El Gobierno avanza hacia la expropiación del Algarrobico tras rechazar el recurso de la promotora

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por la mercantil Azata del Sol, la promotora del Algarrobico, contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se erige el macrohotel ilegal, en Carboneras, Almería. Con esta decisión, el Gobierno consolida el proceso de expropiación parcial de los suelos sobre los que se levanta el inmueble y abre la puerta a su derribo, después de casi dos décadas de litigios.

Según han informado desde el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen, el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos para su expropiación, así como la relación de bienes afectados de cara a su declaración pública, ha sido confirmado en todos sus extremos. “Esto pone fin a la vía administrativa”, indican desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, afirmó a principios de agosto que su departamento agilizaría la tramitación del recurso interpuesto por la promotora y dueña del Algarrobico, Azata del Sol. “Vamos a conseguirlo, estoy convencida, por supuesto que sí”, respondió Aagesen cuando le preguntaron si, tras el recurso de los propietarios que abre un plazo de tres meses para que el Ministerio resuelva, aún ve factible que se produzca la demolición parcial del hotel antes de final de año, como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Intento de frenar la expropiación

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero supone la expropiación de solo la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel enclavado en el sector ST-1, correspondiente a la zona de dominio público marítimo-terrestre, ya que la otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio.

Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa, que se fijó inicialmente en el plazo de cinco meses desde febrero, y agilizar la demolición del edificio.

Frente a ello, Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo para intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos con relación al inmueble. La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la “incorrecta” descripción.

De igual modo, desde la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de justificación a la hora de expropiar los terrenos.

Expropiación amparada en un informe de la Abogacía del Estado

Frente a ello, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de ocupación esgrimido para validar el proceso.

En este sentido, desde el Gobierno han defendido la correcta identificación de los suelos a expropiar, al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente al terreno afectado por la Ley de Costas, por cuanto comprende una zona litoral, y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas a medio construir.

Así, han apuntado la imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra al tratarse de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún anulado.

Recalcaba así que el uso y destino del hotel es “incompatible” tanto “con la zona de servidumbre de protección” como en su “inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)” de Cabo de Gata.