Dos semanas de rodeos del PP para escurrir su responsabilidad en los incendios

“Hay operativo suficiente. Si lo necesitamos, se pide colaboración a otras provincias, a otras comunidades autónomas y al Ejército de España a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME)”. Así se expresó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 13 de agosto. Para entonces, el paraje natural de Las Médulas, en León, llevaba cuatro días ardiendo. El día anterior se había producido la primera víctima mortal entre los voluntarios que peleaban contra la que se ha confirmado como la peor ola de incendios forestales registrada en España. Dos semanas después, todo el PP intenta rehacer el relato y culpar al Gobierno central de no haber asumido, incluso previamente, las labores propias de las competencias autonómicas.

El mismo 13 de agosto, Alberto Núñez Feijóo visitó Galicia, donde el fuego ya arrasaba la provincia de Ourense. El líder del PP, quien ya hizo de los incendios un arma de oposición hace dos décadas, habló de “terrorismo incendiario” para señalar la imposibilidad de prever la magnitud de la tragedia que, todavía entonces, no contabilizaba las cifras posteriores.

Ese día, por ejemplo, el incendio de Chandrexa (Ourense) sumaba 5.000 hectáreas quemadas. El de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ya había arrasado 20.000 hectáreas. Números que no pararon de subir en los siguientes días.

Feijóo estrenó en Ourense la nueva estrategia del PP. Pese a que Mañueco decía casi a la vez que no necesitaba más medios, el líder del PP reclamó al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar ayuda a los países de la UE y arremetió contra la supuesta inoperancia de la Administración General del Estado, mientras ponía en valor la labor de las comunidades autónomas y de la UME, que para entonces ya estaba desplegada.

El problema es que el Ejecutivo ya había reclamado la colaboración de los socios europeos. Dos días antes de que lo pidiera Feijóo, el 11 de agosto. Tal y como reconoció este mismo viernes la jefa del PP en Europa, Dolors Montserrat, quien puso en valor que “en cuanto comenzaron los incendios, Bruselas envió medios desde el primer minuto”, lo que contradice la afirmación de su líder.

Para cuando Feijóo pidió la ayuda de la UE que ya se estaba produciendo, Chandrexa ya ardía. El fuego comenzó el 8, pero Rueda no habló de ellos hasta el día 12. En las jornadas previas participó en la Solemne Procesión de la Virgen Peregrina en Pontevedra, anunció líneas de ayudas a los pescadores o visitó la Feria del Vino de Monterrei.

El incendio en Chandrexa, en Ourense

Ese 12 de agosto, Rueda se incorporó al Cecopi. En sus declaraciones a los medios no reclamó ninguna ayuda estatal ni europea. El presidente de Galicia sí mencionó ya ese día que “muchos de los incendios que se están produciendo ahora mismo son provocados”, lo que no significa que sean intencionados.

El PP juega habitualmente con el doble lenguaje, pero los datos oficiales son rotundos. La mayoría de los fuegos tienen como origen la actividad humana, lo que no implica que haya voluntad de prender. Según la Fiscalía, el 70% de los fuegos provocados se deben a alguna negligencia y el 30% son intencionados. En lo que va de ola de incendios se han producido una cuarentena de detenciones y se investiga a más de 100 personas.

La irrupción de Feijóo cambió el paso de todo el PP. A la estrategia se sumó Isabel Díaz Ayuso quien, aterrizada de sus vacaciones, señaló al Gobierno por la gestión de la oleada de incendios. Mientras estaba en Miami, se declaró un fuego en Tres Cantos (Madrid) que arrasó 1.500 hectáreas y se cobró la vida de una persona.

“Hacía falta que se actuara no ahora, sino hace una o dos semanas”, dijo, obviando que los gobiernos autonómicos no reclamaron ninguna ayuda en ese tiempo. “La lucha contra los incendios comienza en invierno”, añadió, lo que pone el foco en las tareas de prevención. Las competencias en ambas materias son regionales, tal y como determina expresamente la Constitución Española.

Solo en situaciones de emergencia nacional el Gobierno central asume el mando. Todas las comunidades gobernadas por el PP han renunciado a ese nivel 3 de emergencia. El 18 de agosto la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, aseguró en una rueda de prensa en la sede nacional del partido que escalar al máximo grado de emergencia no serviría para nada porque no iba a aportar más medios para atacar los incendios y aseguró que la oleada de incendios que ha arrasado casi 400.000 hectáreas no constituyen una emergencia nacional, ya que “cada fuego” es una emergencia independiente, que precisa de tareas de extinción distintas.

Muñoz reconoció en esa comparecencia ante los medios que ese día ya estaban desplegados “el 100%” de los medios estatales, la UME y las BRIF. Aun así, el PP redobló sus peticiones de más ayuda del Gobierno y achacó a Pedro Sánchez la imposibilidad de apagar los fuegos. Y eso que, según afirmó la portavoz, solo la UME y las brigadas forestales están preparadas para extinguir incendios.

