Alvise justificó en el Supremo cobrar 100.000 euros de un empresario para compensar el sueldo que iba a sortear

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado, algo que solo ha hecho con dos mensualidades, la primera, hace justo un año. Así lo recoge la transcripción de esa declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alvise utilizó ese argumento para tratar de justificar que en ningún caso utilizó ese dinero para financiar su campaña, tal y como sostiene el empresario Álvaro Romillo y acreditan los mensajes que se intercambió con él. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”, le dijo, ante el ofrecimiento de esos fondos. Además, un año después, Alvise ha incumplido de forma flagrante el compromiso de rifar su salario público.

En una entrevista en un canal de YouTube, él mismo reconoció que los sorteos quedaron paralizados en octubre cuando decidió que durante tres meses donaría su sueldo a las víctimas de la DANA, aunque no hay pruebas de esas donaciones. También explicó que desde entonces había “cambiado de parecer” y que el parón se debía a que estaba sometido a una inspección de Hacienda y a que se había dado cuenta de que “todo lo que estaba donando” le estaba “repercutiendo al IRPF”. Aludió, asimismo, al “doble pago de impuestos de los eurodiputados” y a que al salario le debía “sumar el impuesto autonómico”.

A pesar de ello, el supuesto sorteo del salario fue uno de los principales argumentos que esgrimió ante el juez del Supremo para justificar el cobro de 100.000 euros en efectivo por parte de un empresario. Alvise se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas del juez y de su defensa. Y cargó contra la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PSOE, a las que se negó a responder con el argumento de que actúan en esta causa con un “ánimo espurio”.

Tal y como reveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños. En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Las “tres vidas” de Alvise

Ante el juez, Alvise insistió en que cobró esos 100.000 euros en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario.

La transcripción de esta declaración evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el juez le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su partido, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (…) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (…); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (…) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Durante el interrogatorio, el juez también preguntó a Alvise si había presentado al Tribunal Cuentas la contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. El eurodiputado apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo y aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas ante este organismo y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas es claro al respecto: “La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. De hecho, el órgano fiscalizador propuso, incluso, que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que la agrupación no había presentado esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios.