La ofensiva de la derecha ante el Poder Judicial para apartar a la jueza de la DANA choca con el aval de la Audiencia a sus autos
El órgano judicial al que tanto Salomé Pradas y Emilio Argüeso recurrieron sus imputaciones ha dado la razón hasta ahora sin fisuras a la jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz, a quien diversos sectores de la derecha y los propios acusados pretenden apartar de la causa
El Consejo del Poder Judicial abre diligencias a la jueza de la dana tras las quejas de Pradas sobre su instrucción
Apartar como sea a la jueza instructora que investiga la gestión que realizaron las diferentes autoridades con responsabilidad en la gestión de la Dana que el pasado 29 de octubre dejó 228 fallecidos. Este es el objetivo que se han marcado la derecha y la extrema derecha a medida que han ido avanzando las diligencias de la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.
Y es que, cada uno de sus autos han caído como un jarro de agua fría especialmente en las filas del PP valenciano, que ha visto como han ido desmontando uno por uno todo su argumentario, desde el supuesto apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hasta los falsos errores en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pasando por las competencias supuestamente compartidas con el Gobierno en la gestión de la emergencia.
Algo que no se sostiene según el marco legal, lo que ha derivado en la imputación de la exconsellera, Salomé Pradas, y de su número dos, Emilio Argüeso, como máximos responsables, mientras que hasta ahora Ruiz Tobarra ha descartado hacer lo propio con el presidente de la CHJ, Miguel Polo, el jefe de climatología de Aemet, José Ángel Núnez, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En el caso del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, solo su aforamiento le salva de estar también en una situación procesal delicada.
El primer paso para tratar de descabalgar a la jueza de Catarroja lo dio Pradas, quien en el mes de mayo presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada, a la que también se sumó después Argüeso. El organismo confirmó este jueves la apertura de diligencias informativas a Ruiz Tobarra. La apertura de estas diligencias es el procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez. En esta fase se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial. Solo cuando se abre expediente puede hablarse de investigación, señalan fuentes jurídicas.
En su queja, Pradas considera su derecho de defensa “gravemente afectado” por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y “afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria”. El letrado de Pradas también habló en su queja de “falta de imparcialidad” y de opiniones predeterminadas de la jueza o de “la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial”, aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios.
Sin embargo, la realidad es que hasta ahora las decisiones de más calada de la magistrada de Catarroja, como son las imputaciones de la exconsellera y de su número dos, han recibido el aval sin fisuras de la Audiencia Provincial de Valencia, el órgano judicial encargado de resolver los recursos de apelación en el marco de la causa de la DANA. La Audiencia ya avaló por unanimidad la imputación de Salomé Pradas. En una resolución del 19 de mayo, los seis magistrados de la sección segunda recordaban que la Generalitat Valenciana ostentaba el “mando único” de la respuesta a la emergencia.
Lo mismo sucedió con el recurso planteado por Argüeso contra su imputación. La Audiencia lo tumbó y avaló una vez más la decisión de Ruiz Tobarra en un auto dictado el pasado 30 de junio en el que sostenía que “no es irrazonable ni arbitraria” la decisión de la magistrada instructora.