La portavoz seguía así la directriz marcada días antes desde la dirección del PP. La secuencia de la noche del viernes 15 de agosto es reveladora. Tras una visita de Feijóo y de Mañueco a un puesto de mando, las tres comunidades autónomas en manos del PP más afectadas por el incendio mueven ficha en la misma dirección.

Aquel día, Feijóo reclamó ante los medios de comunicación desplegar el Ejército contra los incendios, pero que el mando siguiera en las comunidades. Dos días antes, el 13 de agosto, ya con muchos focos en sus montes, Mañueco había asegurado que Castilla y León tenía medios “suficientes” para atacar los incendios.

Según la información registrada en el Gobierno central, a las 21.22 horas de ese viernes se recibe en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias una comunicación del director general de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia para reclamar más medios estatales para la extinción de incendios. Una hora después, a las 22.23 horas, hace exactamente lo mismo la Junta de Extremadura para demandar medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que ya estaba activado desde el día 11, tres días antes, según el Ejecutivo. A las 22.47 horas, un nuevo mail reclama maquinaria pesada y medios militares aéreos. Solo cinco minutos después se recibe la solicitud en los mismos términos de la Junta de Castilla y León.

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, denunció públicamente no solo la coincidencia casi al minuto de las reclamaciones, sino la ingente cantidad de material reclamado. Unas horas después, el sábado por la mañana, el PP lanzó una lluvia de críticas al Gobierno por no haber desplegado unos medios que habían reclamado la noche antes.

Barcones defendió la labor del gobierno central y arremetió contra la falta de previsión de los gobiernos autonómicos. La respuesta del PP fue recurrir al insulto y reeditar la estrategia de la dana o la pandemia: convertir a la directora de Protección Civil en el blanco de sus críticas. El vicesecretario autonómico tildó de “pirómana” a Barcones, quien se defendió: “Aquellos que no aportan, que se aparten”.

Con los medios estatales antiincendios desplegados “al 100%”, según la propia oposición, el PP amplió sus exigencias para reclamar al Gobierno la participación de personal militar que no está preparado para acometer tareas de extinción. Apenas dos días después de esta campaña, elDiario.es publicó que Castilla y León tardó ocho días en reclamar la incorporación de su propio personal a los retenes antiincendios, y que nadie utilizó dos bases logísticas de apoyo que el Ejército desplegó en Zamora a petición del Gobierno autonómico.

En la misma línea, la Xunta de Galicia retiró a los bomberos urbanos mientras seguía solicitando medios al Gobierno. Tal y como revelan los partes internos desvelados por elDiario.es, solo cuatro de las ocho motobombas trabajaban a pleno rendimiento, pese a que la Xunta afirmaba que el operativo estaba “al 100%”.

Insistió el martes 19 en la misma idea el ‘número dos’ de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía y coordinador del PP en materia de Emergencias, Antonio Sanz. “No han llegado ni están llegando, como reclaman los presidentes autonómicos, buena parte de las reclamaciones de medios que han venido haciendo en los últimos días”, dijo. Sanz comparó expresamente la gestión de los incendios con las riadas de Valencia que se llevaron el año pasado 228 vidas y reclamó “que no haya que esperar que un Gobierno salga de vacaciones para que se ofrezca una respuesta de medios adecuados y proporcionados”.

Su jefe, Juan Manuel Moreno, compareció ante los medios este miércoles 20 de agosto, en Málaga, después de varios días de ausencia en los que, por ejemplo, ardió la Mezquita de Córdoba. El presidente andaluz dijo que no visitó el complejo Patrimonio de la Humanidad porque rechaza hacerse “fotos gratuitas”. Esa tarde se dejó fotografiar en una corrida de toros con personajes famosos.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, entre el escritor y tertuliano Juan del Val y la presentadora de televisión Toñi Moreno, durante una corrida de toros este miércoles en Málaga.

Moreno no se ha librado de las críticas por la gestión de la Junta de Andalucía ante los incendios de Cádiz, Sevilla o Huelva, que suman miles de hectáreas quemadas, mientras los bomberos ya clamaban en junio por la falta de medios y de personal. En su segunda reaparición estival, Moreno copió la fórmula de sus colegas del PP: señalar al Gobierno. El presidente andaluz tachó de “tardía” la reacción del Gobierno. Eso sí, el presidente andaluz rectificó a sus colegas de partido cuando aseguró que la actual ola de incendios sí es una crisis de ámbito nacional. Son fuegos “supraautonómicos”, dijo, porque “han superado las fronteras” de una comunidad.

“Estamos hablando de un problema nacional de Estado”, zanjó. Ninguno de los presidentes del PP han reclamado elevar el nivel a emergencia nacional y ceder el control al Gobierno central. Es más, lo han rechazado expresamente. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aseguró el lunes 18 que hacerlo no serviría para nada.

Moreno pidió un endurecimiento del Código Penal, que ya contempla penas de hasta 20 años por provocar incendios, y menospreció la oferta de pacto de Estado lanzada por Sánchez, ya que, dijo, debió haberlo ofrecido “hace un año” y con “contenido”. Sánchez lanzó por primera vez la propuesta en 2022 y no encontró ninguna respuesta en el PP. El partido de Feijóo tampoco la va a aceptar ahora.