La Fundación Amancio Ortega pagó la licencia municipal para la residencia que donó en Santiago porque la Xunta no la abonó

La Fundación Amancio Ortega pagó la licencia municipal para la residencia que donó en Santiago porque la Xunta no la abonó

La Consellería de Política Social solicitó los permisos urbanísticos al Ayuntamiento de Santiago, pero no pagó los 396.000 euros de tasas, según publica ‘Praza.gal’

Hemeroteca – La Xunta publicita como un éxito la entrega de la primera de siete residencias que paga la Fundación Amancio Ortega

La Xunta de Galicia pidió las licencias urbanísticas para la residencia de ancianos que la Fundación Amancio Ortega construyó y donó a la administración autonómica en Santiago de Compostela. Pero lo que no hizo la Consellería de Política Social fue pagar las tasas correspondientes, que acabó asumiendo también la propia fundación, según publica el diario Praza.gal. Lo ocurrido se ha conocido a través de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que indica que la entidad no tiene que pagar el recargo de demora que impuso en 2021 el Ayuntamiento compostelano porque “desconocía” que las tasas no estaban pagadas.

Según consta en el fallo judicial, la Xunta solicitó los permisos municipales para las obras, pero no ingresó los 396.000 euros de las tasas. Hay dos convenios firmados entre el Gobierno gallego y la fundación para levantar esta y otras seis residencias -una por cada una de las principales ciudades gallegas-. El primero, que abarcaba todas las instalaciones, se firmó en 2019 y decía que la Consellería debía proporcionar los terrenos para las obras “libres de gravámenes y/o cargas administrativas o de cualquier otro tipo”.

Dos años después, se selló un acuerdo específico para la residencia de Santiago, que establecía que Política Social pediría los permisos necesarios, pero no incluía menciones a quién debía pagar las tasas. El Ayuntamiento compostelano, entonces dirigido por el PSOE, concedió las licencias, pero la Consellería no abonó las tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. En septiembre de 2021, la fundación presentó una comunicación de cambio de titularidad de los permisos ante el Ayuntamiento, que le informó de que no se habían pagado los impuestos.

La fundación efectuó el abono entonces: los 396.000 euros de las tasas y los 62.000 de recargo por la demora, pero presentó un recurso contra esta penalización. El Ayuntamiento y un juzgado de Santiago rechazaron retirar ese cargo, pero el TSXG considera que no se le puede imponer a quien no fue responsable de la demora, según publica el diario.