Así alardeaba la Xunta dos meses antes de los incendios históricos de agosto de que su política de prevención era un referente

“La estrategia de la prevención y lucha contra los incendios forestales está dando resultado y así lo reconocen fuera de nuestras fronteras, en donde somos el referente”. Así defendía en junio la conselleira do Medio Rural, María Jesús Gómez, la política forestal de la Xunta. Lo hacía en un pleno del Parlamento de Galicia en el que una diputada del PSdeG le reclamaba una gestión adaptada a los nuevos tipos de incendios, más voraces y difíciles de controlar. Dos meses después, la comunidad se encamina al cierre de un mes de agosto histórico, en el que han ardido ya más de 90.000 hectáreas y se han producido los peores fuegos desde que hay registros.

Cuando Gómez comparecía en el Parlamento para sacar pecho de su gestión, en el monte gallego ya había crecido la vegetación tras una primavera lluviosa, aunque todavía no había llegado la primera de las intensas olas de calor de este verano. La conselleira se remitía a la campaña de 2024, sobre la que insistía en que fue la mejor de la última década. Los datos oficiales de la Xunta recogen que en todo ese año hubo 755 fuegos, un “mínimo histórico”. Medido en hectáreas, fue el tercer mejor año desde que hay registros, con 2.645 hectáreas quemadas, solo por encima de las de 2014 y 2018.

La diputada socialista que le hacía la pregunta, Carmen Rodríguez Dacosta, le recordaba que las condiciones meteorológicas habían acompañado durante el año 2024. “Válgame Dios es lo que voy a contestar”, replicó la conselleira, que reprochó al grupo socialista que utilizase palabras que “se vuelven cada vez más negativas” sobre el riesgo de los incendios y el “abandono” del rural. “Es muy desalentador escucharlo”, manifestaba Gómez.

“Se pueden empeñar en hablar de que el rural está abandonado, que eso provoca incendios, pero la realidad es otra”, añadió, antes de afirmar que Galicia produce el 50% de la madera de España y su monte está “valorado” en 43.000 millones de euros.

También defendía que en la política de extinción “no se escatima un solo euro”, una afirmación que choca contra las denuncias reiteradas de trabajadores del dispositivo y sindicatos, que hablan de brigadas incompletas porque no se cubren bajas, de motobombas paradas porque no hay conductores suficientes para cubrir los turnos o de personal que sigue trabajando solo una parte del año -en 2025, los fijos discontinuos, tienen contratos de ocho meses-. La crisis de agosto desbordó el operativo y se repitieron por toda la provincia de Ourense las imágenes de vecinos luchando con sus propios medios contra las llamas.

La diputada socialista pedía en junio a la Xunta que se preparase para los incendios de quinta y sexta generación, “cada vez más extremos” y para los que, avisaba, no es útil el diseño del dispositivo que se aplicaba en los años 90. Los fuegos, añadía, “son un drama para Galicia que no se puede asumir como una fatalidad, sino que son el resultado de una política forestal con falta de visión y sin planificación”.