TSXG para detener proyectos eólicos estaba un cuestionamiento de los plazos de participación pública porque la Xunta abría el periodo para alegaciones antes de que en el expediente constasen todos los informes sectoriales. Es decir, que la posibilidad de hacer aportaciones u objeciones se daba antes de que se integrasen informes de diferentes administraciones sobre aspectos como el impacto en el patrimonio cultural, en el paisaje o en terrenos de valor natural y, por lo tanto, los ciudadanos no podían consultar estos documentos para presentar sus alegaciones.

El TJUE valida la forma de proceder de la Xunta. Dice, en concreto, que “no se opone” a que, cuando se hace una evaluación ambiental de un proyecto, sean consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones con responsabilidades específicas. Esto quiere decir que avala que el periodo para alegaciones sea antes de que estén disponibles los informes sectoriales y considera que el público no está “facultado” para presentar más observaciones una vez que esas administraciones hayan emitido sus dictámenes. Estas manifestaciones de la Justicia europea son la respuesta a una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Superior de Galicia para aclarar si debían o no admitirse los plazos que se estaban aplicando en Galicia.

La Xunta, que ha señalado reiteradamente al TSXG al hablar de la parálisis del eólico, reaccionó al pronunciamiento de la Justicia europea reclamando al tribunal gallego que se apresure a retomar los pleitos paralizados. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, manifestó que se abre “un nuevo horizonte”. Ninguno de los responsables de la Xunta hizo mención al resto de cuestiones judiciales que afectan al sector y que están pendientes de resolución. Dependiendo de a quién se le pregunte, las manifestaciones de la Xunta se encuadran más en el terreno de la propaganda o en el desiderativo que en el de la realidad inmediata.

“¿Desatasco? Va a ser muy complicado”, dice el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo. “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, expone. Lo ilustra comparando la cifra de proyectos con recursos ante los tribunales, que son 92 -86 con la autorización administrativa suspendida-, con los más de 200 pleitos presentados, lo que quiere decir que cada uno “tiene dos o más contenciosos”. Aun con el dictamen del TJUE, cree que “un tribunal, por tiempos, es casi imposible que resuelva esto en un año. Va a ser un poco complicado de desatascar”.

Tampoco prevé un escenario de desatasco inmediato la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira. “Lo que puede pasar es que se levanten las suspensiones ligadas a temas de información pública e informes sectoriales, pero hay otras suspensiones cautelares por temas de protección de espacios naturales que imagino que se van a mantener”, explica. El TSXG ha frenado por posible daño ambiental decenas de iniciativas.

La fragmentación de parques

Hay una “tercera pata” en la cuestión, recuerda Nogueira: algunos proyectos están pendientes de que se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal de parques eólicos. Existe ya un dictamen que afecta al parque eólico de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG lo había parado porque consideraba que, en realidad, formaba parte de un aprovechamiento más extenso por su proximidad a otros aerogeneradores. El Supremo, sin embargo, lo descartó. Defiende que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de un único proyecto a efectos de su evaluación ambiental.

Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo. Es, precisamente, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo y uno de los que citaba el TSXG para considerar que había una fragmentación ilegal. Manuel Pazo, de EGA, prevé que la sentencia sobre Bustelo se dé a conocer en septiembre u octubre y permita despejar también la cuestión en este flanco.

Con este escenario, la previsión es que los tribunales tengan que revisar uno a uno los proyectos paralizados. “Los plazos va a ser largos”, señala Pazo. Y, aunque lleguen los permisos para seguir adelante con los parques, apunta que hay otros problemas. Algunas de las iniciativas se han quedado obsoletas en este tiempo por los avances tecnológicos y habrá que hacer una modificación sustancial, que implicar repetir parte de los trámites. Pide que se haga la trasposición a la legislación estatal de las directivas europeas sobre el despliegue de las energías renovables. Eso, sostiene, dará seguridad jurídica.

La falta de planificación

La catedrática Alba Nogueira insiste también en que la cuestión que resuelve el TJUE no es la única problemática jurídica que afecta al sector eólico en Galicia. Y recalca que la resolución tiene también matices: parte de la suposición de que el estudio de impacto ambiental, que redacta el propio promotor, es lo suficientemente detallado y solvente.

Para la experta, uno de los problemas fundamentales que lastra el desarrollo eólico en suelo gallego es la falta de planificación sectorial. El plan eólico, recuerda, está desfasado. Aprobado en 2002, no se sometió a una evaluación de impacto estratégica porque no era una obligación en aquel entonces. Alberto Núñez Feijóo había anunciado una revisión tras llegar al Gobierno gallego en 2009, pero no la acometió. Y la Xunta, presidida ya por Alfonso Rueda, manifestó en enero de este año que encargaría la redacción de un nuevo documento, pero los trabajos no han sido contratados.

De este modo, insiste Nogueira, falta cruzar la información de las zonas sensibles con la de las áreas en las que se pretende instalar aerogeneradores y evaluar el impacto. De esta situación, señala, se deriva que el TSXG haya aceptado medidas cautelares de paralización solicitadas en decenas de casos por posible daño al medio ambiente. Por ello cree que, en las declaraciones de la Xunta tras el dictamen del TJUE hay “una parte de propaganda”: “Se resuelven una parte, pero no todos los problemas jurídicos que están pendientes”.

Parte de la solución está en que la Xunta “planifique de una vez qué terrenos son aptos para eólicos y cúales no”, defiende Nogueira. “No hay espacio para recursos cuando las cosas están bien hechas”, razona. Añade que tampoco contribuyen a la seguridad jurídica las reformas “compulsivas” -habituales en la ley que acompaña cada año a los presupuestos– de las normas que afectan al sector ni dejar en manos privadas parte de los controles ambientales.