Solo una mínima parte de los incendios intencionados acaba en los tribunales
El extenso territorio donde puede producirse el delito, las «infinitas motivaciones» y la propia destrucción de evidencias que causan hacen que los incendios sean «de difícil indagación» y presenten trabas para ser probados, según la Fiscalía
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“El factor humano está detrás de la mayor parte de los incendios forestales, ya sea de manera accidental, intencionada o negligente”, explica año tras año la Fiscalía de Medio Ambiente. Sin embargo, aunque los siniestros investigados policialmente se cuentan por miles cada curso, los sospechosos identificados y las sentencias judiciales son escasas.
En general, dos tercios de todos los siniestros que se registran son conatos de menos de una hectárea o “carecen de interés policial”, dicen los fiscales, bien porque no presentaron carácter de delito, no tuvieron incidencia sobre la seguridad ciudadana o no afectaron a terceras personas.
Pero aun así, la siniestralidad es tan alta y es tan alto el porcentaje de siniestros que han sido causados por humanos que, tras filtrar los incendios, todavía son varios miles los que sí requieren investigación –este jueves la Guardia Civil ha informado de que el “efecto lupa” de unos residuos acumulados sin autorización están detrás del incendio Puercas (Zamora)–.
Las causas humanas de un incendio van desde los accidentes –en los que no era previsible que se provocara–, a las negligencias –cuando se realiza una actividad que puede terminar en fuego o no se han tomado medidas de seguridad– o la intención, es decir, “acciones cuyo fin es la generación de un incendio” como la quema de rastrojos o clareos de pastos sin autorización.
En 2020, por ejemplo, la Guardia Civil investigó más de 3.000 incendios, pero esclareció 827 y pudo detener o investigar a 360 sospechosos: uno por cada 9 siniestros investigados. En 2019, fue uno por cada siete (investigaron 2.800 y esclarecieron 797). En 2018 fue un detenido o investigado por cada cinco siniestros indagados. Los datos aparecen en las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente de aquellos años –en las más recientes la información de esclarecimiento no aparece–.
“Queda mucho por hacer en cuanto a la respuesta al delito de incendio y la impunidad”, reflexiona la responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, quien recuerda que el Código Penal “prevé penas de hasta 20 años de prisión, pero los jueces nunca, hasta ahora, han impuesto una condena de esa dimensión”.
Algunos juristas añaden que el tipo de incendio forestal está descrito en el Código Penal de una manera excesivamente “difusa”, lo que deja un margen de discrecionalidad que puede derivar en penas leves o incluso absoluciones.
Queda mucho por hacer en cuanto a la respuesta al delito de incendio y la impunidad. Es fundamental que haya mayor dotación y esfuerzo para la investigación. Que la Guardia Civil y los agentes forestales puedan investigar porque, si no, lo que tenemos es ruido
El abogado especializado en medio ambiente Eduardo Gil cuenta que el “derecho ambiental –y una buena práctica jurídica– deberían actuar como herramientas para terminar con la impunidad en los casos de delitos ecológicos e incendios forestales”. Y añade que “conseguir condenas efectivas y una constructiva jurisprudencia haría de cortafuegos para evitar nuevos incendios y posibilitaría condenas ejemplares para sus responsables”.
Entre 2013 y 2023, los fiscales de medio ambiente presentaron una media de 172 acusaciones al año por delito de incendio forestal. Los jueces y magistrados dictaron en ese mismo periodo un promedio anual de 121 sentencias condenatorias y unas 32 absolutorias.
La cuestión es que un presunto delito que puede aparecer en cualquier punto de un territorio de unas 28 millones de hectáreas de superficie forestal como tiene España presenta escollos: “Es bien conocido que los incendios son hechos de difícil indagación y sobre los que concurren además dificultades probatorias específicas”, puede leerse en una instrucción de la Fiscalía General del Estado.
La doctrina fiscal detalla cómo en materia de incendios “convergen distintas modalidades de actuación delictiva y ante unas casi infinitas motivaciones del fuego y de su extensión, la propia destrucción que el incendio provoca hace desaparecer parte o la totalidad de las evidencias que pueden llevar a descubrir a los responsables”.
El derecho ambiental –y una buena práctica jurídica– deberían actuar como herramientas para terminar con la impunidad en los casos de delitos de incendios forestales. Las condenas efectivas y una constructiva jurisprudencia harían de cortafuegos para evitar nuevos incendios
Así que, aunque las instrucciones indican que los fiscales “procurarán que las investigaciones policiales y judiciales se ejecuten con exhaustividad, vigilando especialmente el acopio y preparación adecuada del material probatorio para el acto del juicio oral”, las dificultades hacen que “el resultado de la investigación policial puede resultar desalentador”.
En este sentido, durante el decenio 2006-2015 (el último periodo con datos definitivos del Ministerio de Transición Ecológica), de los 69.000 incendios intencionados, pudieron identificarse 1.300 causantes.
Con todo, el letrado Eduardo Gil relata que, según su experiencia del día a día en los juzgados, “los equipos de investigación de incendios forestales acreditan cada vez con mayor precisión la intencionalidad del incendio y quiénes han sido los autores”. Y que, a medida que se avanza en “la especialización” de los investigadores, “aumenta el número de casos en los que se consiguen pruebas de cargo”.
Por su parte, Mónica Parrilla insiste en que “es fundamental que haya mayor dotación y esfuerzo para la investigación. Para que sea eficaz, coordinada y con medios que pongan a disposición de la justicia a los presuntos culpables. Que el Seprona de la Guardia Civil y los agentes forestales puedan investigar porque, si no, lo que tenemos es ruido”.
