Ayuso y las protestas de los bomberos: la última reivindicación pública que atribuye a una conspiración en su contra

“Desde luego le vemos una motivación política detrás”. Así contestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las reivindicaciones que hacen los bomberos forestales de la comunidad, que reclaman una mejora de los salarios y una reducción de la temporalidad. Se trata de la última protesta de trabajadores del sector público que la baronesa popular reduce a supuestas conspiraciones en su contra. Médicos a los que llama “liberados sindicales” y manifestaciones universitarias que, según ella, “politizan los campus” sirven de argumentos a la presidenta para negarse a negociar con los agentes sociales.

Hace un mes, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se movilizaron para reclamar un aumento de salario y la estabilización de la plantilla. Con el convenio caducado desde 2008, tanto la administración regional como Tragsa, la empresa estatal que presta el servicio, eluden responsabilidades. Los 450 brigadistas forestales de la Comunidad, con salarios congelados en los 1.3300 euros desde 2010 y contratos estivales, paralizaron la semana pasada la huelga debido a la complicada situación de la ola de incendios. Ayuso volvió a recurrir al mantra que ya usó con las protestas de profesores y médicos: el paro y las reivindicaciones tienen una “motivación política detrás” porque las condiciones de trabajo en Madrid “no son ni mucho menos las peores de España”.

El pasado miércoles, Ayuso celebró en X la reforma del Estatuto de las brigadas forestales de refuerzo (BRIF) impulsada por el Gobierno para subir los salarios de los bomberos forestales estatales y mantener sus puestos durante el invierno. De hecho, la presidenta autonómica exigió al Ministerio que hiciera lo mismo con los bomberos forestales de la comunidad, aludiendo a que la empresa contratante, que también es Tragsa, es una empresa pública. Sin embargo, aumentar la partida presupuestaria dedicada a Tragsa y adecuar las condiciones laborales más allá de lo mínimo establecido por la ley es una competencia autonómica. Ninguna norma impide que la comunidad pagué más a sus bomberos forestales, como tampoco lo hace en el caso de los médicos o los profesores, y eso solo puede suceder si la comunidad aumenta el dinero destinado a pagar a la empresa contratante.

Con los incendios, también los desatados en Madrid, copando horas de televisión y titulares en todos los medios, este viernes el Gobierno de Ayuso aceptó por fin sentarse con el colectivo. En la reunión celebrada en la Consejería de Medio Ambiente, Tragsa y los sindicatos que impulsaron la huelga (UGT, Firet y CGT), la Comunidad propuso a los bomberos acogerse al nuevo convenio estatal que regula a las BRIF, una medida que el consejero, Carlos Novillo, defiende como “perfectamente legal” si las tres partes están de acuerdo. El comité de empresa está valorando si continuar con la huelga y esperará a la próxima reunión, previsiblemente la semana que viene, para valorar las propuestas.

Recortes y polarización

A los recortes de los servicios públicos habituales en los gobiernos del PP se sucede el desprecio hacia las protestas laborales de los funcionarios y, en el caso del Ejecutivo autonómico de Ayuso, representa una seña de identidad propia en base a diferentes factores que explica la politóloga Carmen Lumbierres en conversación con elDiario.es. La polarización política habitual en el discurso de Ayuso, que se materializa en lemas como ‘Comunismo o libertad’ o la confrontación de Madrid con el resto de España, aplicada a la gestión de las huelgas funcionariales con un ‘conmigo o contra mí’, es una “estrategia de división y competencia interna que dificulta” la unidad de las protestas y, por tanto, el éxito de sus reivindicaciones.

En numerosas ocasiones, la presidenta madrileña se ha referido a las protestas de los profesionales públicos como “huelgas políticas”, desdeñando así el objetivo de las mismas. El 10 de noviembre de 2022, a las puertas de la huelga indefinida de médicos de atención primaria, Ayuso acusó a la oposición en la Asamblea, encabezada por Mónica García (Más Madrid), de “mezclar la necesidad de los médicos con la manipulación política”. A su vez, el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que los convocantes de las protestas estaban “intentando reventar el mejor sistema sanitario que hay en España” a través de “una huelga política ante la cercanía de unas elecciones”.

Este argumento repetido múltiples veces en el pleno autonómico le sirvió a Ayuso para negarse a llegar a un acuerdo sobre mejoras salariales y reducción de temporalidad, lo que derivó en una serie de encierros y concentraciones semanales por parte de los sanitarios hasta la firma de un preacuerdo cuatro meses después. En octubre, la consejería de Educación rompió, en cambio, las conversaciones con los médicos de familia, con quienes había acordado mantener reuniones bimensuales para avanzar en la reducción de ratios de pacientes y la desburocratización. “Ella maneja los tempos y hace que toda cesión sea un gancho para volver a dar un paso atrás”, detalla Lumbierres.

La reforma del convenio

La negación de Ayuso ante las reivindicaciones laborales del sector público es una historia de largo recorrido. De hecho, el mes pasado la justicia madrileña anuló una parte del último convenio de los funcionarios firmado en diciembre por considerar que la restricción del derecho a la protesta que pretendía es “a todas luces desorbitante”, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La débil contestación del sector público a esta situación tiene que ver también, según Lumbierres, con una “normalización de la situación de precariedad mantenida durante tantas décadas” que ha desembocado en una “fatiga institucional” que, junto al momento actual de desmovilización social, favorece el éxito de la estrategia de Ayuso frente a estas reivindicaciones de los funcionarios.

De hecho, los recortes y el ahogamiento de los trabajadores de los servicios públicos tiene como fin último la externalización, pues genera una “desconfianza en lo público” por parte de la ciudadanía que, en palabras de la experta, “ve la privatización como una forma de modernidad”.