Privatización, sueldos bajos y contratos temporales: los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales

Cuando llegan los grandes incendios forestales, cada vez más devastadores para los bosques y las personas, se repiten las imágenes de bomberos derrengados que hacen turnos maratonianos en medio del caos de las llamas. Se les llama “peones”, “operarios” o “brigadistas”. Los forestales no tenían hasta hace poco ni siquiera un nombre común en España. Tampoco, ni mucho menos, condiciones laborales similares, aunque en gran parte del territorio sí comparten algo: llevan años atravesados por la precariedad. Ganan sueldos de poco más de 1.000 euros al mes, tienen contratos temporales limitados al verano, cuando el riesgo es máximo, y trabajan en servicios que están mayoritariamente subcontratados, a través del sector privado o de encargos de gestión a empresas públicas.

Mientras España arde en una de las peores olas de incendios que se recuerdan, se acumulan las quejas de los profesionales. Los sindicatos en Castilla-La Mancha ponen el ejemplo de un bombero que tuvo que intervenir en uno de los fuegos activos en la comunidad desde hace varios días: “Ha tenido que ocuparse él solo del teléfono, de las emisoras, del manejo del camión y de la carga de agua”. En la comarca leonesa de la Valdería, un grupo de vecinos acudió al rescate de unos brigadistas porque no llegaban ni medios aéreos ni terrestres. Una parte del operativo –la menor– está integrada por trabajadores públicos, pero la mayoría de quienes se dedican a la extinción están a sueldo de empresas responsables de las brigadas terrestres (‘Romeo’) y de las helitransportadas.

Ourense, que cada año ve arder sus montes, tampoco tiene medios suficientes, según un veterano agente ambiental. El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) recoge que para 2025 hay en el dispositivo más de 7.000 personas, pero “es mentira”. En cada brigada debería haber siete trabajadores, pero muchas entran a trabajar con dos, tres o cuatro bomberos porque no se cubren las bajas o las vacaciones.

El medio millar de bomberos forestales madrileños estaba en medio de una disputa con el Gobierno regional cuando estalló el aparatoso incendio de Tres Cantos, que abrasó 2.000 hectáreas, mató a una persona y destrozó varias viviendas. El área que ardió estaba excluida del plan contra los incendios de la Comunidad de Madrid, según Greenpeace. Los efectivos, contratados por la empresa pública Tragsa, se habían puesto en huelga para conseguir mejoras salariales y que se cubrieran las plazas necesarias durante todo el año para hacerse cargo de las labores preventivas. Sus sueldos –en algunos casos apenas 1.200 euros de base– están congelados desde hace 15 años porque su convenio lleva sin actualizarse desde 2008.

También ha habido crisis en los últimos meses en Teruel y en La Rioja, donde en lugar de contratar un retén propio, el Gobierno regional ha terminado ampliando el personal de manera privatizada. Las personas contratadas, finalmente, son menos de las que prometieron.

Es paradójico porque las estadísticas sitúan a España como un país con más número de bomberos que la media de la Unión Europea. En 2023 había 42.100, según Eurostat. También es un país donde el cuerpo está muy profesionalizado, señala Federico Grillo, experto en incendios forestales y vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, en comparación con otros territorios cercanos como Portugal, que dependen sobre todo de voluntarios.

“Los operativos españoles son una amalgama caótica, pero a nivel europeo somos bastante referentes porque tenemos unidades muy profesionales. Eso no quita los matices: partimos de un modelo de peones con servicios muy precarios que va mejorando poco a poco”, continúa el ingeniero. Según su análisis, “estamos en una transición” que espera que conduzca a una “situación más estable”. También hay ejemplos positivos; comunidades que sí han avanzado. Andalucía tiene ya a casi 300 bomberos forestales contratados todo el año desde 2024.

Con el paso de los años, los bomberos urbanos –no todas las ciudades tienen un cuerpo propio, solo las más grandes– han ganado un mejor estatus de reconocimiento y salarios, pero la evolución es mucho más errática en el caso de los forestales.

España aprobó hace unos meses una ley básica de bomberos forestales para poner orden al caos. Las comunidades y los municipios tienen hasta noviembre de este año para adaptar sus normativas. Ahora hay que cumplirla. La ley establece una única categoría, la de “bombero forestal” y deja atrás 11 especialidades que regulaban al colectivo, destaca UGT. Además, avanza en derechos laborales, como el reconocimiento de un coeficiente reductor para la jubilación, y se estudiarán las enfermedades profesionales asociadas a estos trabajadores.

“Falta de interoperabilidad” entre el personal

El preámbulo de la norma reconoce que hay un “problema de disparidad de medios materiales y humanos, tipologías de recursos, requisitos de formación y cualificación profesional” que provoca una “falta de interoperabilidad” entre el personal de diferentes servicios de extinción que tienen que trabajar juntos ante un incendio.

Así que no es solo el número, sino la coordinación. “Por la fragmentación cuesta. Cada uno maneja su propio vocabulario y hay que coordinarse con quienes no conocemos. Al final parece que cada uno está dentro de los muros de su administración. Mejorar esto implica cambios estructurales muy importantes”, sostiene Grillo, que lamenta que los pasos adelante parecen no notarse nada porque los incendios cada vez son peores.

Aparte de los bomberos de cada comunidad, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene las llamadas Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), unas unidades helitransportadas especializadas en la extinción y que apoyan a las comunidades autónomas, especialmente cuando hay varios fuegos simultáneos como ahora. También se ha movilizado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La mayoría de avances van surgiendo a golpe de tragedia: en 2022, un año de gravísimos incendios en España, se aprobó un real decreto de medidas urgentes para “reforzar la coordinación de todas las operaciones”. Hace también tres años, la Conferencia Sectorial de Medioambiente, que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas, aprobó unas “orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales”. Este documento advertía de que los desequilibrios entre los presupuestos destinados a prevención y extinción limitaban la “eficacia” de las inversiones públicas para hacer frente a estos fenómenos.

La ley también llama la atención sobre la privatización de estos servicios y establece como “preferente” la contratación pública “para favorecer la estabilidad del empleo y la mejor atención a la prevención y extinción”. La prevención, que se hace fuera de la temporada de incendios, sigue siendo la gran asignatura pendiente. España gasta mucho más en apagar fuegos que en evitar que se produzcan. “Se deben contratar efectivos para trabajar largas temporadas, no cortas”, aseguró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en una entrevista en la Cadena Ser este miércoles. Los servicios deben “profesionalizarse y estar operativos los 365 días del año”, declaró Sara Aagesen.

Con información de las delegaciones de elDiario.es en Aragón, Galicia, La Rioja y Somos Madrid.