El casero de Ana la quiere desahuciar por okupa a pesar de estar empadronada y tener contrato de alquiler: “Es absurdo”

Ana tiene todas sus pertenencias en cajas desde hace casi un mes. Las suyas, las de su marido y las de sus tres hijos. “Por si consiguen echarnos, quiero estar lista”, sostiene esta mujer. Sobre su familia pesa una orden de desahucio cautelar que fue dictada por el Juzgado de Instrucción 1 de Mataró (Barcelona) porque el propietario de su piso la acusa a ella de okupa. El problema es que hay un contrato de alquiler en vigor.

La grieta que ha encontrado el casero con su denuncia es que el contrato de arrendamiento está a nombre de Arquímedes, el marido de Ana, pero no de ella. Así que el argumento es que esta mujer estaría ocupando ilícitamente el piso junto a sus hijos. El dueño de la vivienda ha denunciado a Ana por la vía penal y la jueza, que la ha admitido a trámite, ha fechado el desahucio para el próximo miércoles.

“Es un caso gravísimo e insostenible”, considera Anna Olesti, abogada del Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que está prestando ayuda a la familia. Otra de las medidas que ha levantado las alarmas es que la jueza ha autorizado el desahucio como medida cautelar. Es decir, sin que haya habido posibilidad de juicio ni defensa.

La magistrada ha decidido acelerar la expulsión al concluir que como la vivienda se halla “ocupada de forma permanente, se está privando por ende al perjudicado de residir en la misma o de usarla para ejercicio de la actividad laboral”, tal como figura en el auto, consultado por elDiario.es.

Así, la jueza acepta que el propietario está sufriendo un grave perjuicio, a pesar de que, tal y como se reconoce en el mismo escrito, el denunciante posee once sociedades mercantiles. “En esta situación, es improbable que el perjuicio sea tan elevado como para aceptar un desahucio cautelar. Sobre todo habiendo menores de por medio”, sostiene Olesti.

“Es absurdo”, sostiene Ana, que llegó de Venezuela hace un año y medio. Su marido migró antes, para poder conseguir trabajo en España y, con él, alquilar un piso antes de traer a su familia. Lo consiguió en 2022, cuando firmó el contrato de alquiler –al que ha tenido acceso este medio– con vigencia de cinco años y en el que constan la firma de Arquímedes y del propietario.

Pero en la demanda no se menciona dicho contrato de alquiler. Simplemente se apunta que Ana –que es la única denunciada– “no ha presentado título alguno que legitime la ocupación de la reseñada finca”. Aunque aquí aparece otro problema: ella está empadronada en esa vivienda.

“¡Es que me acompañó él y firmó como propietario para que me registraran!”, expresa, indignada, Ana. En Mataró, la aprobación del propietario del inmueble es un requisito para empadronarse. “El Ayuntamiento hizo hasta una inspección para ver que todo estaba correcto y no nos dijeron nada”, añade esta mujer que demuestra que ha pedido ayudas escolares para sus hijos, cosa que no habría podido hacer de no haber realizado este trámite.

“¿Cómo puede ser que este hombre diga que, de la nada, yo he roto la puerta de su casa y que esta era su vivienda habitual? No hemos dejado de vivir aquí en los últimos tres años y no hemos fallado ni un solo pago”, asegura Ana. De hecho, muestra conversaciones de WhatsApp con su casero conforme cada mes quedaban para que él fuera hasta su casa para cobrar el alquiler, que recibía en metálico.

Ana y su familia tienen todas sus cosas en cajas ya dispuestas por si el desahucio del próximo miércoles se llega a ejecutar

Una “estrategia premeditada”

Ahora, al llegar la amenaza de desahucio, Ana ha atado cabos y sospecha que esto forma parte de una “estrategia que ha durado meses”. Lo mismo opinan desde el Sindicat d’Habitatge. “Han pasado muchas cosas que no se entienden de manera aislada”, explica Olesti, quien llama la atención sobre el hecho de que, pocas semanas antes de interponer la demanda, a Ana se la dio de baja del padrón.

“Es una estrategia premeditada y con mala fe. Y prueba de ello es que se haya optado por la vía penal”, añade esta abogada. Para ejecutar un desahucio hay cinco vías: el impago, incumplimiento del contrato, finalización del mismo –ya sea porque se ha acabado el plazo establecido o porque el propietario quiera recuperar el piso para vivir en él–, o que se acredite una ocupación. Las tres primeras casuísticas se resuelven por la vía civil. La ocupación es la única requiere de una demanda penal.

“La propiedad no puede acreditar ningún otro supuesto y, por eso, han optado por acusar a Ana de ocupación. No tiene ningún sentido sobre el papel, pero les ha funcionado y eso es muy grave, porque quiere decir que la ley no nos ampara”, reflexiona la abogada del Sindicat d’Habitatge. “Es una manera rápida, fácil y barata de conseguir recuperar un piso que, de otra manera, no habría podido recuperar”, añade.

La demanda penal que ha recibido Ana es sólo contra ella y, en principio, no debería afectar ni a su marido ni a sus hijos. Pero el desahucio es un procedimiento por el cual “se vacía un inmueble de todas las personas que haya dentro”, tal como explica Olesti. Por eso, aunque Arquímedes tenga un contrato en vigor, también deberá irse a la calle. Igual que sus tres hijos, dos de los cuales son menores de edad.

Esta familia se siente frustrada, asustada e insultada. “Es un abuso, nosotros no vinimos hasta aquí a delinquir. Me parece muy fuerte que la jueza, en lugar de investigar, se crea esta acusación que no se aguanta y nos lo haga pasar tan mal”, reitera Ana.

Su vida había sido tranquila hasta este julio. Sus niños van al colegio del barrio y habían estado “construyendo planes de futuro”. Hasta que un día, de la nada, unos Mossos d’Esquadra llamaron a su puerta. “Nos preguntaron si éramos okupas y que demostráramos lo contrario”, cuenta. “Nos quedamos de piedra porque nunca habíamos tenido problemas con el propietario”, insiste Ana.

A los pocos días, recibieron la demanda y la primera orden de desahucio, fijada a sólo cuatro días vista. “Imagínate la angustia que sentimos”, recuerda la mujer. Ese primer intento de expulsión se pudo parar gracias a una amplia movilización ciudadana, convocada por el Sindicat d’Habitatge. Pero el juez ha programado otra orden para el próximo miércoles.

Siguen confiando en el apoyo de sus vecinos y en el recurso que ha interpuesto su abogado para poner fin a una causa que consideran “una mentira y un sinsentido”. Pero, por el momento y hasta que pase la fecha señalada, seguirá guardando todas sus cosas en cajas por si, al final, tiene que irse.