Gobierno y oposición retoman el curso político en un clima de enfrentamiento total por los incendios

El PP ha preparado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno en el inicio del curso político con dos objetivos: descargar en los de Pedro Sánchez la responsabilidad por los incendios que han arrasado con más de 400.000 hectáreas este verano en España y reavivar la presión por los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE. El Ejecutivo, mientras tanto, tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes una primera batería de medidas para paliar la emergencia por los fuegos, así como un paquete de iniciativas contra la corrupción.

Este martes se celebra una Diputación Permanente del Congreso en la que se debatirán las comparecencias del presidente del Gobierno “para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE”, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el procesamiento del fiscal general; la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el “caos ferroviario que sufre permanentemente España”; de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, “para dar cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios”; del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el contrato de la empresa china Huawei, así por la “emergencia migratoria”; de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para hablar de la quita de la deuda, y, por último, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, “para acabar con el machismo imperante tanto en el Palacio de la Moncloa (‘caso Salazar’) como en el conjunto de su Gobierno y de su partido (‘caso Koldo’ y ‘caso Ábalos’)”.

Pero no solo el Congreso será escenario de la vuelta del rifirrafe político. El PP también ha activado el Senado para que comparezcan esta misma semana cuatro miembros del Gobierno por los mismos temas que se debatirán en la Cámara Baja. La primera será la ministra de Defensa, quien este mismo martes explicará el dispositivo antiincendios desplegado por el Ejecutivo central para intentar ayudar a las comunidades autónomas en las tareas de extinción de los incendios.

Así, mientras el Congreso debate su comparecencia, esta se producirá en el Senado. El miércoles será el turno de Aagesen, el jueves de Marlaska y el viernes del ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos en la Cámara Alta.

Gobierno y PP han calentado el inicio del curso político con un aumento de la confrontación a cuenta de los incendios y quién debe asumir las responsabilidades después de haberse registrado un récord de terreno quemado en España. Este lunes, Robles hizo un llamamiento a la “conciencia” de las comunidades autónomas gobernadas por el PP al considerar que sus dirigentes “no han asumido sus obligaciones” ante la ola de incendios de este verano.

La ministra pidió a estas comunidades que “sean valientes” y digan “la verdad” con respecto a esa gestión. Según Robles, el “silencio” de esos dirigentes autonómicos “quizá” se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La respuesta del PP llegó por boca de su propio jefe de filas, quien se reincorporó este lunes a la actividad con un documento que recoge 50 medidas para luchar contra los incendios. La más relevante, dijo Feijóo: crear un “registro de pirómanos” y el uso de “pulseras telemáticas” a los condenados.

En una rueda de prensa dijo, primero, querer huir de “broncas partidistas”, para lamentar luego que el presidente del Gobierno no le haya llamado “en absoluto” y criticar que el Ejecutivo haya fallado en la “prevención y planificación” contra los incendios. Feijóo no ha querido valorar que su vicesecretario autonómico, Elías Bendodo, tachara de “pirómana” a la directora de Protección Civil.

Sobre Robles, Feijóo dijo estar “sorprendido” por las palabras de la ministra y afirmó que “no son” las que ha “trasladado a los presidentes autonómicos en privado”. “Supongo yo que [lo hace] para intentar evitar sus propias responsabilidades”, añadió.

Feijóo defendió a sus barones. Aunque reconoció que “la competencia” en prevención y extinción de incendios “es de las comunidades autónomas”, ellos “lo han ejercido”. “El despliegue de medios nacionales e internacionales es del Gobierno. Y llegó tarde, por falta de prevención y de compromiso en los primeros días”. Para el líder del PP, lo ocurrido ha sido una “crisis nacional”, evitando así usar la palabra “emergencia” y contradecir tanto a su propia dirección como a los presidentes, quienes han rechazado una y otra vez ceder el mando al Ejecutivo.

En el Gobierno, mientras, se disponen a impulsar medidas legislativas pendientes pero también de hacer frente a la ofensiva de Feijóo. En el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo desplegará su respuesta a la oleada de incendios que ha asolado España durante el mes de agosto. Se aprobará el real decreto que incluirá la declaración de zonas catastróficas y que abrirá la puerta a la aportación de ayudas de los distintos ministerios.

Y se dará luz verde también al paquete de medidas anticorrupción que anunció el presidente justo antes de las vacaciones y tras el estallido del escándalo del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Pero los socialistas se preparan también para la batalla a cara de perro que promete la oposición en su estrategia de desgaste al Gobierno. Sobre la crisis de los incendios, Robles anticipó que defenderá el despliegue de efectivos y recursos de la administración central. Y entró directamente al choque con los presidentes autonómicos del PP, a los que acusó de no decir la verdad sobre la colaboración con el Ejecutivo.

Sobre la propuesta de Feijóo de abrir un registro de “pirómanos”, el PSOE le afeó la utilización partidista de la emergencia medioambiental y calificó de “desnortado” al líder de la oposición. En un comunicado remitido a los medios este lunes, los socialistas aseguraron que el gallego “usa esta tragedia para subir los decibelios de la bronca política que tapen su incompetencia”. “España no se puede permitir un jefe de la oposición cuyo conocimiento de los fundamentos básicos para gobernar un país sea tan raquítico”, zanjaron.