Una investigación revela los abusos de Mauritania a migrantes y cuestiona el papel de España y la UE

Mauritania incurrió entre 2020 y 2025 en “graves violaciones” de los derechos humanos en la gestión de los flujos de migrantes y solicitantes de asilo en tránsito a España y Europa, según un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que detalla 43 casos de abusos físicos, entre los que se citan tortura, violaciones y otros tipos de maltrato, además de tácticas proscritas, como las deportaciones colectivas. El documento, que reconoce avances recientes en el control de los excesos, vuelve a ilustrar los problemas que entraña la subcontratación de la gestión de los flujos migratorios.

España lleva más de dos décadas tratando de mitigar la llegada de migrantes de África con acuerdos con los países de origen o tránsito. El objetivo es limitar una afluencia que desborde la capacidad de acogida, pero esta estrategia tiene la contrapartida de que los derechos de migrantes y solicitantes de asilo dependan de Gobiernos con dificultades o falta de voluntad para gestionar con rigor el tránsito de personas camino al Norte.

Mauritania, que comparte frontera con el Sáhara Occidental (controlado por Marruecos) y Argelia al norte, Mali al este y sureste y Senegal al sur, es punto de salida de la ruta marítima a Europa. En 2024 llegaron a Canarias por mar 46.843 personas en 693 embarcaciones, según datos del Ministerio de Interior, lo que supuso un aumento del 17,4% respecto al año previo. En los primeros siete meses de este año el tránsito se redujo en un 46% con respecto al mismo periodo del año pasado, no obstante. Mauritania interceptó entre 2020 y la primera mitad de este año 26.667 embarcaciones, con el pico en 2024. También efectuó 849 rescates en el mar.

Entre los abusos documentados hay nueve casos de violaciones entre 2020 y 2022 a cargo de policías o de personal de la Armada del país, relatados por testigos. También hay cuatro episodios de tortura, uno de ellos referido por la supuesta víctima, un hombre detenido por facilitar el tránsito de migrantes que denunció que la policía le aplicó descargas eléctricas. “Decían que ayudaba a la gente a ir a España”, indica el testimonio recogido por la ONG.

Otra de las actuaciones cuestionadas es la expulsión de migrantes subsaharianos, con una mano delante y otra detrás, a zonas lejanas del punto donde fueron detenidas. El informe se detiene en el caso del liberiano de 46 años Marco Gibson, que aseguró que soldados mauritanos lo detuvieron junto a otros 40 migrantes cerca de la frontera norte del país con el Sahara el pasado diciembre. “Nos pegaron con palos y un látigo de caucho, nunca había visto un comportamiento tan brutal”, contó.

Luego lo expulsaron a Gogui (Mali), a cientos de kilómetros del punto donde fue detenido, junto a otras 20 personas. La expulsión se produjo la víspera de que un grupo islamista atacara la cercana ciudad de Nioro del Sahel, en la región maliense de Kayes.

Pasividad española

El informe incluye testimonios que denuncian que agentes españoles interrogaron a personas detenidas arbitrariamente por colegas mauritanos, incluido un arrestado por supuesto tráfico de personas —liberado posteriormente sin cargos— que denunció que pasó tres días sin comer en una celda y solo le dieron alimento cuando se quejó al jefe de la delegación española.

El informe se refiere también a un incidente de 2023 en el que Mauritania rechazó el desembarco de un grupo de 168 migrantes rescatados de un cayuco en el mar por una patrullera de la Guardia Civil, que acabaron siendo devueltos a Senegal. Pide que no se repitan actuaciones como esta “dada la imposibilidad de evaluar adecuadamente en el mar las nacionalidades y los problemas de seguridad” a los que los desembarcados se puedan enfrentar.

La ONG aduce que “al financiar, equipar y colaborar con las fuerzas mauritanas durante años para reforzar los controles de frontera y migratorios sin garantizar que existan las adecuadas salvaguardas de los derechos humanos, la UE y España han incentivado la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos de Mauritania”. Menciona, en este sentido, que la UE ha sufragado la reforma de dos antiguos centros de detención de migrantes para albergar a los que sean interceptados o rescatados del mar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en julio en Mauritania en una visita oficial. En una comparecencia sin preguntas reivindicó la “colaboración” de países emisores de migrantes como Mauritania y trasladó “la firme voluntad de seguir profundizando los lazos y extenderlos a otros muchos ámbitos”, incidiendo en particular en el deseo compartido con el país africano de “elevar la relación económica a un mayor nivel de ambición”.

El jefe del Ejecutivo también aseguró que la UE “comprende el papel vital que desempeña Mauritania en la región”, en referencia al Sahel, y aseguró que “España va a seguir trabajando” para que la relación con el bloque europeo “responda satisfactoriamente a las demandas de Mauritania”. El Ministerio de Interior no ha respondido a una consulta de elDiario.es sobre su opinión sobre el informe o las recomendaciones a España que en él se incluyen.

Expectativas de mejora

HRW reconoce propósito de enmienda en las autoridades mauritanas, que han prohibido las expulsiones colectivas y promulgado un nuevo reglamento a finales de mayo por el que se aprueban unos “procedimientos operativos estándar” que incluye protecciones reforzadas durante el desembarco y “gestión” de migrantes.

La UE respondió al informe en julio en un escrito en el que apuntó que ha formalizado procedimientos internos para abordar las alegaciones concretas de abusos contra los derechos humanos y que todos los contratos que firma incluyen cláusulas según las cuales deben ser respetados. Estas últimas se actualizaron recientemente para incluir “obligaciones más claras para que las partes contratantes respeten los valores de la UE y trasladen las infracciones en menos de 30 días”.