Casos Koldo y Montoro: el tráfico de influencias que no cesa entre empresas y administraciones

Las adjudicaciones de obras públicas y otros beneficios empresariales obtenidos de forma ilícita constituyen el germen de numerosas tramas de corrupción política en España. Existe una retahíla histórica de altos cargos públicos investigados por llevarse comisiones tras adjudicar a dedo determinados proyectos a empresas corruptoras.

Tramas recientes como el caso Koldo, que apunta a la implicación del ex número tres del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde comienzo del verano, y el exministro de Transportes y todavía diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos, o el caso de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con el PP, han evidenciado la capacidad de ciertos empresarios para interferir en decisiones políticas y han mostrado la falta de controles en las administraciones públicas que erradiquen prácticas como el cohecho y el tráfico de influencias.

La politóloga Carmen Lumbierres apunta directamente a la herencia franquista de esta simbiosis entre el Estado y determinadas empresas, donde estas últimas manejan cierta capacidad de influencia incluso en las leyes que aprueba el Parlamento. “Pesa mucho que durante esos 40 años de dictadura fueran habituales las mordidas y las relaciones de corrupción porque todo era uno entre Estado y empresas privadas”, detalla esta experta, en conversación con elDiario.es. Esta herencia directa o indirecta de la política franquista, sumada a las puertas giratorias y la intromisión de los grupos de influencia, explica la ineficacia del protocolo y de la vigilancia de los organismos anticorrupción.

Acciona y Equipo Económico, dos formas de influencia

Las pesquisas que mantiene abiertas el Tribunal Supremo sobre las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos han puesto el foco sobre las relaciones entre el poder político y el poder económico. Y de fondo, siempre, las presuntas prácticas ilícitas de varias constructoras que habrían viciado licitaciones públicas gracias a sus sobornos a cargos con poder de decisión. En el epicentro del caso figura la constructora Acciona, que acapara la mayoría de los contratos presuntamente amañados aunque sobre la empresa no pesa de momento ninguna imputación. Las indagaciones de la Guardia Civil han sacado a la luz los intentos de Cerdán de influir en los nombramientos de Transportes —donde no tenía ninguna responsabilidad— a través de un listado que también manejó un directivo de la constructora.

En paralelo, otras causas recientes como el ‘caso Montoro’ han reabierto el debate sobre en qué punto las empresas o sus directivos en sus relaciones con la Administración pasan de hacer lobby, una actividad legal pero que todavía adolece de regulación, a cometer un delito de tráfico de influencias. Esto es, persuadir a políticos para obtener un beneficio. El juez de Tarragona que ha imputado al exministro del PP y a otras 27 personas considera que hay indicios de que un despacho fundado por Montoro, llamado Equipo Económico, llegó a influir en los Presupuestos Generales del Estado para favorecer a empresas gasísticas. Según el magistrado, esas compañías llegaron incluso en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”.

El caso de Montoro también ha puesto sobre la mesa el debate acerca de las puertas giratorias y los grupos de presión, que carecen de una regulación estricta en España. De hecho, hace apenas unas semanas trascendió que Sedigas, la patronal del gas en España, había contratado los servicios de Acento, la consultora fundada por el exministro socialista José Blanco y que desde 2020 preside el exlíder del Partido Popular en Euskadi y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

En España, la normativa que regula el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos permite que diputados, senadores o eurodiputados puedan utilizar sus contactos en las administraciones públicas para sus negocios privados nada más acabar sus mandatos o en el mismo momento que dejen sus escaños. Y es que en las leyes españolas las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese solo están contempladas para los altos cargos de la Administración General del Estado como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales de empresas públicas, que perciben una compensación durante los 24 meses en que tienen vedado el salto al sector privado.

El 20% del PIB

En total, la contratación pública en España, que abarca desde constructoras y gasísticas hasta fabricantes de material sanitario, pasando por todo tipo de proveedores de productos o servicios, representó en 2017 el 20% del Producto Interior Bruto. Esto lo convierte en una de las principales vías de corrupción y cobro de dinero público.

En la mayoría de las contrataciones públicas el principal criterio de elección se basa en un informe técnico valorativo de las cualidades del proyecto y la adecuación de este al objetivo de la obra. Estos informes tienen el objetivo de evitar la baja calidad que podría suponer elegir siempre la oferta más barata, pero se basan en un juicio valorativo emitido por técnicos individuales que es supervisado y ratificado por una mesa de contratación conformada por empleados públicos con poder de decisión. Es decir, en estos casos no solo hay políticos corruptos, sino que la corrupción se extiende a la Administración y a algunos funcionarios. “Los políticos corruptos saben cómo colonizar los órganos de control, deshaciéndose de los funcionarios honestos para ser sustituidos por funcionarios de su misma calaña”, apunta Joan A. Llinares, catedrático de Derecho Administrativo.

