Un absurdo democrático en el BOE

Un absurdo democrático en el BOE

La ocurrencia genial es que el capitán del equipo y los delanteros se constituyan en árbitros de su propio encuentro y conseguir así acabar con el juego sucio de sus propios jugadores

Si el control de tales organismos queda en manos de leales, pueden servir para proteger al Gobierno.

Levitsky y Ziblatt

Sería hasta simpático si no constituyera una aberración democrática. Se acaba de publicar en el BOE la creación de una comisión interministerial anticorrupción a resultas de la iniciativa que el presidente del Gobierno anunció en julio, a la par que se disculpaba por la corrupción detectada en su gobierno y en su partido. Lo gracioso, si no fuera para llorar en términos democráticos, es que se trata de una comisión formada por miembros del mismo gobierno que pretende luchar contra la corrupción de un gobierno que no se dio cuenta de que tenía corruptos en su interior. No se me pierdan: los ministros de Sánchez vigilarán que los ministros de Sánchez no se corrompan constituyéndose en comisión dado que, hasta ahora, no se habían enterado de los manejos de sus compañeros de gabinete ni de su partido.

En términos democráticos la existencia de los llamados checks and balances, de controles y contrapesos, es absolutamente necesaria para fiscalizar de modo formal e informal los excesos del poder. Obviamente, los controles al poder no los realiza el mismo poder concernido sino otros poderes u organismos independientes. Tal y como Montesquieu formuló lo que luego hemos dado en llamar separación de poderes -“Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” o sea “para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”– no se trata obviamente de que el Ejecutivo esté llamado a auto contrapesarse sino que está previsto que los otros poderes y los denominados controles añadidos e informales le vigilen de cerca. Desde esta formulación canónica es un verdadero cachondeo que para luchar contra la corrupción que se investiga en torno al gobierno de Sánchez sean los ministros de Sánchez -Bolaños, Montero, Marlaska, Díaz, Urtasun y Óscar López- los que vayan a servir como contrapoder. Algunos de ellos, además, con el sambenito unido al de su presidente de no haber detectado las andanzas de Ábalos, no haberse dado cuenta de que un exportero de discoteca traía y llevaba entre los miembros del gabinete como si fuera el propio ministro de Presidencia y de no haber caído en que lo público se estaba usando para llenar bolsillos y para emplear a las amigas íntimas de los cargos que habían designado. Esto se lo cuentas a un alemán o a un nórdico y se te despendola de la risa, pero si se lo cuentas a un húngaro a lo mejor te lo compra y todo.

Vale lo de las cortinas de humo para salvar una comparecencia parlamentaria en el que el papel del presidente quedaba muy desmerecido por mor de la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, algo había que decir para pasar el trago. Quien ni tuvo tino al elegir colaboradores -dos secretarios de organización de su partido dos y un ministro que era su mano derecha- ni luego fue capaz de percatarse de la maraña de favores, corruptelas, corrupciones y patrimonialización de lo público que se estaba tejiendo a su alrededor deviene en diseñador de controles.

Es imposible que en tales circunstancias una comisión formada por ministros de ese mismo presidente pueda luchar contra la corrupción que tuvieron frente a su jeta sin verla y es aberrante que ni siquiera se plantee un comité que no sea absolutamente independiente y, por ende, cuyos nombramientos no dependan del poder político. Claro que esa institución ya existe, se llama Justicia y está actuando ya contra los presuntos corruptos mientras busca apoyándose en las policías, al resto de los que pudieran estar implicados. O sea que en democracia los controles externos del poder ya están previstos y están actuando.

Cosa distinta es que se hubiera concebido la creación de un comité interno del PSOE para investigar internamente quién hizo qué, a quién se le ocurrió la extorsión como método adecuado para salvar el escollo judicial y asegurarse de que no haya más implicados ni más cargos de segundo y tercer escalón que hayan colaborado en conductas inadmisibles. Una vez descubiertos, por la comisión integrada por quien les diera la gana, sólo quedaría entregarlos a la Justicia para que se esclarecieran definitivamente los hechos y colaborar así en la restauración de los bienes jurídicos afectados.

Pero no, la ocurrencia genial es que el capitán del equipo y los delanteros se constituyan en árbitros de su propio encuentro y conseguir así acabar con el juego sucio de sus propios jugadores. Lo dicho, chistoso si no fuera inaceptable en términos democráticos. El rimbombante plan anticorrupción, pergeñado para exculparse de las acusaciones de corrupción que pesan sobre los que eran sus pares, contiene además unas cuantas medidas que o ya existen (como la incautación de bienes producto del delito sin sentencia o la imposibilidad de contratar con la Administración de empresas condenadas por corrupción) o son disparos al aire como las enseñanzas a los empleados públicos (cuando la sospecha de corrupción pesa sobre los políticos y los cargos designados) y la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública -más nombramientos- para controlar a la Administración General del Estado. Todo está inventado. Cuando se propone como Eje 3 del plan, cito textual, “investigar, juzgar y sancionar la corrupción ya detectada” se me gripa la meninge dado que tal periplo no depende en modo alguno de un plan ni de este ni de ningún gobierno sino que es intrínseco a la existencia de un Estado de Derecho.

Más les valdría, a estos y a los que vengan en un futuro, sacar sus manazas de las instituciones que ya están previstas para controlarles. Más les valdría dejar de nombrar a los fieles y a los familiares para el Tribunal de Cuentas y que éste tuviera un control efectivo y con consecuencias. Más les valdría a todos sacar sus manazas de los órganos que designan magistrados, de los nombramientos de jefes policiales, de las argucias de ingeniería jurídica para controlar a los órganos de control y maniatarlos. Más les valdría dar marcha atrás en el fatídico deterioro democrático al que cada gobierno ha ido añadiendo sus propias trampas.

Sin todo ello solo nos queda darnos a la risa franca y abierta, a la risa catártica, y creernos que aquellos que no se enteraron de nada de lo que hacían sus compañeros de gabinete o de partido vayan a dar ahora con el grial que purifique la política y la administración.