La jeta autonómica es un material muy combustible en los incendios

Acaba agosto –y con él mis vacaciones–, un mes que se recordará por las más de 400.000 hectáreas quemadas en España y la duda sobre si las administraciones aprenderán la lección de esta catástrofe para años venideros. No será el último en el que se sumarán varias circunstancias para crear fuegos imposibles de controlar. En el plano político, el debate no sorprendió demasiado. El Partido Popular se apresuró a ignorar un hecho incontrovertible para evadir su responsabilidad: los gobiernos autonómicos cuentan con las competencias sobre la prevención y extinción de incendios. También es obvio que necesitaban la ayuda de cualquier recurso que pudiera facilitar el Gobierno central, que no mostró interés en ningún momento en asumir el control total.

Esta semana, el PP procedió a su estrategia de costumbre. Convocar en el Senado al mayor número posible de ministros repartidos entre varios días. No salió como ellos esperaban. Margarita Robles se puso el uniforme de general en el Senado y se hizo un traje con la piel de los parlamentarios del PP. Unos días después, fue el presidente de Castilla y León el que tuvo que comparecer contra su voluntad en el Parlamento autonómico (la oposición forzó la celebración del pleno). Para salir del paso, Mañueco se vio obligado a desmentir buena parte del argumentario que los dirigentes del PP habían empleado en las semanas anteriores. Su partido tenía tan pocas ganas de que la gente escuchara sus explicaciones que la televisión autonómica no ofreció el discurso. Apostó por un programa de toros y un concurso. Cualquiera diría que el PP buscaba confirmar los comentarios en las redes sociales que alegan que sus gobiernos están más interesados en los toreros que en los bomberos. No les debió de costar nada convencer a la televisión. Su gestión es privada y está confiada a un grupo de empresarios con una larga y turbulenta relación (véase Gürtel) con el PP. Son casi de la familia.

Las competencias son nuestras, pero la culpa de que no podamos afrontar los incendios es del Gobierno central, era su mensaje. No queremos que el Gobierno asuma el control de la emergencia, pero queremos que aporte más medios, incluso por encima de los existentes en todo el país, y que seamos nosotros quienes decidamos cómo se utilizan. Cada CCAA operaba como si las otras no existieran. Por eso, reclamaron una lista de medios tan exagerada que dejaría a las demás sin nada que llevarse a la boca en el caso de que se concedieran en su integridad. Jugada maestra: el Gobierno de Pedro Sánchez sería el culpable sin importar lo que hiciera.

El mes de agosto ha sido una celebración del principio de la jeta autonómica que inspira a unos cuantos gobiernos regionales cuando se produce una emergencia. Sus Estatutos les confieren una serie de competencias exclusivas, pero ellos utilizan los fondos públicos para otras cosas. La culpa siempre es de Madrid. No debería sorprendernos si recordamos lo que ocurrió en la Dana de Valencia y, a una escala diferente, en la pandemia. Los gobiernos del PP carecen de los medios necesarios y piden ayuda. En sí mismo, esto último no está mal, pero hay que preguntarse por qué no cuentan con esos medios. Pero ese no es el titular que el partido quiere que aparezca. 

La cronología de los hechos básicos indica que Alberto Núñez Feijóo iba a hacer lo que fuera necesario para que no se repitiera una situación como la de la Comunidad Valenciana con Mazón. Tocaba aleccionar a los suyos. El 13 de agosto, Mañueco dijo en público que el operativo de extinción de incendios era “suficiente” en su región. A causa del calor y del viento, además de la extensión de los focos en zonas de acceso casi imposible, los incendios estaban “fuera de la capacidad de extinción”, dijo Mañueco, incluso aunque hubiera el triple de medios.

Eso no convenía al PP, que veía alarmado la aparición de titulares sobre el descenso del presupuesto dedicado a prevención en esa región, así como la respuesta torpe y desorganizada de su Gobierno (“estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea de gestionar un operativo”, dijo un bombero; “un operativo precario y vergonzoso”, afirmaron los sindicatos forestales de Castilla y León). Dos días después, Feijóo pasó a poner la diana donde quería y denunció la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez. De forma específica, pidió una mayor intervención del Ejército.

De repente, lo que parecía suficiente pasó a ser lo contrario. Con un margen de pocas horas, los presidentes de Castilla y León, Galicia y Extremadura –Mañueco, Rueda y Guardiola– exigieron al mismo tiempo una interminable lista de la compra. En la tarde y noche del 15 de agosto, por una extraña casualidad los tres enviaron sus peticiones. La de Castilla y León llegó a las 20.42, la de Galicia a las 22.47 y la de Extremadura a las 23.23, según contó esta semana Robles. No había cambiado la situación sobre el terreno. Habían recibido la llamada de Feijóo. 