De hecho, para Lumbierres la solución no pasa tanto por modificar la ley o crear más organismos de vigilancia, sino por acotar estos espacios de influencia de las empresas en la Administración pública. Una forma de limitar este poder sería planificar y regular las salidas de la política porque un ex alto cargo “no debería tener poder decisión en su vida posterior en el mismo ámbito de actuación” que tenía durante su etapa política. Pero también está solución plantea incógnitas, por ejemplo en el caso de los profesionales que llegan a las instituciones por su experiencia en un sector y que luego no podrían volver a él, ni siquiera tras un período de incompatibilidad.

El caso Koldo ha enturbiado la esperanza puesta en la reforma de la Ley de Contratos Públicos de 2014, que se aprobó tras el movimiento social del 15M en reacción a los casos de corrupción del PP, y que integró en la normativa estatal dos directivas europeas. Con estas se buscaba el “refuerzo de la trazabilidad y la transparencia” en las contrataciones públicas, según se indica en la exposición de motivos de la ley. Estos requisitos de transparencia se han evidenciado insuficientes para luchar contra las mordidas de comisionistas y empresarios corruptos.

Las partes vulnerables del proceso de adjudicación

La fase previa de las adjudicaciones es para Joan Subirats, exministro de Universidades y especialista en gobernanza y gestión pública, una de las partes más vulnerables para la corrupción en la contratación pública. La ley de contratos, a pesar de sus sucesivas mejoras tras la entrada de España en la Unión Europea, no es capaz de prevenir ciertas situaciones por malas prácticas previas a las adjudicaciones. Un ejemplo es el troceo de grandes contratos en acuerdos menores para esquivar los controles o limitar la competencia a unas pocas empresas con el establecimiento de criterios previos muy restringidos.

“Es una forma de reducir la competencia e irte acercando, si tienes voluntad de hacerlo, a aquellas empresas que quieras beneficiar”, detalla Subirats en declaraciones a este periódico, y añade que los protocolos de emergencia son otros de los supuestos más expuestos a las infracciones de comisionistas y benefactores, pues “la urgencia que se quiere resolver exige saltarse esas características”.

Esta capacidad de interferencia de las empresas en las decisiones políticas es tal que, como apunta el experto Joan A. Llinares, “ha habido casos de corrupción donde los pliegos han sido elaborados por las propias empresas adjudicatarias, como han demostrado los metadatos de los documentos cuando el caso ha sido investigado”. En el 40% de los contratos interviene únicamente una empresa, debido a prácticas colusorias en las condiciones del contrato o por la falta de publicidad del proceso. También se han dado casos en que varias empresas se reparten de antemano las adjudicaciones en diferentes concursos realizando ofertas que saben que no van a salir ganadoras. Incluso se han destapado casos donde la aparente competencia en un concurso público se saltaba presentando a firmas diferentes de un mismo conglomerado empresarial.

Otra de las fases de la contratación pública que presenta más deficiencias es, para Llinares, la ejecución del proyecto con materiales de inferior calidad a la exigida, unidades falsamente certificadas como ejecutadas o modificaciones injustificadas que incrementan los costes para la administración y los beneficios para las empresas corruptoras.

Anonimato para denunciantes y otros remedios

La Autoridad Independiente de Protección al Informante, el organismo creado en 2023 por el Gobierno para proteger la identidad de los denunciantes de corrupción, echará a andar el próximo 1 de septiembre con el catedrático Manuel Villoria al frente. Es una de las últimas medidas en la lucha contra la corrupción en España, que trata de combatir uno de los principales problemas. Según Llinares, “España va con mucho retraso en el cumplimiento de la Directiva Whistleblower. Lo primero que hacen los corruptos es deshacerse de los funcionarios íntegros para sustituirlos por sus afines”.

En último término, el catedrático emplaza la efectividad del organismo a “los medios materiales y humanos con que se la dote”: “Espero que sea un punto de inflexión”.

Para Subirats, otra de las posibles soluciones debe pasar por “reforzar el control previo”, de manera que se establezcan “comisiones externas que pudieran revisar los pliegos” que establecen las características del contrato y que evalúan a las empresas competidoras. Esta vigilancia debería ser controlada tanto por las instituciones anticorrupción como por organismos de la sociedad civil.

“Lo que estamos haciendo es luchar contra una lacra que históricamente ha sido muy significativa, que se ha ido mejorando con el tiempo, pero que los casos que hemos ido conociendo ponen de relieve que ni mucho menos está solucionado el problema”, explica el exministro.