Y mientras la Xunta pedía al Gobierno más motobombas para luchar contra los fuegos, tenía paradas varias de las suyas por falta de personal. El Gobierno de Alfonso Rueda afirmaba que sus operativos estaban funcionando “al cien por cien”. Era falso. 

Otro momento singular. Feijóo criticó al Gobierno el 15 de agosto por no pedir medios a los demás países de la Unión Europea e insistió en lo mismo dos días después. Se podía haber tomado la molestia de consultar la página web del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Ahí aparecía que España ya lo había hecho el 13 de agosto. No era el único país. También lo habían hecho Grecia, Bulgaria, Montenegro y Albania. No era tan fácil como hacer una llamada y esperar a que te llegaran los aviones.

Robles no tuvo piedad en el Senado: “La labor de prevención y de preparación corresponde a las comunidades autónomas. Lo que pasa que es más cómodo durante todo el año no hacer nada o decir, como decía algún consejero, que como no hay incendios para qué vamos a invertir”. Tuvo que recordarles a los senadores que la UME también forma parte del Ejército, quizá porque se llama la Unidad MILITAR de Emergencias. O que hubiera sido una peligrosa negligencia enviar a soldados contra los fuegos sin estar formados en la extinción de incendios. 

Moreno Bonilla no suspendió sus vacaciones (tampoco debía hacerlo) y lo explicó así al reaparecer en público en la Feria de Málaga: “Si no hace falta mi presencia en un incendio, no voy a hacerme una foto”. Eso fue precisamente lo que hizo Feijóo cuando visitó las comunidades afectadas. Como líder de la oposición, él no tiene ninguna competencia en la gestión de incendios, pero necesitaba hacerse unas fotos. “Nosotros hemos visitado los incendios antes que el presidente del Gobierno”, dijo muy orgulloso, como si coger un avión tuviera un mérito especial. Por “nosotros”, se refería a él mismo.

Otros dirigentes del PP acabaron sus vacaciones y se unieron al tiroteo. Un Elías Bendodo con el bronceado propio del verano llamó “pirómana” a la directora de Protección Civil. Él había estado en la playa o la piscina mientras Virginia Barcones hacía su trabajo. En política, carecer del más elemental sentido de la vergüenza no te descalifica en algunos ámbitos. Bendodo cumplió con la misión encomendada.

En su comparecencia parlamentaria, Mañueco también habló de vacaciones. “Han hablado de mis vacaciones (durante los incendios en Castilla y León). Este tipo de planteamientos populistas son los que hacen que la gente acabe cansada de la política”. ¿Populistas? El PP se ha pasado el mes de agosto quejándose de todas las formas posibles de las vacaciones de Sánchez en Lanzarote. ¿Cómo funciona esto? ¿Moreno no tiene que suspenderlas, pero Sánchez sí? ¿No vale con que un presidente llame al ministro correspondiente y le ordene que tome las medidas necesarias para afrontar una emergencia? Si no se presenta en el lugar de los hechos, ¿no le harán caso?

Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas, Extremadura, el 18 de agosto.

Sánchez terminó visitando algunas de las zonas más castigadas por los fuegos. Dio la impresión de que lo hizo empujado por las críticas del PP. Un día antes de su primer viaje, Robles había dado el punto de vista por el que se debía apostar. Los incendios tenían dimensiones brutales a los que no se podía frenar si no cambiaban las circunstancias meteorológicas. Tocaba resistir, no buscar una victoria inmediata que era imposible. Sánchez prefirió dejar como gran titular el objetivo de un pacto de Estado sobre el cambio climático. Un acuerdo que es imposible a día de hoy, y sólo hay que ver la reacción del PP, que ahora prefiere seguir la estela de Vox y burlarse de las apelaciones al cambio climático. 

En cualquier caso, da igual qué medidas se tomen ahora. El próximo año, seguiremos sufriendo los efectos del calentamiento del planeta y lo que hay que hacer es dimensionar los operativos de lucha contra el fuego a esta amenaza. Esa es la prioridad. Invertir más en prevenir, porque de lo contrario habrá fuegos ante los que no habrá bomberos suficientes. Que es justo lo que el PP de Castilla y León decía que sólo interesa a los ecologistas. Pronúnciese de forma despectiva para estar a la altura de esos portavoces.

Para eso, se necesitan políticos honestos y vivimos tiempos en que escasean en algunas administraciones. Lo que es de no creer es que antes de esta catástrofe algunos presumían de ser los campeones en la cuestión de la prevención. El Gobierno de Castilla y León decía en febrero que lideraba “la innovación forestal en Europa”. Dos meses antes de los incendios, la Xunta afirmaba que su política de prevención era un referente “fuera de nuestras fronteras”. 

Sí, el cambio climático existe y su amenaza aumenta cada año, pero los gobiernos incompetentes que encima alardean de ser unos genios no son un problema menor.